El futuro del hotel Oliva Beach se enroca

La ministra de Transición Ecológica apunta «al gran problema de la legalidad» de la concesión administrativa en Costas prorrogada en 2016 hasta 2089 al hotel y pide información a la propiedad

CATALINA GARCÍA / PUERTO DEL ROSARIO

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, enumeró en el Senado esta semana todos los vaivenes del expediente de obras del hotel Oliva Beach durante los últimos años y que arrojan incertidumbre sobre la esperanza que abrió el presidente canario Ángel Víctor Torres al mediar y agilizar la orden ministerial de requerimiento del pasado 21 de febrero que provocó el aplazamiento del inicio del ERE hasta el 30 de abril por parte de Riu, la cadena propietaria del establecimiento turístico situado en Corralejo, en el municipio de La Oliva.

La ministra dio estos datos en contestación a la pregunta del senador de Coalición Canaria (CC) Fernando Clavijo sobre la tramitación de la licencia de remodelación del establecimiento hotelero y sobre las posibilidades reales de que se inicien las obras. La empresa propietaria, trajo a colación Teresa Ribera, renunció en 2007 a a gran parte del plazo de vigencia de la concesión administrativa en dominio público marítimo terrestre, comprometiéndose a que en 2017 el Ministerio demolería el hotel situado a las puertas del parque natural de las Dunas de Corralejo. Sin embargo, en 2016, un año antes de este plazo y en contra del informe de la Abogacía del Estado, se concedió a Riu una prórroga hasta 2089 «muy por encima de lo que dice la Constitución», apostilló la ministra.

«Muchos indicios» de ilegalidad

Para «más sorpresa», continuó desgranando la titular de Transición Ecológica, la propiedad solicitó en 2017 la licencia de obras en el complejo hotelero para 20 apartamentos «de los que no es titular». Mientras el Ministerio analizaba esta solicitud última, surgieron «muchos indicios» de que tanto la orden ministerial de otorgamiento de la concesión administrativa en Costas de 2003 como la concesión prorrogada en 2016 en contra del criterio del servicio jurídico que entendía que era un acto firme la renuncia de 2007, se planteó «el gran problema de su legalidad» a la vista de que se concedió al dueño «sin tener derecho a ello y al constatarse que, además, estaba solicitando licencia de obras de unas instalaciones de las que no es propietario, hemos pedido informe a la Abogacía del Estado».

Con todos estos antecedentes en la mano, Transición Ecológica ha solicitado a la cadena hotelera que «por favor» aporte la información a tener en cuenta sobre si es conforme a derecho o no su pretensión de reformar el complejo hotelero «y si cubre todo lo que exige desde el punto de la titularidad registral de la obra que quiere realizar».

Revocación y demolición

A la vista de la contestación de la ministra en el Senado, el nacionalista Fernando Clavijo mostró esta semana su «preocupación» al entender que «puso en duda la legalidad de la concesión administrativa otorgada en 2016 de lo que se desprende que existe voluntad de revocarla y proceder a la demolición del hotel, algo que sin duda es una muy mala noticia para los 400 trabajadores del hotel».

Tras la suspensión temporal del ERE hasta dentro de dos meses, Riu confirmó que el 21 de febrero recibió la primera notificación en la que la Transición Ecológica solicita la subsanación «de una cuestión formal» en relación a la licencia de obras de modernización del hotel y anunció que esperaba contestarla «en los próximos días». El expediente de remodelación del complejo hotelero comenzó a caminar en diciembre de 2017, cuando la propiedad solicitó la licencia de obras de un edificio inaugurado en 1977 y que, a todas luces, se ha quedado obsoleto. Ante la falta de respuesta, planteó en abril de 2019 el inicio del ERE.