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La asociación patrimonial El Efequén dio la voz de alarma de la demolición. Los propietarios se niegan a recoger la orden y a parar las obrasEn nombre de «la memoria histórica de Canarias», la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno autónomo intenta frenar la demolición de un edificio con valores históricos situado en Puerto del Rosario, conocido como la antigua discoteca Magma.
Las medidas cautelares de paralización del derribo chocan con la propiedad del inmueble que se niega a recoger la orden de la Dirección General, alegando que cuenta con licencia municipal de demolición. Patrimonio Cultural responde así a la solicitud de la asociación patrimonial El Efequén que considera que echarlo abajo va en contra de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.
El inmueble se ubica en los números 13 y 15 de la calle Secundino Alonso de la capìtal y cuenta con licencia de demolición otorgada en diciembre de 2022 por el Ayuntamiento. El Consistorio aún adolece de un catálogo arquitectónico municipal que enumere y proteja a los edificios con interés histórico, lo que provoca «un vacío que está siendo aprovechado para ir acabando con los cada vez más escasos edificios históricos de la capital majorera», destaca el colectivo patrimonial.
La voz de alarma la dio desde el miércoles la asociación patrimonial El Efequén al solicitar la paralización del derribo a la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura. La misma demanda de medidas cautelares también dirigió la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias.
El colectivo considera que hay que preservar el edificio tanto «por la antigüedad, como por los valores patrimoniales más que sobrados como por sus materiales y técnicas constructivas».
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno canario está facultado por la citada Ley para aplicar las medidas cautelares en el caso de que exista un bien patrimonial que está en peligro. «Entendemos que este inmueble de Puerto del Rosario posee valores que es necesario conservar para la memoria de Canarias al tratarse un ejemplo de arquitectura doméstica con elementos identitarios y que responde con los materiales del lugar a técnicas constructivas tradicionales», explica Nona Perera, directora general.
Patrimonio Cultural opta por aplicar las medidas cautelares de freno al derribo a la vista de que no las han emprendido ni el Cabildo de Fuerteventura, ni el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. «Estamos trabajando desde el miércoles en conseguir la paralización de la licencia de demolición y del derribo en sí», confirma Perera.
«Podemos, queremos y debemos» sintetiza la directora general de Patrimonio Cultural que ha echado mano de la Guardia Civil para paralizar «la pérdida de un bien patrimonial».
Perera reitera que las administraciones públicas, en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, tienen competencia en garantizar a la ciudadanía «la conservación de su memoria patrimonial y esto es un caso práctico de cómo, un inmueble en el que reconocemos valores, pone en peligro por una licencia ordenada por los Juzgados, pero que no tuvo en cuenta su valor patrimonial».
Además de la demolicion de este edificio con ecos del antiguo Puerto Cabras, la asociación patrimonial El Efequén ha elevado la voz contra las subidas incontroladas a la montaña de Tindaya o los grafittis que atentaron en abril contra la torre de vigilancia del siglo XVIII de El Tostón, en El Cotillo, entre otras temas relacionados con la cultura y la historia de Fuerteventura.
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