El hotel Tres Islas, en las Grandes Playas de Corralejo, sobre el que pesa un expediente de caducidad de la concesión en Costas. / J. MELIÁN / ACFI PRESS

El Defensor del Pueblo abre expediente sobre la actuación del Gobierno de España en el Tres Islas y Oliva Beach

La alcaldesa de La Oliva solicita su intervención frente al silencio de la Ministerio para la Transición Ecológica

Catalina García
CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario

Ante el silencio del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la problemática de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, ha echado mano del Defensor del Pueblo para solicitar su mediación. Este organismo, trae a colación la primera edil, «se comprometió a ayudar a los representantes de los trabajadores» de ambos establecimientos turísticos que gestiona la cadena Riu y que están ubicados en las Grandes Playas de Corralejo.

La alcaldesa registró ante el Defensor del Pueblo la declaración institucional de apoyo a los trabajadores de los dos hoteles aprobada por el pleno del Ayuntamiento de La Oliva, «de manera que se tome la dimensión del apoyo social a la situación de los trabajadores de estos hoteles»,. La institución del Defensor del Pueblo ya ha confirmado a la alcaldesa la apertura de expediente para aclarar la actuación del Gobierno de España.

Además, entre otras gestiones sobre los problemas del Tres Islas y el Oliva Beach, Pilar González se reunió con el director del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, Pedro Baena, a quien detalló la situación administrativa de ambos hoteles, destacando que 700 trabajadores y sus familias viven en «la agonía e incertidumbre» provocada por la Administración General del Estado ante «el silencio» del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la licencia de obras solicitada por la Riu para el hotel Oliva Beach desde hace unos tres años y sobre el expediente de caducidad del Tres Islas por las obras ilegales en la azotea.

Parlamento Europeo

La alcaldesa de La Oliva tambiénvaloró la reciente decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha decidido abrir una investigación tras la comparecencia de los representantes de los trabajadores el pasado 25 de octubre. «Es una muy buena noticia porque el Parlamento Europeo ha entendido que existe una situación de obstrucción y de inseguridad jurídica y va a pedir rendición de cuentas al Gobierno de España».

En octubre pasado, un pequeño grupo de majoreros, trabajadores de los dos hoteles, recorrieron los 3000 kilómetros que separan Fuerteventura de Bruselas para acudir personalmente a la sede del Parlamento Europeo en representación de las 700 familias empleadas en los dos hoteles. El esfuerzo valió la pena porque culminó con la apertura de la citada investigación.