Tres causas que caminan en paralelo con Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama

Las investigaciones judiciales en torno a la presunta trama de corrupción que giraba en torno al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se instruyen en varios juzgados y caminan todas en paralelo.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto esta semana sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al ver en la unión de estas tres personas una organización criminal, con papeles repartidos y planteada para cometer delitos conforme se presentaran oportunidades. El magistrado dictó el lunes un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que propone juzgar a estos tres investigados por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, y en el caso del exministro y su asesor también por malversación de fondos públicos. En la causa principal, que el juez propone juzgar, el elemento central es la compra de mascarillas por parte de dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y Adif) a una empresa de la que Aldama era comisionista, mientras que en una pieza separada, en la que está imputado Santos Cerdán, se investigan posibles mordidas en obra pública. Fuera del procedimiento en manos del juez del Supremo han quedado las pesquisas sobre los contratos en Canarias.

Es en la Audiencia Nacional donde se instruye la causa sobre los contratos de Soluciones de Gestión SLy Eurofins Megalab en Canarias en la etapa en que el hoy ministro Ángel Víctor Torres fue presidente de Canarias. El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, Ismael Moreno, ha citado esta semana al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama para el 27 de noviembre, y al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para el día siguiente, ambos en calidad de investigados. Esas citaciones son consecuencia del reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias. El magistrado acuerda esta diligencia en una providencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que advierte de un presunto delito de tráfico de influencias. En su escrito, Anticorrupción no menciona al hoy ministro Torres. Hay que tener en cuenta que Torres está aforado por ser ministro, de manera que si el juez viese indicios contra él, debería elevarlo al Supremo y éste trasladar la cuestión al Congreso.

El presunto fraude millonario en la venta de hidrocarburos está en manos del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional. Fue él quien mandó en un primer momento a Víctor de Aldama a la cárcel. Logró la libertad tras ofrecerse a colaborar con la Justicia y realizar en sede judicial unas declaraciones que involucraban a altos cargos del Gobierno y fue entonces cuando también habló de la presencia de Torres en un piso de la calle Alcalá de Madrid «con señoritas» y también que Koldo le había dicho que Torres pidió una comisión de 50.000 euros. En el entramado del fraude de hidrocarburos apareció una empresa con sede en Canarias y se investiga si el plan pasaba por traer petróleo de Venezuela, depositarlo en las islas y de aquí llevarlo a la península. Para eso, según Aldama y otros investigados, se habrían reunido en más de una ocasión con Torres. Pedraz ya rechazó la petición de una de las partes de citar como testigo a Torres.

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