Tiene fecha del 27 de febrero de 2024 y es el anuncio de la orden ministerial que declara la caducidad de la concesión en dominio público marítimo-terrestre otorgada para el hotel y los apartamentos Oliva Beach, en Corralejo, en el municipio de La Oliva. La misma orden insta a la propiedad al levantamiento y la retirada de las instalaciones del dominio público y «a expensas» del hasta ahora concesionario.
Eso sí, matiza que la demolición de los apartamentos queda suspendida hasta que se instruyan los expedientes que resuelvan la situación jurídica en la que se hallan los titulares registrales no amparados por el título concesional.
Contra esta orden ministerial, que pone fin a la vía administrativa, las administraciones públicas pueden interponerrecurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. Los que no sean administraciones, tienen un mes de plazo para presentar un recurso de reposición ante la ministra para la Transición Ecológica o directamente un recurso contencioso-administrativo ante misma la Sala de la Audiencia Nacional.
Esta decisión se la comunica Alberto Martín Coronel, jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, al colectivo Turcón Ecologistas en Acción, y se emite en base al dictamen emitido por el Consejo de Estado el pasado 15 de febrero que concluye esta caducidad.
La concesión que ahora el Ministerio para la Transición Ecológica declara caducada data del 8 de julio de 2003, aunque se amplió por orden ministerial el 12 de abril de 2007 y se prorrogó por otra orden ministerial de 30 de septiembre de 2016.
Fechas aparte, esta declaración de caducidad echa por tierra toda esperanza para la plantilla de 400 trabajadores del hotel inaugurado en 1977, que regenta la cadena Riu, después de casi siete años de concentraciones, pancartas y reuniones de la plantilla en el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva, el Parlamento de Canarias, a las puertas del Senado e incluso las del Congreso de los Diputados. La batalla, que ahora inflinge un nuevo revés a los trabajadores, comenzó en 2017, cuando la cadena Riu solicita a Transición Ecológica la licencia de obras de modernización para un hotel de 47 años de antigüedad.
Después de muchas vicisitudes e idas y venidas, el Gobierno de Canarias concedió a la cadena Riu esta licencia de reforma el 25 de mayo de 2023, tres días antes de las últimas elecciones locales y autonómicas. El permiso se concedió en base al traspaso de competencias en materia de Costas vigente desde el 1 de enero de 203 desde el Ejecutivo central al autonómico.
Esta licencia emitida por el Ejecutivo canario de nada ha servido frente al paso inexorable del expediente de caducidad de la concesión en Costas, de hecho se ha convertido en una cuestión de competencias, en un tira y afloja entre administraciones que nada ha ayudado a los trabajadores.
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