Koldo, el asesor que hablaba con todos (y lo grababa)

Los miles de mensajes telefónicos y grabaciones hechas en secreto que encontró la Unidad Central Operativa de la Guardia en los registros a Koldo García retratan a un asesor ministerial que lo mismo que hablaba con delegados del Gobierno y otros altos cargos, también lo hacía con mujeres prostituidas, policías, guardias civiles, responsables orgánicos del Partido Socialista y conductores privados.

Esos y otros audios reflejan que también tenía al teléfono al entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como al que fuera su viceconsejero de Presidencia y también jefe de gabinete ministerial, Antonio Olivera. Según Torres, el contacto entre ambos acabó el día en que José Luis Ábalos fue relevado como ministro y secretario de Organización del PSOE. Fuentes socialistas señalan que Koldo García habría intentado contactar telefónicamente después con Torres, pero sin éxito.

Este periódico desveló que entre la red de contactos de Koldo García había también al menos un agente de la Policía Nacional en Canarias que temía ver cercenada su carrera en el cuerpo por un incidente con una compañera. Esa llamada se une a la de otros policías y guardias civiles que pedían favores de Koldo García, en especial destinos en embajadas, un puesto con una elevada retribución económica.

Lo que seguramente no sabían quienes llamaban a Koldo García o recibían sus llamadas era que el entonces asesor ministerial grababa todo. Ese material forma parte de la investigación judicial en torno a una presunta trama corrupta que tendría al frente a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que ocuparon la poderosa Secretaría de Organización del PSOE. Entre los audios requisados, hay uno en el que Koldo García cuenta a su interlocutor que ha comenzado a trabajar como chófer de Ábalos gracias a un 'enchufe' de su paisano navarro Santos Cerdán.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente rechazó recientemente- argumentado que no tiene competencias para ello- la petición del exasesor ministerial Koldo García para que se decrete el secuestro judicial «inmediato» de los audios que obran en la causa en la que está siendo investigado, así como la prohibición expresa de su difusión en los medios.

En un auto, el magistrado explica que no tiene competencia para tomar esas medidas cautelares, sin perjuicio de que Koldo García «pueda realizar la misma solicitud ante el órgano jurisdiccional competente, para que resuelva sobre las mismas», sin detallar cuál sería ese órgano pero recordando genéricamente las vías que existen dependiendo de la naturaleza de lo denunciado.

Destaca el instructor que la decisión de realizar el volcado completo del contenido de los archivos de audio hallados en los dispositivos que se intervinieron en la casa del investigado se adoptó a petición del exdirigente socialista Santos Cerdán, que está en prisión provisional, para poder «articular su defensa de manera completa».

Y que tras dar traslado de esta solicitud «la defensa de Koldo García no solo no se opuso a la misma, ni formuló al respecto objeción alguna, sino que se adhirió a la solicitud».

El instructor afirma que «solo cabe lamentarse, una vez más, de la continua existencia de filtraciones a los medios de comunicación de una muy buena parte de las actuaciones practicadas en la fase de instrucción de esta causa especial».

«Tan pronto como las mismas llegan a conocimiento de las partes, sin apenas solución de continuidad, pueden verse reflejadas en dichos medios», reconoce. Y destaca que también es cierto que ha habido «continuas entrevistas» concedidas a esos mismos medios de comunicación por alguno de los investigados, incluso tras haberse acogido a su derecho constitucional a no declarar ante el instructor, lo que contribuye «a fomentar en aquéllos el interés por lo aquí actuado y a contrastar o desmentir el contenido de dichas entrevistas».

El magistrado incide en que «la investigación del carácter antijurídico de las referidas filtraciones no corresponde a este instructor ni la misma, como es bien sabido, resulta fácilmente operativa o eficaz cuando concurre con el derecho al secreto profesional de los periodistas».

En este sentido sostiene que el ordenamiento jurídico no proporciona, para evitar y sancionar las filtraciones, «elementos suficientemente eficaces, más allá de la confianza en la buena fe procesal de las partes y de la declaración de secreto de sumario».

El juez instructor aclara que «una cuestión muy diferente» es que, una vez producida la filtración, resulte posible jurídicamente reaccionar ante la publicación de datos que estarían reservados al conocimiento de las partes personadas en el procedimiento.

Temas

• Investigación
• Caso Koldo