Las diócesis dicen que han hecho «lo que cualquier cuidadano: inscribir sus propiedades»

«Hemos hecho lo que cualquier ciudadano: inscribir sus propiedades». Esa fue la respuesta que ayer dio el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, tras conocerse la cifra de bienes inmuebles inmatriculados en Canarias por la Iglesia católica que durante años los obispados se han negado a facilitar. Su homólogo en la Diócesis Nivariense, Antonio Pérez, sostiene por su parte que «la situación es legal» y que todo se hizo «al amparo» del ya derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria y, «si hay alguna reclamación, ya los tribunales lo determinarán», asestó.

En Las Palmas, la Iglesia católica inmatriculó 275 propiedades entre 1998 y 2015, de las que 77 se correponden con herencias o donaciones y las otras 198 con bienes que nadie antes había inscrito en el registro civil. Hipólito Cabrera asegura que el Obispado es «transparente» con este asunto que, a su juicio «se ha magnificado». De hecho, asegura que, de toda la Diócesis, únicamente con la plaza de San Juan Bautista de Santa María de Guía tuvieron «algún problema» porque certificación catastral no coincidía con la medición que se hizo. «Se solventó y se inscribió en el registro y si hay reclamaciones, pues presentamos la documentación», cerró el asunto.

El ecónomo del Obispado tinerfeño, Víctor Oliva, sí adminte al menos tres plazas, dos en La Palma y una en Tenerife, como «lo único» que les consta como «cuestión discutida» de los 214 bienes inmuebles inscritos en 17 años, de los que 173 fueron inamatriculaciones con certificado eclesiásticas y el resto herencias o donativos de fieles.

Las tres plazas en litigio con los ayuntamientos y en las que Oliva cree que «es más el ruedo que la realidad» son la de El Socorro en el municipio tinerfeño de Tegueste y en La Palma, las de Los Galguitos y la de la ermita de San Sebastián, en San Andrés, ambas en San Andrés y Sauces.

Francisco Paz, alcalde del municipio del norte de La Palma, explicó ayer ambas plazas forman parte del inventario de bienes del Ayuntamiento. «El Obispado, con el certificado catastral y la certificación eclesiástica inscribieron ambas plazas, pero el catastro no da títulos de propiedad, solo información», dice Paz.

El Ayuntamiento de Los Sauces supo de las inmatriculaciones de esas dos plazas porque el registrador de la propiedad les notificó que había cambiado de propiedad, de la suya a la Iglesia. Tras intentar solventar las diferencias «por las buenas», el consistorio saucero finalmente acudió a los tribunales. El juicio, en el que pretenden sentar al obispo, el palmero Bernardo Álvarez, se celebrará en abril y como pruebas, además del testimonio delos vecinos, llevará las facturas que pagó a los constructores que hicieron las plazas y las de su mantenimiento.

Las dos diócesis reconocen que les preocupa los que se está transmitiendo a la opinión pública en relación a los bienes que ha inscrito. «La Iglesia vive situaciones complicadas que nos preocupan, pero con este tema no vamos más allá porque no tenemos nada que ocultar», agregó Hipólito Cabrera. Y Víctor Oliva remata que todos los bienes de titularidad de la Iglesia están al servicio del pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios su principal beneficiario».

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