Los inmigrantes ayer en la Plaza de la Feria tras ser trasladados a la capital grancanaria desde Mogán. / JUAN CARLOS ALONSO

El Estado libera sin aviso a 227 inmigrantes que llegan sin dinero ni comida hasta la capital

Mogán reacciona fletando tres guaguas en las que trasladó a los magrebíes hasta las puertas de la Delegación

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria.

Sin aviso previo y sembrando una tremenda situación de caos e incertidumbre, la Policía Nacional liberó ayer a 227 inmigrantes que estaban en el muelle de Arguineguín. Sobre las tres de la tarde, varios agentes los acompañaron a la valla y allí los dejaron. La noticia corrió como la pólvora y llegó a todos lados excepto a la Delegación del Gobierno, que negaba a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que esa situación se estuviera produciendo.

Entre la confusión y los vecinos que se iban congregando en el muelle con distinto talante, Bueno tomó la decisión de manera casi inmediata de contratar tres guaguas para que llevaran a los extranjeros a las puertas de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, a donde llegaron ya sin luz del día. «No podemos tener a 200 personas deambulando por el municipio y en la capital tienen conocidos y el consulado de Marruecos» , dijo. En la Plaza de la Feria, blindada por la policía, deambulaban en torno a un centenar de jóvenes, sin dinero, sin hablar español, sin saber qué hacer en espera de una solución. Muchos de ellos, lo primer que hicieron al salir del muelle fue pedir teléfonos móviles prestados para intentar buscar a amigos y familiares.

Una vez que todos hubieron salido en dirección a la capital, la alcaldesa de Mogán indicó que una vez puestos en libertad, se les explicó la situación y sólo subieron a la guagua los que accedieron de manera voluntaria. La mayoría aceptó. Hoy, dijo, está previsto que sea liberada un grupo similar de personas aunque confía en que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien se puso en contacto ayer, pueda «frenar» que se queden en la calle y se busque un recurso de acogida.

El Ministrio de Interior asegura que ha abierto «una investigación» para conocer lo ocurrido

Bueno pidió ayer la dimisión del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, porque «en ningún momento ha estado a la altura de las circunstancias», y exigió al Estado «que tome cartas en el asunto porque este es un asunto que compete a toda Canarias, no solo a este municipio». Reiteró que la Delegación del Gobierno «miente cuando dice que no sabía nada, porque lo sabían desde por la mañana» y pidió «transparencia» y una «reflexión real de los ministerios ante la desorganización creada».

La única reacción del Gobierno central ayer fue un comunicado emitido por el Ministerio del Interior a las 18.30 horas en el que explicaba que «se ha dado la orden para que se realicen los trámites pertinentes para conocer los detalles que han dado lugar a esta situación». Agrega la nota «en el caso de las personas que han abandonado hoy el muelle de Arguineguín, no han sido derivadas como es habitual al sistema de acogida como solución puntual ante la alta ocupación de las instalaciones» y apuntaba que «se realizan trámites para reubicarlos en centros».

Las reacciones a lo sucedido durante la tarde de ayer en Arguineguín no se hicieron esperar y el juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, denunció esta situación «anómala» porque considera que, una vez liberados después de una «detención de hecho», los inmigrantes debían haber sido trasladados a un centro de acogida y no puestos en libertad sin ningún recurso. A su juicio, la situación generada ayer «no es improvisada» y en su opinión responde a una estrategia para «justificar el hacinamiento en el muelle, la falta de asistencia jurídica o las detenciones de hecho, dando a entender que la alternativa es el caos». A su juicio, lo ocurrido es «de una irresponsabilidad infinita».

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) lamentó lo ocurrido e indicó que «no se puede poner en la calle a los inmigrantes sin ningún tipo de alojamiento y alimentación». Esta medida, señala esta organización, «generará rechazo social».