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Puerta de acceso al centro de menores inmigrantes en Tafira. Arcadio Suárez
El centro de menores de Tafira, a un paso del cierre tras varios incidentes

El centro de menores de Tafira, a un paso del cierre tras varios incidentes

El Gobierno espera un informe para tomar la decisión y no entiende por qué no se le avisó de la denuncia presentada por doce menores

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 26 de noviembre 2023

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Dos técnicas de la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias visitaron ayer el centro de menores inmigrantes de Tafira, en Gran Canaria, del que doce de sus internos han denunciado supuestos malos tratos por parte de educadores y de su director.

Según informó la directora de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, el sábado dio la orden de que se efectuara la visita para que dos técnicas de su departamento se entrevistaran con los menores y los trabajadores del centro que gestiona la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI, a raíz de distintos altercados ocurridos esta semana y de la fuga de varios menores, por lo que espera disponer de un informe este lunes para su traslado a la Fiscalía de Menores.

Rodríguez subrayó que procederá al cierre cautelar del centro de acogida, en caso de que en este informe detecte que se han vulnerado los derechos de los menores migrantes.

La responsable de Protección a la Infancia dijo que desconoce el motivo por el que no le ha sido comunicada la denuncia de los doce menores, que dicen ser objeto de maltrato e incluso de «posibles tocamientos en el despacho del director», presentada al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y de la que informó el periódico 'La Provincia' ayer domingo.

Altercados en el centro de menores

Explicó que el director del centro ya había comunicado hacía un mes que iba a reforzar el número de trabajadores para poder reconducir determinada situaciones que se estaban produciendo, como robos de teléfonos móviles entre los menores, así como que se iban a efectuar registros a los internos.

Dijo que como consecuencia de estos registros se hallaron objetos punzantes, palos y los teléfonos móviles robados, y que el centro procedió a cambiar las normas.

Según Rodríguez, el pasado martes se comunicó desde el centro a la Dirección General de Protección a la Infancia que uno de los menores había sido supuestamente golpeado y que, tanto el director como un educador que fue de testigo, le acompañaron para presentar una denuncia, así como que el presunto agresor había sido temporalmente apartado de su trabajo.

Dos días después, el jueves pasado, se le comunicó a su departamento un nuevo altercado, esta vez protagonizado por uno de los menores que supuestamente pegó a un trabajador, y que desde la dirección del centro se remitió un informe y un equipo técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia propuso que se separara y trasladara a los cuatro menores que se relacionó con estos hechos.

El viernes pasado, en el momento en el que uno de estos menores iba a ser trasladado a otro centro, se dio a la fuga un grupo numeroso y se puso en conocimiento a la Policía, relató Rodríguez, quien ha dicho que desde la Dirección General se desconoce aún el número de chicos que lo abandonaron.

Rodríguez indió que el sábado se le informó de que habían regresado ya ocho de los menores, pero que el resto seguía en situación de fuga y que por ello solicitó al equipo técnico de la Dirección General que se hiciera una visita al centro y se recabara información tanto de los menores como de los trabajadores para que elaboraran un informe.

Cabe recordar que sobre la ONG Fundación Respuesta Social pesa una investigación de la Fiscalía iniciada en la pasada legislatura precisamente por presuntas irregularidades en la gestión de los centros de menores no acompañados.

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Infancia y Familia, anunció el pasado mes de junio que se personaría como acusación particular en las diligencias abiertas ante la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI por una supuesta malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes, al poder «verse perjudicados como organización en caso de que los hechos manifestados probaran ser ciertos».

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