Contrataban a porteros de discoteca y camellos de poca monta como auxiliares para «dar caña»

El técnico fue uno de los que declaró ante la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, cuando investigó unas agresiones de cuidadores a menores que derivaron en un procedimiento judicial que aún sigue en fase de instrucción. Ahora, lee a diario los detalles que se van conociendo del caso Menas, destapado por este periódico y no se sorprende: «Era cuestión de tiempo, por fin se está descubriendo la verdad de lo que ocurría en los centros», manifestó.

Este procedimiento investiga a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI que está al frente de los centros de acogida de menores inmigrantes Guiniguada, Acorán y Puerto Bello (Gran Canaria) y La Santa y Yaiza (Lanzarote), tras recabar indicios de que pudieron malversar en su propio beneficio dinero público detraído de su propósito original: integrar a niños y adolescentes en situación de desamparo.

Para este educador, Puerto Bello «no era un centro, era un gueto en su máxima expresión. No reunía las condiciones mínimas ni para acoger animales y llegaban a acumularse diez personas por habitación de apartamento», denunció. Incluso, afirmó que el racismo se percibía «entre los directores, los trabajadores y hasta los intérpretes. Se radicalizó el discurso de que los menores eran conflictivos, pero si uno no tiene agua caliente, un calzoncillo para varios meses, no tienes ropa, te quitan el dinero, te dan palizas... ¿qué haces? Claro que te rebelas, no son animales».

No dudó en afirmar que en Puerto Bello «trataban a los menores como perros». Dijo que Fernando Pérez Romero, su director y que está siendo investigado, «contrataba a sus amigos de la universidad, a porteros de discoteca, luchadores de artes marciales mixtas, camellos de poca monta, guardas de seguridad... Todos ellos actuaban como auxiliares educativos y lo justificaba diciendo que necesitaba gente de ese perfil 'para dar caña'», relató.

Incluso, para trabajar con menores «tienes que entregar el registro de delitos sexuales y ahí se les pidió seis meses después. Había compañeros con antecedentes por violencia de género o que habían estado en prisión».

Recordó como una tarde, según su versión, el director le mandó a «comprar tabaco» para «los pibes. Los vecinos estaban fuera del centro manifestándose y Fernando dijo que encerráramos a los menores dentro para que no se asomaran a las ventanas. Se empezaron a poner nerviosos y entonces les dio cigarros a los niños para que se tranquilizaran», como si fuesen abejas a las que adormecen con humo. «Repartimos tabaco a chicos de 14 a 18 años. Algunos no habían fumado en su vida».

Recordó como en febrero de 2021, tres adultos «abusaron de un menor de quince años de forma repetida varias noches». El chico se fugó a Las Palmas, narró «y convocamos una reunión de emergencia. Le dieron la información a Fernando que dijo que se iba a encargar del asunto, pero no denunció. Luego llamó a los empleados uno por uno Manuel Díez, el técnico de proyectos, y les hicieron firmar un documento en el que afirmaban que no sabían nada después de la denuncia presentada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno». La consejera Noemí Santana «compareció públicamente diciendo que habían realizado una investigación exhaustiva. Pero todo fue una mentira».