Las familias de alumnado con necesidades especiales también rechazan la ley de autoridad docente

Continúan las reacciones a la proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad docente, presentada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) hace dos semanas. La Plataforma canaria de educación inclusiva y el Movimiento familias NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) Tenerife han mostrado su rechazo a la iniciativa de forma conjunta en un comunicado.

«Sospechamos que este movimiento responde a una estrategia de la Consejería de Educación para dividir a la comunidad educativa: enfrentar a estudiantes, docentes y familias entre sí, desviando el foco de los verdaderos problemas estructurales», señalan.

Insisten en que «apoyar al profesorado y proteger los derechos del alumnado no son posiciones opuestas» y que la escuela pública «necesita un enfoque centrado en la convivencia real, no en la criminalización del alumnado ni en el aumento de la brecha entre escuela y familia».

También reparan en que la «demanda compartida por toda la comunidad educativa no es reforzar la autoridad del profesorado (que ya tienen reconocida por ley), sino aumentar los recursos humanos y materiales en los centros, dotar de apoyos reales al alumnado y garantizar una convivencia construida desde la inclusión».

Ambas entidades aseguran que «reconocen el sufrimiento del profesorado» pero piden soluciones estructurales. «Apoyamos medidas que respalden al personal docente en su bienestar emocional y su protección jurídica», pero advierten «del riesgo que implica otorgar presunción de veracidad» a los docentes, tal y como recoge el texto, «sin mecanismos de equilibrio, sobre todo en contextos donde el alumnado presenta necesidades educativas especiales o proviene de entornos vulnerables».

Tanto la plataforma como el movimiento respaldan la postura de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca), que «denuncia la falta de diálogo real», así como de la Federación de Ampas de Gran Canaria, que entiende que la medida es «demagógica» y solo busca «ganar el favor» del profesorado.

Por todo ello muestran su rechazo a la «estrategia de división» y exigen «unidad». Una cohesión que ya han pedido en ocasiones anteriores, sin éxito. Ponen de ejempo la solicitud de inclusión del alumnado de aulas enclave en los comedores escolares. «La respuesta de la Consejería de Educación fue mantenerlos separados perdiendo una vez más la oportunidad de inclusión real», lamentan.

Por todo ello piden la formación obligatoria del profesorado en diversidad, habilidades emocionales, gestión del conflicto y prácticas restaurativas; el refuerzo de los equipos de orientación, del personal técnico de servicios a la comunidad (PTSC) y del personal de apoyo a la atención a la diversidad; la participación real y activa del alumnado y las familias en el diseño y aplicación de las normas de convivencia; y la evaluación del impacto de esta ley desde una perspectiva de derechos, con «especial atención al alumnado NEAE y a colectivos tradicionalmente excluidos».

Por último, instan al Parlamento canario y a la Consejería de Educación a abrir un «proceso transparente y participativo, donde se escuche a todos los agentes educativos y se evite legislar desde la urgencia mediática o el simbolismo vacío».

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