El cambio climático se sienta en el banquillo de los acusados

Los tribunales se han convertido en un entorno emergente para hablar del cambio climático, uno que todo apunta que será todavía más importante en los próximos años. Un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia ha calculado que, desde 2017, el número de casos judiciales conectados con litigios ambientales se han duplicado en todo el mundo. Se ha pasado de 884 en 2017 a los 2180 con los que se ha cerrado 2022.

De hecho, la cifra de 2022 multiplica exponencialmente la de la suma de los procesos de los 80, los 90 y los primeros 2000. Según una estimación de la London School of Economics, entre 1986 y 2014 solo se presentaron «poco más de 800 casos» en todo el mundo. Una cifra muy lejana de lo que se está viendo ahora en los tribunales.

En el banquillo de los acusados, se sientan empresas, organismos y Estados. Los enfoques son múltiples. No solo se habla de cosas concretas como reducciones de emisiones, sino también de cómo se pueden estar vulnerando los derechos humanos cuando no se actúa contra el cambio climático. Australia, por ejemplo, protagoniza una conclusión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que concluye que ha vulnerado los derechos humanos de los habitantes de una de las zonas del país.

Y, aunque la mayoría de estos procesos se siguen poniendo en marcha en EEUU, los litigios ambientales se están produciendo en todo el mundo —según los datos del Pnuma el 17% son ya en países en vía de desarrollo— y, con ello, cambiando potencialmente las cosas.

Aunque en las conclusiones de la London School of Economics recuerdan que también existen litigios contra las medidas de lucha contra el cambio climático, no son los más habituales. Lo que está ocurriendo, más bien, es que la justicia se ve como una palanca para pedir más sostenibilidad y más acción climática. «Las personas recurren cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, al exigir responsabilidades a los gobiernos y al sector privado y convertir los litigios en un mecanismo clave para garantizar la acción climática y promover la justicia climática», afirmaba Inger Andersen, directora ejecutiva del Pnuma, en la presentación de sus conclusiones.

«No hay ninguna duda de que es una tendencia», apunta al otro lado del teléfono Izabel Rigo Portocarrero, coordinadora académica del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Y Rigo Portocarrero estima que, de aquí a 2050 (la fecha límite del Acuerdo de París), los litigios ambientales seguirán aumentando. El Acuerdo de París, recuerda la experta, ha creado un marco de referencia. Los países que lo han firmado han asumido un compromiso. La ciudadanía puede pedirles que lo cumplan.

Es uno, además, que está siendo legislado ya en no pocos lugares —véanse, de hecho, los últimos ajustes normativos de la Unión Europea como ejemplo— y, cuando algo se convierte en ley, los países y las empresas deben cumplirlo. «El poder legislativo hace su papel y queda que el judicial también lo haga», sintetiza la profesora. El reglamento europeo tiene un efecto directo «y es vinculante». Los países de la UE deben implementarlo dentro de sus fronteras. No hacerlo abre la puerta a sanciones o a, incluso, procesos judiciales dentro de sus fronteras.

En España, ya se ha vivido el primer proceso judicial climático. Un grupo de organizaciones no gubernamentales denunció en 2020 al Gobierno porque, defendían, los objetivos de sostenibilidad marcados no eran suficientes. El Tribunal Supremo falló el pasado mes de julio a favor del Estado, puesto que se estaban cumpliendo los marcos comunitarios acordados en el seno de la UE. Si se alterasen esas cifras, concluía la sentencia, «se estaría imponiendo al Estado español a la renegociación de una política diseñada, en plena armonía, en todo el ámbito de la Unión».

Aun así, y a pesar de su resultado, cabe esperar que —y más teniendo en cuenta el contexto global– este no sea el último pleito climático que llegue a los tribunales españoles. Rigo Portocarrero cree que la tendencia «va a afectar a España» y que para 2024 y 2025 ya se habrán producido más sentencias. Las cuestiones climáticas se colarán en las salas de audiencias de la geografía española, como lo están haciendo en las de otros muchos países del mundo.

La importancia de estos procesos judiciales no solo reside en que pongan sobre la mesa estos temas y que se cuelen así en los medios y en las conversaciones, sino también en lo que implican en términos prácticos. Cada sentencia que da la razón a los demandantes que acusan a empresas, organismos y administraciones públicas de no hacer nada contra el cambio climático —o demasiado a su favor— crea jurisprudencia sobre el cambio climático y lo que debe hacerse en su lucha.

«Y lo que hace la jurisprudencia es sentar precedente», indica Rigo Portocarrero. Esto es, es el espejo en el que se mirarán otros tribunales y en el que se basarán para tomar decisiones. Cada sentencia abre caminos que luego se transitarán en otros lugares.

Y, no menos importante, pueden obligar igualmente a cambiar las cosas. Rigo Portocarrero pone el ejemplo de la demanda que Países Bajos presentó contra Shell, «un precedente increíble» que, de hecho, van a estudiar sus alumnos en este curso. Es un caso de referencia: la sentencia obliga a la petrolera a reducir en un 45% sus emisiones (en base a los números de 2019) antes de 2030 y ha establecido que la compañía —aunque empresa privada— también debe seguir el marco del Acuerdo de París.

Al mismo tiempo, se abren otras vías. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU acaba de publicar una recomendación señalando que en la protección de los derechos de la infancia debe existir un foco especial en el cambio climático. Niños y niñas tienen derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible, asegura el texto, que igualmente da un marco para que, cuando se habla de sus derechos humanos, se tenga en cuenta también los derechos climáticos.

Son ya, justamente, niños, niñas y adolescentes los protagonistas de no pocos de estos procesos judiciales sobre cuestiones climáticas, algo no tan llamativo si se tiene en cuenta —algo que recuerda la coordinadora del master de Derecho Ambiental y que apunta también en sus conclusiones el estudio del PNUMA— que en los orígenes de las demandas están las voces de colectivos especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, como pueblos indígenas, mujeres y, efectivamente, los más jóvenes.