Canarias7
Manuel Mederos

La arista

La herencia de Manos Blancas

La operación Manos Blancas puesta en marcha en Canarias por Zapatero en 2008 emulaba en el nombre de la italiana, diseñada para luchar contra la mafia. Manos Blancas fue el lema utilizado por el Estado en Canarias para iniciar y justificar una serie de investigaciones policiales puestas en marcha en cadena. Partía el gobierno socialista de la premisa de que en Canarias la corrupción acampaba a sus anchas en un auténtico estado de impunidad. Por aquel entonces, en el seno del Gobierno de Zapatero pesaba mucho el pensamiento y la palabra del socialista canario Juan Fernando López Aguilar que resumió la situación en su célebre «ciénaga», para referirse a Canarias y a sus políticos, especialmente a los de Coalición Canaria y el Partido Popular, que gobernaban en alianzas más o menos estables en aquel momento. La sociedad canaria vivió una auténtica conmoción con un serial de detenciones y sobresaltos policiales cuyas consecuencias seguimos padeciendo, diez años después, ahora en el ámbito de los tribunales.

¿Existía corrupción en Canarias para poner en marcha una operación de aquel calibre? ¿En tal grado que alcanzó el epíteto de «ciénaga» y que mereció la puesta en marcha de una Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento de un Jefe Superior de Policía específico, con mando en plaza para investigar al PP y a CC? Evidentemente existía cierto grado de corrupción, y, también, mucho margen para la impunidad. Diez años después la percepción sobre la corrupción no ha variado, y la impunidad se ha reforzado.

La lucha contra la corrupción es incompatible con el espectáculo, y ayer, igual que hoy, la política no ha salido de los mismos parámetros para abordar este problema. La corrupción era, y sigue siendo un instrumento político en el que se permite todo mientras no se sepa y cuando se desvela se impone «el tú más que yo». Aquella operación fue un instrumento político para llevar a López Aguilar del ministerio de Justicia a la presidencia del Gobierno de Canarias. No lo logró porque las víctimas de su política se atrincheraron y gobernaron, pero logró un muy buen resultado electoral.

No era necesario crear una situación de desestabilización política y social, un estado de opinión y sobresalto institucional cuyo contenido real era inviable judicialmente, como ha quedado patente en las sucesivas resoluciones judiciales que hemos ido conociendo diez años después, todo sea dicho, demasiado tarde.

Fueron días duros. Detenciones indiscriminadas retransmitidas en directo que terminaban en nada ante los jueces, registros de verdadero oprobio ante la prensa, juego de filtraciones y presión a la judicatura por parte de la policía, luchas intestinas en el propio seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces en pugna, algunos sorprendidos en su buena fe y hasta en su juventud; sospechas generalizadas de escuchas y tráfico de papeles y hasta de inmunidad entre los que sí controlaron el proceso de miedo que se impuso en esa época en Canarias

Diez años después de poner en marcha las grandes operaciones, Eólico, Faycán, Góndola y Teresitas en Gran Canaria y Tenerife, supuestamente destinadas a limpiar la corrupción en Canarias, la única dura condena, y muy rebajada en sus pretensiones, -no se pudo probar el cohecho- que los tribunales han podido imponer es la del caso Las Teresitas. Todas impulsadas por el mismo Gobierno, el de Zapatero, por la misma Fiscalía, la anticorrupción, y tumbadas por distintos tribunales que diez años después demuestran que aquello fue más una buena operación de marketing que una lucha seria contra la corrupción que buscaba pruebas reales, contundentes para que la justicia pudiese acabar con los malos. Como pasa siempre en política, por un lado van los argumentos públicos, los destinados a justificar la acción, y por otro los verdaderos intereses.

De las consecuencias de esa etapa, una cosa es real: sobrevive la impunidad en un sistema que no termina de cuajar en verdaderos procedimientos democráticos en Canarias. Hoy, tras aquella tormenta, Canarias sigue bajo el dominio de una democracia limitada, que no termina de cuajar en justicia, a la que la ética le viene grande y cuyos fundamentos se ha deteriorado mucho.