Una batalla vecinal ganada a la zona azul

Para Cristina Suárez, la sentencia judicial que anula los cobros por el impago de la zona azul ha sido todo un alivio. Ella tiene reconocidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una deuda de unos 5.000 euros, «básicamente por exceder el tiempo del tique» de la zona azul que está junto a su casa, en Luis Morote. Y aunque se acogió al pago fraccionado que le ofreció el Consistorio -a unos 1.500 euros al año- la resolución judicial que ayer se hizo firme puede suponerle la devolución de todo el dinero cobrado hasta ahora. «Es un alivio», reconocía ayer, «con lo que cobro, que son unos cuatrocientos euros al mes y lo que cuesta el tratamiento de la niña me resultaba difícil».

Como ella, un total de 32 familias se han visto beneficiadas de la anulación de los embargos bancarios y de los cobros de las liquidaciones de la tasa de la zona azul y verde. En total, según explicó la portavoz de la Asociación Canaria de Afectados por la Zona Verde y Azul (Azva), Beatriz Gálvez, se anulan unas 160 liquidaciones por un importe que ronda los 45.000 euros.

El vicepresidente de la asociación, Roberto Vera, explicó que lo que ha hecho el juez en este caso es trasladar a estos procedimientos la sentencia de 5 de septiembre de 2017 por la que se anulaba estos cobros debido a que se conculcaron «los principios rectores del derecho tributario (...) sin concederse al recurrente el preceptivo trámite de audiencia».

Con estas sentencias, Azva reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que revise de oficio los casos que tiene en estos momentos en tramitación. Además, Gálvez entiende que el Consistorio debe devolver las cantidades cobradas de manera indebida con sus intereses correspondientes. Y anuncia la interposición de un nuevo recurso que afectaría, por el momento, a otros 68 contribuyentes.

Entre ellos podría estar Juan Blanca, que hace dos meses se encontró con un embargo de su cuenta por un importe de doscientos euros. Desde entonces le han ido llegando liquidaciones, «una detrás de otra», hasta el punto de que ha pagado ya más de mil euros. «Le presté el coche a mi hija y me fui a la Península por un tiempo, y al volver me encontré con esto», explica, «mi hija fue al Ayuntamiento para decir que había sido ella pero como el coche estaba a mi nombre siguieron mandándome las notificaciones, les conviene más embargarme a mí, que tengo una pensión digna».

Para Beatriz Gálvez, esta vía debería ser el camino legal que debería seguir el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, para parar los cobros, «pero desde que se lo dijimos, no se ha dignado a recibirnos». También criticó al alcalde, Augusto Hidalgo, al que acusó de «aplastar a los ciudadanos» con un «procedimiento nulo», y al grupo Podemos, con el que se han reunido en varias ocasiones, «porque anteponen el pacto de gobierno del tripartito a los derechos de los ciudadanos».

Los afectados y miembros de Azva explicaron los hechos a las puertas de las oficinas municipales, donde se vieron acompañados por la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista. «Estas sentencias demuestran que teníamos razón desde un principio, que el alcalde y todo su gobierno se equivocan y que han puesto en práctica la recaudación usurera de una tasa que lo que debe procurar es cubrir el coste del servicio que presta, nunca enriquecerse al estilo de la época feudal», denunció. La edil añadió que «el alcalde y el concejal tienen que tratarse los insultos que han proferido contra estas personas, aparte de devolver lo sustraído mediante los embargos».

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