Canarias introduce criterios ambientales para conceder licencias VTC

La concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC) en Canarias, de las que hay pendientes de resolución unas 9.000 (más de 8.500 entre Tenerife y Gran Canaria), estará supeditada a criterios ambientales y de sostenibilidad y carga del tráfico, y estará suspendida por un periodo transitorio de un año.

Así se establece en una modificación puntual de la Ley del Transporte por Carretera, vía decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 31 de julio y que este miércoles ha sido aprobado por la comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias.

En la comisión, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha subrayado que se trata de una modificación «puntual, excepcional y urgente», que no integral de la Ley del Transporte, y ha añadido que «para nada cerramos el debate» sobre una revisión de la misma «mucho más ambiciosa».

Ha explicado que con este decreto ley se da respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2023, que acaba con la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis, y abre la vía a criterios no solo económicos sino ambientales y de gestión.

Lo que se pretende, ha ahondado el consejero, es «dar herramientas» a cabildos y ayuntamientos a la hora de autorizar o denegar la concesión de licencias TVC en base a criterios ambientales como de calidad del aire, de reducción de emisiones gases de efecto invernadero, de congestión viaria y de capacidad de carga.

El decreto ley reconoce además las circunstancias de cada isla y da flexibilidad a las administraciones locales, pues tal y como ha recalcado en El Hierro apenas hay concedidas 30 licencias de taxi y hay registradas más de 1.000 solicitudes de autorización de VTC.

Nuria Cabrera, vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, ha recalcado que en la isla hay 265 licencias de taxi por 10 de TVC, que la actividad turística está concentrada en los dos extremos, en Pájara y La Oliva, y que el transporte juega «un papel esencial» en su economía.

El consejero de Obras Públicas y Transportes ha subrayado, y en eso han coincidido los representantes de los cabildos, que el decreto ley ha sido debatido y ha recibido las aportaciones de las corporaciones insulares y del sector, lo cual «no es lo habitual», y ha sugerido que se tramite en el Parlamento como proyecto de ley.

Paula Jover, diputada de Vox, ha avalado la necesidad de dotarse de «criterios objetivos» a la hora de conceder licencias de VTC, máxime cuando hay «muchas personas a la expectativa de desarrollar esta actividad profesional y mucha gente que quiere mejorar su movilidad».

Jover se ha mostrado preocupada por la interpretación que se pueda hacer de la sentencia del TJUE desde la perspectiva del «fanatismo climático», y ha abogado por un equilibrio entre la sostenibilidad y la movilidad de los ciudadanos, al tiempo que ha destacado que los VTC favorecen «el uso eficiente» y acortan la antigüedad del parque móvil.

Luis Campos, de Nueva Canarias, ha advertido de posibles complicaciones a la hora de argumentar criterios ambientales o de ocupación de vías por parte de las VTC cuando no están establecidos para los vehículos de alquiler sin conductor o en la compra de vehículos privados, que también ocupan vías e inciden en la calidad del aire.

«Si actuamos en un solo sentido será difícil argumentar y justificar por parte de los cabildos» la concesión o denegación de licencias VTC en base a estos criterios, ha afirmado Campos, que ve en la revisión más profunda de la ley anunciada por el consejero «una oportunidad» de una mayor apuesta por el transporte público y por determinadas restricciones.

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