Los 400 trabajadores del hotel Oliva Beach son testigos -y principales perjudicados- de otra vuelta de tuerca del expediente: el Ministerio para la Transición Ecológica incoa la caducidad de la concesión en dominio público marítimo-terrestre en las Grandes Playas de Corralejo. Esta decisión entra en franca contradicción con la licencia de reforma que el Gobierno de Canarias otorgó a la Riu el 25 de mayo, tres días antes de las elecciones locales y en base al traspaso de competencias en materia de Costas a la Comunidad autónoma vigente desde el 1 de enero de 2023.
«Comienza de nuevo la cuenta atrás» para el hotel Oliva Beach, anuncia Dennis Miranda, abogado de los trabajadores y de la asociación Salvar el Oliva Beach. El emblemático establecimiento, incurso desde hace años en una batalla con el Ministerio para la Transición Ecológica, vuelve a estar en el punto de mira tras varios expedientes archivados y reabiertos.
En una resolución firmada el pasado 20 de julio -pero notificada esta semana, cuando se ya se celebraron las elecciones generales- por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la que ha tenido acceso CANARIAS7, el Ministerio cuantifica en un «aumento de superficie o volumen que ascenderían a un 22% del total autorizado» entre lo que destacan «una pista de tenis y una tienda o comercio de venta de ropa al público», por lo que ha iniciado un expediente de caducidad.
Las partes personadas, entre las que se encuentran ecologistas y asociaciones de trabajadores, cuentan con diez días para presentar alegaciones.
La declaración de caducidad puede llevar aparejada, a criterio del Ministerio para la Transición Ecológica la demolición y retirada de las instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna según el Ministerio y como enfatiza el letrado Dennis Miranda.
Uno de los caballos de batalla ha sido el traspaso de competencias en materia de costas, asumida el pasado 1 de enero de 2023 por Canarias, destaca Miranda. Sin embargo, la resolución considera que «no puede entenderse traspasado aquello que no se menciona explícitamente en el Real Decreto de traspaso».
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