Menores migrantes en riesgo, la otra cara de las ONG

La crisis migratoria que ha sufrido Canarias en los últimos años ha obligado al Ejecutivo regional a abrir recursos de «emergencia» para atender a los miles de menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas. La «sobreocupación» y el «hacinamiento» de los centros, que ha reconocido el Gobierno regional, mantiene «tensionado» el sistema desde hace muchos meses. Canarias atiende en estos momentos a más de 5.600 menores extranjeros solos, cuando las plazas de acogida con las que contaba, que dependen de los cabildos insulares, no superaban las 400.

Como ha dicho la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, en julio de 2023 en las islas había 39 centros para atender a 2.143 niños, niñas y adolescentes extranjeros solos. Hoy hay 86 recursos para 5.665. Un incremento que ha podido gestionarse gracias a la colaboración de entidades del tercer sector. Y aunque la inmensa mayoría ha cumplido, anteponiendo el interés superior del menor por encima de cualquier otro objetivo, el Ejecutivo regional se ha visto en la obligación de intervenir en varias ocasiones.

El último ejemplo fue lo ocurrido la semana pasada con la entidad Quórum 77. Su centro en La Fortaleza I, en Tafira, fue cerrado por la autoridad judicial. En él había casi medio centenar de menores que tuvieron que ser realojados. La denuncia partió de la Consejería de Bienestar Social, de quien depende Infancia, y la investigación comenzó el pasado verano tras la denuncia de un chico que aseguraba ser víctima de malos tratos. A lo largo de los meses llegó a la Dirección General incluso una prueba «gráfica», explicó a este periódico Sandra Rodríguez, en la que se apreciaba un supuesto delito de odio. Por ello, la entidad, a la que se dio conocimiento, despidió al trabajador implicado, explicó Rodríguez.

Pero no es el único caso que ha visto la luz. La Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, hoy exresponsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, fue acusada de explotación laboral por haber empleado supuestamente a menores migrantes en sus fincas de forma ilegal en julio del pasado año. Según la Policía de Extranjería e Inspección de Trabajo, Hernández obligaba supuestamente a los chicos acogidos en el centro Tagoror, en Gran Canaria, perteneciente a la ONG Oportunidades de Vida, a trabajar en las fincas de su propiedad.

Y por las mismas fechas, aunque la investigación se inició en la legislatura pasada, la justicia puso el foco en la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por —presuntamente— malversar en su propio beneficio dinero público que debía haber destinado a la integración de menores en desamparo tanto en la isla de Gran Canaria como en la de Lanzarote.

Las entidades que supuestamente no cumplen con su función son una minoría respecto a las que sí lo hacen, pero ponen de manifiesto las consecuencias de afrontar una «contingencia migratoria extraordinaria» y las dificultades para ejercer las funciones de control.

Sandra Rodríguez recordaba la pasada semana que Infancia se dotó, el pasado octubre, de personal para realizar inspecciones en los centros: 39 en total. Y gracias a ello, asegura, «a lo largo de 2025 hemos cerrado dos centros, uno en Lanzarote y otro en Gran Canaria». Espacios que no cumplían con las mínimas condiciones para alojar a los menores.

Uno de los problemas que resaltaba la directora general de Infancia es que cada vez es más difícil encontrar espacios donde abrir más recursos, al tiempo que tampoco se encuentra a personal preparado para estos centros.

Precisamente esta es una de las denuncias que hace Amnistía Internacional en su informe El fracaso del sistema para proteger a los y las menores llegados a Canarias, publicado este pasado mes de marzo. «La preocupación por el hecho de que los centros contratasen personal con escasa preparación como educadores fue señalada, entre otras, por la fiscal autonómica de Trata de Personas y Extranjería de Las Palmas, que lamentó que en algunos casos se acudía a contratar a 'porteros de discotecas'», recoge Amnistía Internacional.

La crisis migratoria en Canarias hizo que en 2020 se «flexibilizasen» los criterios de ocupación de los centros. Así, aunque se señalaba que el número máximo de menores que se pueden acoger es de 20, se permitía «sobrepasar dicha capacidad» por una «emergencia social por alta demanda de acogida».

Esto ha permitido que centros como el de primera acogida de El Hierro, habilitado con 150 plazas, haya acogido hasta a 250 menores, o que otro de similar categoría en Tenerife, preparado para 215 menores, haya albergado hasta a 400.

Rodríguez ha reconocido que hay centros en los que se han eliminado las zonas comunes para convertirlas en dormitorios. De esta manera, asegura una trabajadora social que prefiere no dar su nombre, se está privando a los chicos, en su mayoría adolescentes, de compartir experiencias o de ocio en esas zonas comunes, lo que, además, tensiona la convivencia. Hasta los 16 años deben estar escolarizados, pero si llegan ya con 17 no es obligatorio buscarles recursos educativos y muchas veces dependen del voluntarismo de la sociedad, como el proyecto U-Fit, liderado por tres profesoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): Susan Cranfield, Goretti García y Ana María Blanco.

Según el informe de Amnistía Internacional, en el momento de la redacción del documento la Fiscalía de Canarias tenía abiertas cuatro investigaciones por presuntos malos tratos y abusos contra menores no acompañados, dos en la provincia de Las Palmas y dos en Santa Cruz de Tenerife. También la propia ONG había recabado testimonios de chicos y trabajadores que relataban «castigos excesivos», «privación de comida, retirada del abono transporte o confiscación de sus teléfonos o del dinero de bolsillo, que luego no les era devuelto, o también amenazas de trasladarlos a centros concretos que los chicos entrevistados identificaron como lugares donde las condiciones de vida eran muy malas o el trato por parte de los trabajadores no era adecuado».

Para Amnistía Internacional, parte de la solución pasa por «la asunción de una responsabilidad compartida y equitativa de la Administración central y el resto de comunidades». Y a eso da respuesta el real decreto ley que permite la distribución solidaria y que, de momento, aunque sigue su curso, no se ha materializado en nada concreto.

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