La Casa del Inglés vuelve a su estado natural

El desalojo y recambio de carteles y vallado comenzó temprano en la Casa del Inglés, antes de las ocho de la mañana, cuando, los trabajadores del Cabildo llegaron con la maquinaria. Domingo González no tardó en hacer acto de presencia, aunque, cuando los operarios empezaron a cortar la valla instalada el 28 de enero pasado, se retiró no sin antes avisar de que la depositaran en el cercado de al lado.

La sustitución del cartel de los González Arroyo fue el siguiente paso, con lo que alrededor de las 11.00 horas la Casa del Inglés había vuelto a su estado natural.

Rayco León, consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo, detalló que la sustitución de la valla obedece a que la colocada por los hermanos González Arroyo incumple la normativa de Carreteras y de que es necesaria una nueva de protección por el estado de ruina del inmueble del siglo XVIII. La tardanza a la hora de restituir el entorno del BIC se debe a que la primera institución majorera ha querido seguir «un procedimiento escrupuloso con la normativa porque entendemos que puede ser susceptible de llegar a los tribunales en algunas cuestiones por determinadas reivindicaciones por parte de terceros», según el consejero.

León Jordán aclaró también que el Cabildo no había notificado la actuación de ayer a la familia González Arroyo puesto que no los considera propietarios. En cambio, los tres hermanos del exalcalde de La Oliva se proclaman ser dueños en virtud de la herencia de su padre Ramón González Brito, quien llegó a residir allí con su mujer Candelaria tras comprarla a Francisco Manrique de Lara ante notario de Arrecife. En 2001, el Ayuntamiento les otorgó licencia de vallado que a finales de enero de 2022 ejecutaron. En octubre de 2021, los hermanos se dirigieron al Cabildo para informarles de su condición de propietarios por herencia y por tanto poder personarse en el expediente de compra.

Dos meses más tarde, en diciembre de 2021, la primera institución finalizó el expediente de adquisición del BIC, que se había iniciado en 2019, por 319.398 euros a los propietarios registrales del inmueble que se restaurará como espacio de creación cultural. Años antes, en 2005, la casona se catalogó como BIC con el fin de frenar su ruina.