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FRANCISCO CERDEÑA
Domingo, 1 de noviembre 2020, 00:00
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En mi último libro La Subdelegación de Abastecimientos y Transportes de Fuerteventura. El racionamiento en la década de 1940 profundizo en la organización del abastecimiento, especialmente en la posguerra civil española. Un avituallamiento que en Canarias tuvo la singularidad (al menos durante el primer quinquenio de la década de 1940) de que la economía estuvo en manos de Capitanía General de Canarias, a través del Mando Económico de Canarias. Durante la II Guerra Mundial la autoridad militar de aquel mando gestionó las dos Delegaciones Provinciales de Abastecimientos y Transportes y, por tanto, la Subdelegación Insular de Fuerteventura (como también se hizo en Lanzarote y demás islas menores) hasta 1946.
A las requisas para el sostenimiento del ejército durante la Guerra Civil, siguió el período del hambre y el racionamiento, del plato único al hambre de los cuarenta. La Comandancia Militar, a través de la Subdelegación de Abastecimientos y Transportes y de las Delegaciones Locales, fiscalizó no sólo el abastecimiento, sino el movimiento de la más mínima porción de alimentos que se intentara sacar de la isla.
Para su gestión, Fuerteventura se dividió en tres zonas de avituallamiento: zona norte, integrada por los municipios de Puerto de Cabras y La Oliva; zona sur, integrada por los municipios de Antigua, Betancuria, Tuineje y Pájar; y Jandía. En cada zona, un puerto o embarcadero: Puerto de Cabras, Gran Tarajal y Morro Jable. En ese orden.
Pero teniendo una línea de costa tan extensa y plagada de puertos o embarcaderos históricos, la vigilancia del contrabando se practicó con destacamentos de Guardia Civil en sitios tan alejados como Jacomar, Ajuy, Majanicho o Los Molinos, por citar algunos. El Organismo que nos ocupa, la Subdelegación de Abastecimientos y Transportes, fue una extensión de la estructura vertical de la Comisaría General del ramo. Durante su andadura tuvo dos momentos: el militar, de 1939 a 1946, y el civil, desde entonces hasta 1952-53, de una forma efectiva.
Dependiente de la Delegación Provincial, reproducía el esquema de aquella en la estructura de sus negociados, cupones, cartillas, mapas, transportes, guías, inspección, etc. Y bajo la dependencia de la Subdelegación Insular, los ayuntamientos funcionaron como Delegaciones Locales, asumiendo similares tareas de abastecimientos en su término, con la singularidad de que a ellos tocaba controlar los movimientos de población y el despacho de las cartillas de racionamiento que debían atender las tienditas de ultramarinos en cada pueblo.
Controlar el abastecimiento a nivel local suponía que de un municipio no salía, por ejemplo, una res mayor o menor sin que el alcalde o delegado local certificase que ello no redundaría en la escasez local; cada traslado de animales o mercancías, comestibles o no, debía estar acompañado de la correspondiente guía. Controlar los transportes, ya fueran marítimos (con barquillos de dos y cuatro remos), por carreteras o con bestias que circularan por antiguos caminos, era otra de las funciones de la Subdelegación que llegó a prohibir a los transportistas los desplazamientos en vacío sin la correspondiente autorización de su oficina o de las delegaciones locales.
La Subdelegación vigilaba e inspeccionaba valiéndose de su propio personal, de la Guardia Civil y de las fuerzas de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Con todos estos mimbres pretendíamos hilvanar las entrevistas sobre los tiempos del hambre y las cartillas de racionamiento. A estas páginas se asoman los nombres de quienes hacían posible el reparto de los productos racionados de primera necesidad, desde el personal de la Subdelegación o Consorcio (después), hasta los comerciantes minoristas, los transportistas y los exportadores que conseguían autorizaciones para sacar los pocos excedentes; pero también la gente humilde que intentaba llevar, por ejemplo, huevos y gofio a familiares enfermos en otras islas; patrones de barcos que precisaban de la correspondiente autorización para pertrechar sus naves y el sostenimiento de sus tripulaciones.
Este libro es un proyecto que pretende difundir una parcela de la historia local e insular y la memoria colectiva. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuyo alcalde Juan Jiménez, autor del prólogo, lo califica de «trabajo de investigación en una época de superación, donde se reflejan las carencias que la isla sufrió durante la Guerra Civil, la década de los 40 y entrados los años 50, y donde también se percibe un trasfondo de corrupción de economía sumergida, comprimiendo el ámbito de la comercialización y donde, por tanto, la economía se va reduciendo a una progresiva ruralización. Una obra, en definitiva, de un calado importante donde se afrontan los motivos de la realidad económica de entonces».
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