El ambiente de los juzgados trata de crear un ambiente grato para el menor.. / RC

Declarar no es cosa de niños

Tomás Martín es el titular del único juzgado que aborda delitos contra la infancia. Su obsesión es no añadir más sufrimiento al menor

Antonio Paniagua
ANTONIO PANIAGUA Madrid

Butacas confortables, luz natural, cojines en el suelo para sentarse. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria está pensado para que el declarante, el niño, se sienta a gusto, lejos de la severidad y la destemplanza habituales de los tribunales. La razón es que este organismo lleva casos de delitos contra la infancia y la adolescencia, la mayoría de ellos por agresiones sexuales y maltrato intrafamiliar. Su titular, Tomás Luis Martín, quiere que el testimonio no suponga para el menor una experiencia traumática. Por eso, durante el periodo de instrucción, no duda en preguntar al menor si necesita un descanso, tiene hambre o necesita quiere quitarse los zapatos. Cuando se relajen las medidas contra la covid, el niño puede presentarse con su mascota. Todo está pensado para eludir lo que Tomás Martín llama la «revictimización» del menor.

Los niños entran acompañados de la Policía Judicial sin necesidad de pasar por el control de seguridad y de aguantar esperas innecesarias. Si no hay más remedio que sufrir demoras, el menor dispone de juegos para hacer más llevadera la espera. «Hemos prescindido del espejo que separa la sala donde presta la víctima testimonio de la otra estancia. Cualquier ruido, contraluz o descuido por el ruido de una ventana en el otro espacio podía crear una zozobra importante en el niño», argumenta el juez.

Tomás Martín es el responsable del único juzgado especializado en ilícitos contra la infancia y la adolescencia en España, un proyecto piloto aprobado por el Consejo General del Poder Judicial y que se puso en marcha el pasado 1 de octubre con el propósito de que dure dos años. Martín es muy cuidadoso con los detalles. «Lo que no se debe hacer nunca es pone en duda lo que está contando la víctima. Es fundamental hablar al niño con un lenguaje comprensible, no interrumpir su relato ni hacer preguntas capciosas».

Martín dirige la fase del procedimiento penal en la que se averigua si hay indicios de delito. Con dos décadas de experiencia en estos casos, el juez sostiene que la mayor parte de los testimonios de los niños «no son ni pretenden ser mentira. Puede haber errores de memorias dependiendo de la edad o cierta sugestión por lo que han visto o escuchado. Pero la práctica demuestra que no es necesario hacer una prueba pericial para comprobar la credibilidad del testimonio».

De esta manera, el juez ha llegado a hace pruebas preconstituidas, las realizadas durante la fase de instrucción, a niños con menos de tres años. Mientras, en otra sala, el imputado por una agresión sexual escucha la declaración. El juez también interroga al acusado y posibles testigos, pero en ningún momento del proceso el investigado y la víctima se ven las caras. «Nuestra misión es no contribuir a que el proceso empeore la situación de la víctima. Cuanto antes la saquemos del proceso, mejor, ya que puede precisar tratamiento terapéutico», aduce Tomás Martín.

Seis meses después desde que comenzara a funcionar de forma pionera este juzgado, el magistrado hace un balance positivo del trabajo efectuado. En los más de 180 asuntos que se han tramitado, solo han transcurrido quince días desde que entra el atestado hasta que presta su testimonio la víctima. Para evitar la angustia de la declaración, unos días antes el niño recibe una carta que en realidad es un cuento que lleva por título 'Hoy vamos al juzgado'.

En la zona multifunción se procurar eliminar todo el estrés surgido después de relatar episodios violentos o abusos sexuales. Los críos pueden leer libros que incluso se pueden llevar a sus casas. Las lecturas se renuevan a base de donaciones. «Si la declaración del niño acaba y este quiere quedarse jugando porque se lo están pasando bien tal o desea seguir viendo una películas, lo puede hacer; nosotros nos quedamos. No hay plazo ni tiempo establecidos, solo el que la víctima necesite».

La experiencia del juzgado de Las Palmas servirá para poner en funcionamiento otros homólogos, como establece la ley de protección a los niños y adolescentes. Sin embargo, numerosos claroscuros se ciernen en torno a la creación de estos juzgados, entre ellos una insuficiente dotación financiera, como denuncia Tomás Martín. Eso sí, al menos el ordenamiento jurídico está haciendo aflorar un fenómeno, el de la violencia contra la infancia, de la que solo se ve la punta de iceberg.