Conrado Domínguez negó haber ordenado la adjudicación del contrato y su renegociación. / c7

Ante el fiscal, sálvese quien pueda

Fuego cruzado entre Conrado Domínguez, Rayco Rubén González y Samuel Machín frente al titular de Anticorrupción

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Si uno quiere extraer alguna conclusión de las declaraciones prestadas por los principales protagonistas del caso Mascarillas ante el fiscal Anticorrupción, la única clara y objetiva es que todos se adhirieron a la doctrina del 'sálvese quien pueda' para explicar lo que ocurrió con el contrato fallido de cuatro millones de euros adjudicado a la empresa automovilística RR7 United SL para la compra de cubrebocas 3M en la etapa crítica de la pandemia.

Tanto el director del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez, como el administrador único de RR7 United SL, Rayco Rubén González y el comisionista Samuel Machín ofrecieron sus legítimas versiones, pero todas ellas fueron en sentidos diferentes. El procedimiento penal solo ha dado sus primeros pasos y habrá que esperar a que en septiembre se reanude la actividad judicial para que se señalen las fechas de las declaraciones de los investigados, testigos y peritos y se pueda arrojar un poco más de luz a esta especie de Titanic en el que todos buscan una tabla para salvarse y no acabar como Di Caprio.

Vídeo.

Las incógnitas son muchas y del esclarecimiento de las mismas depende el devenir de esta investigación. Por orden cronológico, las primeras dudas residen en quién, cómo y de qué forma gestionaron el primer contacto entre el SCS y RR7. Hay algo claro y es que Osvaldo Lastras, un amigo de la infancia de Conrado Domínguez, contactó con su compañero en la «venta de batidos Herbalife», como así lo denominó el fiscal Javier Ródenas, el comisionista Samuel Machín.

Todo ello con el objetivo de conseguir alguien con una empresa y contactos que pudiera traer mascarillas 3M modelo 1860 a Canarias y que tendrían como destino los hospitales públicos. «Intentamos hacer alguna operación grande», reseñó en sede judicial. Esta persona sería el propietario de RR7 United SL, Rayco Rubén González, un experto del sector de la automoción que en el confinamiento se especializó en el comercio de material sanitario para seguir facturando. «Conocimos a mucha gente que era colaboradora de 3M y nos metimos con ellos a conocer ese mercado», dijo.

Vídeo.

Contacto inicial

Este fue el primer paso, pero... ¿quién le dijo a Lastras que Sanidad buscaba ese producto? ¿Fue Domínguez, como afirmó Machín o, al contrario, fue el intermediario el que le hizo una oferta al actual director del SCS aprovechando la relación de amistad que tenían, como así afirmó el gestor público? El tercero en discordia, González, se limitó a manifestar que a él lo llamaron para conseguir el producto y aceptó el encargo, a pesar de que luego se demostró que esas mascarillas no estaban homologadas en España.

Otra de las cuestiones capitales de este caso Mascarillas es la nula responsabilidad de la Administración a la hora de asegurarse de que RR7 y las personas que trabajaban en esta operación estaban capacitadas para cumplir el contrato que el SCS abonó por anticipado en dos pagos.

Vídeo.

Conrado Domínguez se limitó a contar que él recibió una oferta y que en aquella época era habitual que empresas no dedicadas al sector sanitario negociaran la importación de estos productos. Por ello, dijo que solicitó la identificación de la empresa y una factura proforma y esa «raquítica información», como definió Ródenas, se la trasladó a la directora general de Recursos Económicos del SCS, la también investigada Ana María Pérez, para sugerirle la adjudicación del contrato, nunca imponérsela porque no era «su superior jerárquico».

Una versión que choca con la ofrecida por Pérez que sostuvo que era Domínguez el que decidía las contrataciones ya que era el encargado en el comité creado para tal fin. «Hacer pedido de un millón de mascarillas FFP3, marca 3M, a la empresa RR7 United», escribió por WhatsApp Domínguez a Pérez.

Vídeo.

Para llevar a cabo ese contrato, el SCS emitió un informe justificando la necesidad de esa contratación ya que eran mascarillas FFP3 y no había stock en los hospitales, cuando esa información era falsa, ya que se trataba de un producto FFP2. Domínguez lo justificó diciendo que eran unas mascarillas duales, que hacían casi las mismas funciones que una FFP3, pero esa matización no la reflejaron en el documento oficial.

Otra cuestión que generó controversia fue la del pago por adelantado. El director del SCS declaró que era una práctica habitual y que lo hizo porque RR7 se lo pidió, algo que no negaron ni González ni Machín. Pero una jefa de servicio que compareció en calidad de perito negó esta información y dijo que nunca se había hecho nada igual en el SCS.

Una nueva vida

A pesar del incumplimiento en los plazos de entrega y que no respondían a los requerimientos de la Administración, RR7 United SL trajo las mascarillas a la isla pero resultaron ser falsas, por lo que tuvieron que ser destruidas. Rayco González culpó al intermediario Lucas Cruz y al proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed Al Sabbagh, a los que incluso denunció.

Pero eso no fue motivo suficiente para que Domínguez rompiera relaciones con la adjudicataria, denunciara los hechos e intentara recuperar el dinero, sino que le dio una nueva vida renegociando el contrato a cambio de otras mascarillas Honeywell.

Vídeo.

En este punto, ¿de quién partió esta propuesta? Domínguez dijo que él no participó en esta renegociación, que fue Ana María Pérez. Esta declaró que siguió órdenes del director del SCS. Samuel Machín expuso que habló este cambio con Domínguez y los responsables de la operación y González, que exigió a «Lucas e Ihsan que arreglaran el problema» trayendo otro material para cumplir con el contrato.

Fuego cruzado entre los protagonistas de este caso Mascarillas que sigue dando pasos impulsado por el tenaz fiscal Anticorrupción de Las Palmas.

¿Cómo se gestó el contrato?

  • Conrado Domínguez: Dijo que fue Osvaldo Lastras, un conocido de la infancia, quien le puso en contacto con Samuel Machín, que hablaba en nombre de RR7. Negó dar información alguna e insistió que la oferta se la presentaron ellos. Manifestó no haber hablado nunca con Rayco González.

  • Samuel Machín: Declaró que su amigo Osvaldo Lastras le dijo que había contactado con él Conrado Domínguez para proponerle el contrato de las mascarillas. A partir de ahí, gestionó directamente todo con el director del SCS. Dijo que hubo una llamada a tres que los demás negaron.

  • Rayco Rubén González: Explicó al fiscal que Samuel Machín le pidió si podía traer mascarillas 3M y, por ese motivo, le dio la potestad de intermediar para cerrar el acuerdo a cambio de una comisión de 100.000 euros. Afirmó que jamás habló con Domínguez, solo con Ana María Pérez del SCS.

¿Cómo cerraron el procedimiento de pago?

  • Conrado Domínguez: A unque la justificación del contrato era para FFP3, dijo que las 3M eran parecidas, aunque FFP2. Insistió en que él no ordenó la adjudicación y que era habitual pagar el total por adelantado, en contra de lo que afirmaron las jefas de servicio encargadas de contratación.

  • Samuel Machín: Expuso que solo seguía indicaciones de González. Que recibía presiones de él para conseguir el pago total por adelantado y luego de Domínguez –con quien hablaba frecuentemente– para que trajeran las mascarillas. Recibió 6.000 euros de comisión de los 100.000 pactados.

  • Rayco Rubén González: Tras obtener la carta de autorización del SCS para pedir la mercancía, pidió que le ingresaran el total para pagar 2,65 millones por unas 3M que resultaron ser falsas. Adelantó comisiones a Machín y Lucas Cruz, pero invirtió parte de los beneficios en negocios con coches.

¿Por qué se destruyeron las 3M?

  • Conrado Domínguez: Aunque las 3M eran FFP2, no cambió la justificación del contrato. Dijo que cuando se enteró que eran falsas se sintió «muy mal en lo personal y profesional» pero, a pesar de ello, modificó un contrato extinguido por un producto Honeywell al doble de su precio de mercado.

  • Samuel Machín: Reflejó que no tenía conocimiento que de fueran falsas y que se fue enterando de todo mientras iban transcurriendo los acontecimientos. Dijo que fue el que propuso el cambio de las 3M por las Honeywell y lo negoció con Domínguez y Pérez, aunque estos lo negaron.

  • Rayco Rubén González: Aunque dijo conocer el mercado de las mascarillas, negó saber que las 3M no se podían comercializar en España, añadiendo que «si el SCS me las manda a buscar...». Se sintió estafado por el proveedor e intermediario y por eso los denunció. Pagó la destrucción del material.

¿Quién negoció el cambio del contrato?

  • Conrado Domínguez: El director del SCS declaró que no supo nada de este cambio hasta que se lo planteó Ana María Pérez. Que primaba el interés general a pesar del incumplimiento y que su informe estaba avalado por los servicios jurídicos, aunque se basara en un real decreto ya derogado.

  • Samuel Machín: Dijo que trató directamente con Pérez y Domínguez la posibilidad de traer otras mascarillas tras la destrucción de las 3M. Que Rayco, Lucas e Ihsan estaban de acuerdo y por eso se empeñó en traer las Honeywell a un precio de 3,33, aunque reconoció que costaban 1,2 euros.

  • Rayco Rubén González: Que reclamaron a Ihsan el hecho de que las 3M fueran falsas y que, por medio de una amistad del proveedor, propuso las Honeywell. Apesar de que el SCS aceptó el cambio tras una gestión de Machín, el mismo no se llevó a cabo porque, según dijo, Ihsan pidió más dinero.

¿Qué pasó con los cuatro millones?

  • Conrado Domínguez: No sabe el destino del dinero y afirma que abrió el procedimiento para recuperarlo hasta llegar a la vía de apremio. No denunció en primera instancia porque Pérez habló con los servicios jurídicos. Cuando llegaron las falsas, su sensación fue la de «desaparecer de mapa».

  • Samuel Machín: Reconoció haber cobrado una parte de su comisión, a pesar de que el contrato no se ejecutó con éxito. Incluso, dijo a Lastras en un mensaje que iba a hablar con un abogado para denunciar que RR7 no le había pagado los 100.000 euros estipulados. Dejó de tener contacto con González.

  • Rayco Rubén González: Afirmó que su beneficio era de 1,35 millones de euros y una parte de este dinero lo abonó a los comisionistas y la otra la invirtió en vehículos de lujo, que era su actividad principal. Reclamó a Ihsan y a Cruz los 2,65 millones que pagó por las 3M falsificadas.