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El problema de los 700 trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, en Corralejo, «sigue y cada vez se va agravando, con independencia de todas las movilizaciones», por lo que el colectivo pide la implicación de toda la sociedad y, una vez más, del Gobierno de Canarias. Adrián Fernández, miembro del comité de empresa del Oliva Beach, en nombre de sus compañeros, solicitó al Ejecutivo autónomo que no se bloquee «el bienestar de tantas y tantas familias desde el Gobierno central en Madrid, acabando con esta incertidumbre nuestra».
El colectivo anunció, en un acto a la puerta del Oliva Beach, movilizaciones generales, a las que piden que acudan políticos, taxistas y otros trabajadores a los que afectaría el cierre de los dos hoteles que pertenecen a la cadena Riu. «Esto tiene que ser un tsunami que llegue hasta el sur de Fuerteventura», expresó su deseo Olegario Umpiérrez, presidente del comité de empresa del Oliva Beach, quien anunció buenas noticias desde el Ministerio para la Transición Ecológica, en el sentido de que «hay una persona allí que tiene ganas de arreglar este tema porque tiene hijos y familia y sabe que quienes estamos pasándolo mal somos los trabajadores. Nos vamos a reunir con él y, si consigue una solución, hay que hacerle un monumento».
Por parte de la plantilla del hotel Tres Islas, tomaron la palabra Lorenzo Planas y Ángel Montañés, quienes pidieron el apoyo de toda la ciudadanía y de los cargos públicos. «No podemos seguir mendigando en Madrid, el Gobierno de Canarias debe reclamar de una vez por todas las competencias en materia de Costas porque ni nosotros, ni Fuerteventura, ni el archipiélago puede permitirse el lujo de perder 700 puestos de trabajo».
El acto convocado por los trabajadores de los dos hoteles contó con parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), miembros del Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva y Manuel Domínguez (por el PP regional). Los propios trabajadores echaron en falta la presencia de los políticos socialistas de Fuerteventura y su apoyo a una causa que comenzó hace unos tres años, cuando la cadena Riu solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica licencia de obras para la modernización del Oliva Beach, de unos 40 años de antigüedad. El Gobierno central no sólo no la concedido sino que inició un expediente de caducidad de la licencia.
A la vista de los retrasos y las negativas ministeriales, y con el trasvase de competencias de Costas a la vista, Riu presentó la petición de obras ante el Gobierno de Canarias en octubre.
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