El CGPJ avala que se indemnice por la demora de diez años del «caso Bakú»
El Ministerio de Justicia deberá ahora fijar la posible indemnización que proceda, que será donada a alguna organización benéfica, según el abogado
efe
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 12 de octubre 2020, 11:56
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala que se indemnice a uno de los 18 procesados del «caso Bakú», Felipe Miranda López, por la excesiva duración (10 años) del procedimiento penal en el que resultaron todos absueltos por la Audiencia de Las Palmas, ha informado este lunes en un comunicado.
En un informe, el CGPJ se ha pronunciado en este sentido con motivo del expediente de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que promovió el abogado de Miranda, Dennis Miranda Wallace.
El Ministerio de Justicia deberá ahora fijar la posible indemnización que proceda, que será donada a alguna organización benéfica, según el abogado.
La nota del CGPJ recuerda que la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas absolvió a todos los acusados del caso, entre los que se encontraban los exalcaldes de La Oliva (Fuerteventura) Domingo González Arroyo (PP en el momento al que se remontan los hechos) y Claudina Morales (CC), que se enfrentaban a penas de tres años de prisión y nueve de inhabilitación para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva.
El CGPJ reconoce que la causa se extendió de manera excesiva en el tiempo desde su inicio hasta el dictado de la sentencia absolutoria, ya que transcurrieron más de 10 años —10 años y 24 días, exactamente-, lo que supone un retraso «más allá de lo ranozable».
En el informe elaborado por el vocal del Consejo, Juan Martínez Moya, explica que la instrucción y resolución de la causa no presentaba notable complejidad, al menos hasta el punto de extenderse durante tantos años, como se pone de relieve por los razonamientos sobre los que el tribunal sentenciador ha erigido el fallo absolutorio, indica la nota.
En su escrito, el abogado Dennis Miranda destaca «el supuesto agujero de medio millón de euros» del «caso Bakú».
«La página 28 del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, aportada por Carmelo Calero de León en su ampliación de denuncia, que tuvo registro de entrada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 23 de noviembre de 2007, se refería a la tasa y el ICIO del Ayuntamiento de Santa Brígida, no al Ayuntamiento de La Oliva», según reproduce la nota del CGPJ.
