El 28 % de las 1.904 devoluciones de inmigrantes de 2020 fueron desde un CIE

Esta es la conclusión a la que ha llegado el Servicio Jesuita a Migrantes, impulsado por la Compañía de Jesús, en su informe CIE 2020, denominado «Razón jurídica y sinrazón política», que se presenta esta tarde en el Centro Loyola de Las Palmas de Gran Canaria y cuyo contenido ha avanzado en una entrevista telefónica con Efe su autor, Josep Buades, de la Asociación Claver.

Esta «crónica del internamiento en tiempos de coronavirus» analiza la realidad de los CIE españoles, que cerraron con la crisis sanitaria el 6 de mayo del pasado año y reabrieron el 23 de septiembre.

Buades se ha referido a la situación de estos recursos en Canarias y ha informado de que en 2020 hubo 337 migrantes internados en Barranco Seco (Gran Canaria) y 347 en Hoya Fría (Tenerife), unas cifras «elevadas» solo superadas por los centros de Madrid y Barcelona.

Tras el vaciamiento de los CIE, en Hoya Fría no hubo internos ni los ha habido hasta 2021, porque la juez de instrucción del Juzgado Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife no autorizó el internamiento de un grupo de malienses con perfil de protección.

En Barranco Seco, tras esta reactivación se internó a 42 migrantes, 29 de ellos malienses, es decir, con perfil de protección, y por una intervención del juez de control, Arcadio Díaz Tejera, pudieron solicitar protección internacional y fueron puestos en libertad.

Con la elevada ocupación registrada en el primer tercio del año en los CIE canarios, debido al repunte migratorio que comenzó en 2019 en la ruta atlántica, hubo un policía contagiado de la covid en Tenerife en la primera ola pero ningún interno.

En Gran Canaria algún miembro del personal de servicio contagió a cinco internos, lo que obligó a hospitalizarlos y aislar a otros doce contactos estrechos, pero la rápida intervención del juez de control hizo que las instalaciones se desalojaran el 31 de marzo, destaca el informe de las ONG jesuitas.

Josep Bruades ha explicado que este informe denuncia «la precariedad y deficiencia de la asistencia médica y sanitaria en los CIE» como cuestión transversal, si bien se detiene a reivindicar «la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de Samba Martine, una militante congoleña que falleció a finales de 2011 en el CIE de Madrid por mala atención médica», ya que «tenía una enfermedad grave detectada en el CETI de Melilla pero no hubo transmisión de información y tampoco se le proporcionó un intérprete en los servicios médicos y falleció».

El estudio repasa, además, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que tutelan derechos de las personas internadas, y dedica un capítulo sobre la inversión del Estado en las obras de reforma de algunos CIE, como las que hubo en Barranco Seco en 2019, «tan justamente criticadas por el juez de control», y en el nuevo centro previsto en Algeciras, junto a la prisión de Botafuegos.

Su autor recalca que el estudio de los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio del Interior, «tarde e incompletos», revela «la escasa eficacia del CIE respecto del fin que se pretende», ya que en 2019 «solo el 16 % de las personas devueltas lo hicieron desde un CIE», porcentaje que fue del 28 % en 2020.

«La mayoría de personas es devuelta desde Comisaría durante los 72 horas posteriores a su llegada al país, por eso decimos que los CIE son innecesarios para asegurar la ejecución de las órdenes de devolución/expulsión, infligen un sufrimiento muy penoso y son recursos muy costosos para el bolsillo del contribuyente«, asevera Bruades.