Una normativa insular pondrá punto final al descontrol de las acampadas

El Cabildo elaborará una ordenanza insular que establecerá «criterios de homogeneización del uso relativo a las acampadas y 'campings' en suelos rústicos de la isla», tal y como se acordó en el consejo de gobierno insular del pasado 20 de julio de 2020. El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) publicó este miércoles el contenido del citado acuerdo, en virtud del cual se inicia el procedimiento de formulación y tramitación de dicha ordenanza, así como se aprueba el documento de consulta pública al respecto.

En base a la legislación vigente, el documento se puede consultar durante dos meses en la web del Cabildo ('cabildofuer.es'), «a efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por el mismo». La justificación de la ordenanza está en que «el PIOF en vigor se encuentra en trámite de modificación, no previendo con carácter inmediato la culminación del mismo en un corto periodo de tiempo, lo que conlleva el agravamiento de la situación, la inseguridad jurídica de los afectados del sector y el agravamiento o preocupación de la ciudadanía por la alteración no sólo del paisaje, sino además de las repercusiones que ello implica, no solo desde el punto de vista ambiental sino también social y económico», según señala el BOP.

La ordenanza plantea la regulación del fenómeno en sus diferentes vertientes: la acampada libre, la acampada de iniciativa pública, los campings de iniciativa pública o privada y las áreas de servicios de acogida para caravanas y autocaravanas o similares. Por tanto, el objetivo es fijar unos criterios de homogeneización para acampadas y 'campings' en suelo rústico que serán de aplicación en los seis municipios de la isla, evitando así, «a través de la oportuna regulación, la degradación indiscriminada del territorio insular, puesto que no ha sido definido o valorado debidamente por el planificador».

La normativa regulará «la visita y utilización de zonas concretas y lugares de especial atractivo para el desarrollo de la actividad en dicho suelo», de modo que se concilie el citado uso «con un desarrollo sostenible, que implica un desarrollo ambiental, social y económico, donde se combine la mejor utilización del suelo y la menor ocupación del mismo». Para ello, la planificación tendrá en cuenta «diferentes hipótesis sobre un conjunto de variables, como el planeamiento aplicable, la demanda o realidad social, la capacidad de carga aceptable, el suelo, su ocupación, cercanía a caminos, infraestructuras necesarias e incluso aspectos técnicos propios de las instalaciones en su caso, etcétera».

La ordenanza pretende fijar la «unificación de criterios de localización», de tal modo que «se regulen o solucionen los problemas de ordenación del litoral, la coexistencia en su caso con las zonas ZEPA y similares, etcétera». También fijará la prohibición de la actividad fuera de las zonas específicamente seleccionadas para la misma. Asimismo, recogerá aspectos como el uso de materiales fácilmente desmontables en el caso de acampadas, dimensionado, equipamientos, baños, zonas de aparcamiento, etcétera.