3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
Oposición y comerciantes de La Frontera rechazan una norma que califican de «punitiva» y que «atenta contra las libertades de los ciudadanos»
La nueva ordenanza de La Frontera para regular la convivencia ciudadana ha agitado el ambiente político en el municipio herreño. La norma aprobada por el Ayuntamiento, gobernado por Agrupación Herreña Independiente (AHI) con mayoría absoluta, ha recibido duras críticas tanto de la oposición como de los comerciantes: la califican de «punitiva» y creen que «atenta contra las libertades de los ciudadanos».
Asamblea Herreña (AH), PSOE y Partido Popular (PP), los tres patidos en la oposición, mostraron su rechazo en el pleno que aprobó la ordenanza y han emitido varios comunicados pidiendo la retirada de la norma. Lo mismo han hecho los comerciantes y hosteleros, que han convocado un cierre general para este miércoles como protesta. «(La ordenanza) Atenta contra el desarrollo de las actividades socioeconómicas en el municipio y las libertades de los ciudadanos», denucian los empresarios, que cuentan con el apoyo de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Isla de El Hierro (Apyme).
Su queja se centra en la restricción a la publicidad y la cartelería que establece la nueva norma, y que deberá efectuarse únicamente en los lugares habilitados al efecto por la autoridad municipal. El Ayuntamiento de La Frontera se reunirá con los sectores del comercio y la restauración entre este lunes y el martes para intentar resolver sus dudas, confirma en conversación con CANARIAS7 el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez.
Qué dice la ordenanza
Las ordenanzas de este tipo son habituales y muchos ayuntamientos han aprobado normas similares. Pero los críticos con el texto de La Frontera denuncian que va un paso más allá al entrar en muchos detalles y castigar comportamientos que en otras ordenanzas ni siquiera están regulados.
Por ejemplo, la norma califica como falta muy grave, con multa de entre 1.501 y 3.000 euros, «colocar macetas u otros objetos que pudieran suponer riesgo para los transeúntes en los alféizares de las ventanas o balcones, cuando éstos carezcan de la protección adecuada que eviten su posible caída». Tampoco está permitido tender la ropa «fuera del espacio que comprende la propiedad privada» o realizar pintadas en un bien privado «que se encuentre instalado de manera visible o permanente en la vía pública», que necesitarán la autorización del ayuntamiento. «Me parece una manera de evitar las pintadas de quejas que los ciudadanos hacen en su propiedad privada. Es una manera de coartar la libertad de expresión», denunció en el pleno la concejala Marisol Quintero.
La ordenanza también prohíbe la práctica de juegos en la vía pública «salvo en las zonas o imuebles acotados para tal fin (plazas, instalaciones deportivas...)» y de «juegos con instrumentos u otros objetos, tales como balones, que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del epsacio público».
El texto, que entrará en vigor el 18 de octubre, también establece que la Policía Local es «inviolable» en el ejercicio de sus funciones y de las órdenes dadas por el alcalde.
AH critica que «la tipificación excesiva de infracciones por usos cotidianos del entorno urbano criminaliza prácticas inocuas y dificulta la realización de acciones comerciales, culturales y de dinamización local», y el PSOE considera que la regulación de prácticas comunes «convierte la norma en un instrumento de control social más que en una herramienta para fomentar la convivencia».
En el pleno que aprobó la ordenanza el pasado 25 de septiembre, el más duro fue Johan González, portavoz del Partido Popular. «Este documento en 1960 podría ser, pero en 2025 creo que no tiene cabida esta restricción de libertades que vamos a tener», dijo. El concejal popular criticó las deficiencias técnicas del texto, la colisión con normas de rango superior y la excesiva regulación. «Está prohibido el botellón. Claro que está prohibido, eso no lo tiene que poner usted en la ordenanza», señaló al alcalde. «Se nos ha ido de las manos», resumió.
El alcalde defiende la norma
El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez, niega que la ordenanza contenga ilegalidades ni suponga una invasión de derechos. «Está redactada dentro del marco jurídico español. Y está implantada en muchos municipios de Canarias y de España», explica en conversación con CANARIAS7.
Preguntado por si existe un problema de convivencia en el municipio, Rodríguez responde que «existen suficientes indicios para tomar cartas en el asunto».
«Es una ordenanza que más allá de restringir derechos, lo que hace es proteger la libertad de cada uno de los habitantes de La Frontera, proteger el descanso, proteger el derecho a un publo limpio y cuidado. Es una herramienta para concienciar a la población», señala.
