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Un momento de la manifestación cuando transcurría por la avenida marítima de Puerto del Rosario, cerca de la sede de Costas. javier melián / acfi press

El grito de 'Salvar a las 700 familias del Oliva Beach y Tres Islas' resuena en Puerto del Rosario

Dos senadores de CC y PP arropan las reivindicaciones de los trabajadores, más los parlamentarios, alcaldes y las dos patronales turísticas de Fuerteventura y la de Gran Canaria. Los taxistas de La Oliva condujeron hasta la capital para apoyar con sus vehículos

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 21 de febrero 2022, 11:52

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En nombre de Salvar a las 700 familias de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, en Corralejo, trabajadores, ciudadanos, taxistas de La Oliva y políticos se manifestaron hoy en Puerto del Rosario. La concentración es previa a la reunión de este martes, con el presidente Ángel Víctor Torres en Tenerife.

Parlamentarios de CC, PSOE, PP y grupo mixto, los senadores Fernando Clavijo (CC) y Sergio Ramos (PP), alcaldes majoreros, el presidente Sergio Lloret, Asofuer y Excelfuer (las dos patronales turísticas de la isla), la Cámara de Comercio y la patronal grancanaria se unieron a este acto en defensa de los puestos de trabajo. La alcaldesa de La Oliva, Pilar González, abrió la manifestación recordando que los dos hoteles de la cadena Riu suponen el 27% de los puestos de trabajo del municipio, que mueven 45 millones de euros al año y que el cierre supondrá la pérdida de unos mil puestos de tŕabajo directos e indirectos en el municipio del norte majorero.

Taxistas de La Oliva, apoyando las reivindicaciones de los trabajadores de los dos hoteles.
Taxistas de La Oliva, apoyando las reivindicaciones de los trabajadores de los dos hoteles. javier melián / acfi press

A la manifestación acudieron alrededor de medio millar de personas, según la Policía Local, que, tras la lectura del manifiesto y las palabras de la alcaldesa y el presidente Sergio Lloret, se dirigieron hacia la sede de la Demarcación de Costas. «Pedimos a todos los ciudadanos de Fuerteventura que compartan entre todos, familiares y amigos, nuestra lucha y nos apoyen en los actos y las reivinvidaciones que estamos preparando».

En la agenda de concentraciones convocadas por los trabajadores después de que el Ministerio para la Transición Ecológica comenzara a retrasarse con la licencia de obras de modernización del Oliva Beach hace dos años, la de Puerto del Rosario hace la número once, según las cuentas de Olegario Umpiérrez, del comité de empresa del hotel: tres veces en la capital majorera, tres ante el el Congreso de los Diputados, una en el Senado, otra en el Parlamento Europeo en Bruselas, dos en el Parlamento de Canarias, tres reuniones con el presidente canario Angel Víctor Torres y la concentración ante la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, donde durmieron una noche. Eso sin contar, las manifestaciones ante el propio hotel en Corralejo.

Los manifestantes, de vuelta de la sede de Costas.
Los manifestantes, de vuelta de la sede de Costas. javier melián / acfi press

Las transferencias en materia de Costas desde el Gobierno central al Ejecutivo canario ya no son una solución tan clara para estos 700 trabajadores, a la vista de que no se traspasarán las concesiones en dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto, sigue en manos del Ministerio para la Transición Ecológica la licencia de modernización del hotel Oliva Beach, cuya reforma lleva años paralizada y afecta a 400 trabajadores; y la demolición del hotel Tres Islas, una posibilidad que se abre a raíz del inicio del expediente de caducidad de la concesión del establecimiento en dominio público marítimo-terrestre, que data de abril de 2007 y que afectaría a unos 300.

Los trabajadores instan al presidente Angel Victor Torres a que «tome una decisión ante la situación gravísima en la que quedarían las cientos de familias, si permite que se destruya esta infraestructura hotelera del norte de Fuerteventura». A su entender, la solución pasa porque el Ejecutivo exija al Ministerio para la Transición Ecológica que «respete unas competencias que pertenecen a Canarias, que paralice esta persecución en forma de expedientes y ejerza de una vez lo que se aprobó en el Parlamento».

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