Canarias puso todos sus recursos al «servicio» de la pandemia y sus efectos

Hace apenas un año, Canarias vivió un histórico episodio de calima, el carnaval salió a la calle y a principios de marzo se contabilizaban seis contagios por coronavirus en el archipiélago. En aquel momento, la Consejería de Turismo llevaba a cabo campañas internacionales para que el sector no se viera afectado por la pandemia y el mensaje más repetido fue que las islas eran un lugar seguro. Pero el tablero cambió el 14 de marzo, cuando el Gobierno de España decidió aprobar el estado de alarma para afrontar la emergencia sanitaria.

A partir de ese momento, todos los esfuerzos se han puesto en controlar la pandemia y, en paralelo, rescatar a empresas y familias afectadas no solo por la enfermedad, sino por el cierre de la actividad y, en el caso de Canarias, por el cero turístico. Para ello, Ángel Víctor Torres puso durante el año pasado todo el presupuesto y todo el Gobierno al «servicio» de la pandemia.

Han sido doce meses sin tregua en los que la comunidad autónoma tuvo que poner toda su maquinaria y sus posibilidades en marcha. En el camino se quedaron las consejeras de Sanidad, Teresa Cruz, y Educación, María José Guerra. En el caso de Sanidad, Blas Trujillo cogió las riendas de un departamento que tenía como prioridad afrontar la pandemia y reforzar al personal. Educación, en manos de Manuela Armas, tuvo que dar respuesta a la situación generada por el confinamiento, que dejó a los escolares sin clases presenciales.

En los primeros meses de la pandemia, y con el objetivo de firmarlo el 30 de mayo, Día de Canarias, Torres consensuó con organizaciones políticas, empresariales, sindicales y sociales el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, concebido para combatir los efectos de la pandemia con una inversión inicial de cerca de 6.000 millones en tres año. El objetivo fundamental es fortalecer los servicios básicos, de manera que nadie se «quede atrás», como se ha repetido hasta la saciedad, especialmente los colectivos más vulnerables. El acuerdo, que fue votado en el Parlamento con la abstención del PP, ha recibido críticas casi un año después de su firma por parte de la oposición al entender que no se avanza en su desarrollo con la celeridad.

Con este objetivo de proteger a las familias más vulnerables se pusieron en marcha medidas para abonar el alquiler a los afectados por el coronavirus y se exoneró del pago de la renta a los usuarios de viviendas sociales durante el confinamiento.

También por parte de la Consejería de Derechos Sociales se aprobó el Ingreso canario de Emergencia (ICE) -un pago único- que se quedó muy por debajo de las expectativas del equipo que dirige Noemí Santana, tanto en asignación de fondos como en número de solicitudes.

Ya en 2021, el Gobierno anunció un plan de ayudas de 408 millones para ayudar a pymes y autónomos. De esta cantidad, 234 millones es el coste del aplazamiento de los impuestos canarios durante seis meses y el resto corresponde a ayudas directas -84 millones para pymes y autónomos, ya aprobados- y para abonar el IBI de establecimientos turísticos, pendiente aún del visto bueno del Consejo de Gobierno.

Las restricciones derivadas de la pandemia aceleraron la implantación de la administración electrónica, una fórmula que ha llegado «para quedarse» como han repetido desde Función Pública. Durante este tiempo, los empleados han ido solventando las dificultades para trabajar desde sus domicilios aunque esta fórmula ha llevado aparejada un mayor distanciamiento entre la administración y los usuarios, que se han quejado durante de que este sistema no funciona porque basicamente «nadie coge el teléfono».

Plan Reactiva. El Gobierno pactó con agentes políticos, económicos y sociales fortalecer los servicios esenciales.

Apoyo directo. Pymes y autonomos se pueden beneficiar de este plan que está dotado con 408 millones.

Ayudas. El pago del alquiler o el Ingreso de Emergencia fueron otras iniciativas del Gobierno.