El dinero en efectivo del general no se ajusta a su cuenta bancaria

En las grabaciones captadas por los investigadores en los móviles del intermediario Marcos Antonio Navarro, se hace referencia a la entrega de sobres en metálico al general, así como otras dávidas obtenidas por estas presuntas maniobras ilegales. Otra vía para hacerle llegar dinero era a través de tarjetas de prepago y también constan en el procedimiento varias grabaciones del general señalando que esa era su vía de ingresos preferida.

La «hojas de cálculo 'cash'» que encontraron correspondían a una supuesta «contabilidad a y b», según la magistrada.

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres también expone en esta resolución que le era «significativo» el hallazgo en el registro de la vivienda del general la cifra de 61.110 euros en metálico «y no solo por la cantidad en sí, sino por la forma en que la misma adoptaba. Así, 30.250 euros se encontraban en un estuche habido en el interior de una caja de zapatos, a su vez situada dentro del armario de la habitación de matrimonio, los cuales se estructuraban en fajos de 5.000 euros». Además, en el mismo armario, «dentro de un cajón, se hallaron otros 2.400 euros repartidos en distintos sobres».

Por último, en los cajones del armario de la habitación contigua, envueltos en dos rollos de ropa, los policías hallaron otros 28.460 euros. «Treinta mis doscientos cincuenta euros, en billetes de cincuenta euros, hallados en sobres, en interior de un bolso blanco, en un cajón, del armario de la habitación de matrimonio. Veintiocho mil cuatrocientos sesenta euros hallados envueltos en prendas de vestir, en un cajón del armario de una habitación».

Seguidamente, la magistrada instructora agregó en el auto que el análisis de la cuenta bancaria principal del general y de su esposa no justifica la disposición de ese dinero en metálico.

Analizando los movimientos llevados a cabo por el general en los años objeto de investigación, los ingresos que percibió antes de jubilarse se centraban en una nómina de entre 7.000 y 10.000 euros al mes que recibía mientras trabajó para el proyecto europeo GAR-SI Sahel y de la Guardia Civil. En 2019 realizó retiradas en efectivo mensuales «con la aparente finalidad de sufragar el consumo y los gastos cotidianos» que ascendieron a 14.300 euros. En 2020 retiró de su cuenta 25.050 euros, una cantidad que se vio notablemente reducida a partir del mes de agosto, cuando los investigadores determinan que entró a formar parte de la supuesta trama corrupta. De ese mes en adelante «fueron dispuestos 5.100 euros».

En lo que respecta a 2021 y con idénticas fuentes de ingresos hasta julio que empezó a cobrar una pensión de 2.553 euros, retiró en la primera etapa 12.150 euros y cuando se jubiló, «no constan disposiciones», según describe el auto.

Por último, en 2022 siguió cobrando la jubilación y a partir de marzo, consta a su nombre una nómina de la empresa Inversión en Activos Bancarios PK SL. En ese año solo sacó de la cuenta 3.400 euros «en meses alternos, habiéndose detectado, además, una minoración significativa del gasto diario habitual», destaca, «lo que pudiera encontrar razón de ser en el manejo de capital en efectivo» como se puso de «relieve con el hallazgo de los 61.110 euros» de origen «desconocido».

El general Espinosa negó en su declaración, según el auto, «haber recibido dinero», pero la instructora considera que el dinero requisado en su casa de Madrid «respondería a esos pagos en B y de dudosa procedencia, a la vista de su investigación patrimonial que obra en autos».

En su defensa, el general alegó que puso en contacto a las personas que requerían su ayuda con dos importantes empresarios de Gran Canaria (no imputados en la causa) con los que mantiene amistad de la etapa en la que fue coronel jefe del cuerpo en provincia de Las Palmas pensando un su propio futuro: «En la búsqueda de un futuro empleo para después de su jubilación», dice el auto.

Lorenzo-Cáceres precisó que la investigación está pendiente del resultado de las pesquisas que ha ordenado sobre los contratos que el empresario investigado Miguel Ángel Robayna, que se dedica a los drones, obtuvo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), la entidad pública que administraba para la UE el proyecto GAR-SI Sahel.