Extrabajador de Quórum 77: «Tenían un equipo 'Brigada' para aplacar los conflictos entre los chicos»
Un integrador social que trabajó en varios centros de la entidad apunta haber visto a uno de los jóvenes con la cara «desfigurada»
«Tenían a un grupo que se llamaba el equipo 'Brigada', integrado por auxiliares educativos, que venían de Bandama –recurso desalojado en mayo–, y los llamaban de cualquier centro en el que hubiera alguna urgencia para aplacar el conflicto, te podrás imaginar de qué manera». Es el relato de un extrabajador de la entidad Quórum 77, investigada por presuntos delitos de lesiones, de odio y contra la integridad moral y amenazas, entre otros, cometidos, supuestamente, en los centros gestionados por la organización, que da acogida a uno de cada tres chicos y chicas de los 5.484 tutelados por el Gobierno de Canarias en la actualidad.
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La saturación en los centros de menores migrantes y la rapidez en las contrataciones han derivado en que muchos de estos recursos no cuenten con el personal cualificado para dar una respuesta digna a los chicos y chicas que han sobrevivido a la ruta canaria con la esperanza de encontrar una oportunidad.
Todo ello ha producido que se den situaciones de presuntos malos tratos como la denunciada por un grupo de jóvenes migrantes que residían en un centro gestionado por la entidad, La Fortaleza I (también conocido como Bandama), en Santa Brígida, que fue clausurado, y que fue el detonante para que se abriera la investigación.
Un extrabajador vinculado a la organización durante varios años –que prefiere mantener su anonimato–, recuerda volver después de un fin de semana libre a su puesto de trabajo y encontrarse a un chico con la cara «desfigurada». Comenta que sabe que a muchos de estos trabajadores que, presuntamente, ejercieron malos tratos, los terminaron despidiendo, si bien señala que los perfiles que se contrataban «eran similares».
Además del equipo 'Brigada', que procedía del centro Fortaleza I, este lugar, presuntamente, era utilizado para amenazar a aquellos que «alzaban la voz», convirtiéndolo así en «la cárcel de Quórum», según relata el extrabajador.
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Este integrador social apunta que en una ocasión vio a un chico en el suelo al que algunos compañeros le estaban «pegando en broma». Al intentar frenar esta situación, el coordinador del recurso le respondió: «Déjalo, es lo que se merece».
El integrador social critica que los centros «no cuentan con el personal adecuado» y muchas veces se buscan perfiles de «personas intimidantes» o corpulentas.
En este caso, recuerda que en una ocasión estuvo presente en una entrevista para uno de los puestos de auxiliar educativo: «Una vez le preguntaron a un chico por su formación, y dijo que se estaba preparando para policía o militar. Enseguida le dijeron que lo contrataban».
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Por ello, denuncia la falta, no solo en los centros gestionados por esta entidad, sino en general, de perfiles profesionales vinculados con la salud mental. «Hacen falta muchos psicólogos, son chicos que han pasado por un verdadero trauma, se han enfrentado a abusos... Si no se cuenta con ellos, es otra forma de maltrato», argumenta.
Aunque estos hechos envuelven a Quórum 77, el extrabajaror alerta de que hasta que no haya «calidad en la intervención», se seguirán viviendo situaciones de este estilo.
El extrabajador de la organización cuenta que durante el tiempo que estuvo trabajando para ellos compartió espacio con algunos compañeros que tenían comportamientos «machistas y homófobos», los cuales trasladaban a los menores migrantes de los que se hacían cargo.
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Al centro Fortaleza I, cerrado, se suma el recurso de primera llegada José García I, situado en la playa de El Cabrón, en Arinaga, también gestionado por la organización y que fue desalojado este mes.
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A la espera de la justicia para resolver el contrato con la entidad investigada por supuestos delitos
L.R.G. La Consejería de Bienestar Social está a la espera de que el juez determine el alcance de las actuaciones judiciales que motivaron la detención, el pasado 19 de mayo, de varios empleados de Quórum 77, la entidad que gestiona centros de menores en las islas y la que tiene a más niños, niñas y adolescentes a su cargo con casi la mitad de los tutelados por el archipiélago. Algunos de los trabajadores implicados ya han sido despedidos por la empresa.
«Estamos pendientes de que el juez nos determine cuáles son esas actuaciones que se han hecho y a qué afecta, si afecta solo a unos empleados en concreto», afirmó la consejera, Candelaria Delgado, que insistió en que su departamento carece de constancia sobre si se trata de un caso aislado o de un patrón más generalizado.
La responsable del área recordó que fue la administración quien alertó inicialmente a la Fiscalía. «Les recuerdo que fue esta Consejería la que puso en manos de la Fiscalía esa supuesta comisión de delitos que se estaban realizando en ese centro», subrayó.
Durante la semana pasada, se realizaron intervenciones en varios centros gestionados por la entidad investigada, centradas, según la consejera, en recabar documentación.
«No se cerraron centros, salvo uno la semana pasada», indicó. «Las intervenciones que se hicieron fue a buscar documentación en las oficinas de esos centros». La administración regional mantiene una actitud de cautela mientras se esclarecen los hechos, aunque ha iniciado ya la planificación para un posible cambio de entidad gestora.
«Estamos esperando lo que el juez nos determine sobre la implicación de la entidad en sí, para saber si tenemos que proceder a resolver el contrato o no. En paralelo, ya estamos haciendo una planificación, por si llegado el momento tuviéramos que rescindir el contrato en cantidad», añadió.
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