La presunta prevaricación de Marcial Morales se traslada al Juzgado de lo Penal majorero

En una vista celebrada en la Ciudad de la Justicia, el magistrado de la sección primera de la Audiencia Miguel Ángel Parramón argumentó que como los hechos son anteriores a 2015 y la pena que se exige no excede a los diez años de inhabilitación, la causa compete al Juzgado de lo Penal. El Ministerio Público, que no ejerce acusación, así como las defensas, que piden la absolución de sus clientes, se mostraron conformes con la decisión de la Audiencia.

La acusación particular, que representa a un estudio de arquitectura que reclama además el pago de 27.553 euros por responsabilidad civil, mostró su protesta, por entender que sí corresponde juzgar los hechos a la Audiencia.

En el procedimiento figuraba también, en un principio, un delito de malversación de caudales públicos que fue sobreseído tras un auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, que confirmó la Audiencia de Las Palmas, por lo que, según expusieron las defensas, carecía de sentido el continuar el juicio al poder derivar en la nulidad de las actuaciones.

Por su parte el exalcalde Marcial Morales, explicó ayer que la causa se inició después de que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se negara a abonar a un estudio de arquitectura los 27.000 euros que reclamaba un anteproyecto del que no tenía constancia «ni en papel, ni en soporte informático» el Consistorio y del que tampoco había procedimiento administrativo. Según el también expresidente majorero, lo que hizo fue «salvaguardar el interés general al negarse a pagar la cantidad exigida», por lo que se mostró confiado en que acabe archivada.