Gobierno central y canario siguen sin ponerse de acuerdo sobre los expedientes de Costas
El Ejecutivo regional seguirá adelante con su decisión de llevar la cuestión al Tribunal Constitucional, aunque está abierto a reunirse
El Gobierno central y canario no han logrado acabar con las discrepancias que ambos tienen en materia de Costas. El Ejecutivo regional anunció que seguirá adelante con su decisión de llevar la cuestión al Tribunal Constitucional, puesto que prevén que el recurso que trasladarán al Consejo de Ministros el próximo martes tendrá una respuesta «negativa». Tras ese Consejo, tendría el plazo de un mes para presentar la cuestión ante el Tribunal.
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Así lo anunció el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, tras la reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado celebrada ayer en la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.
Durante hora y cuarto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, encabezaron la reunión de la Comisión en la que se debatió sobre el conflicto en torno a las competencias en materia de Costas al archipiélago. Se trata de unas competencias que Canarias asumió en enero de 2023. Sin embargo, desde el Gobierno central se dice que los expedientes abiertos antes de ese acuerdo se gestionan por parte del Estado. Los casos más polémicos en ese sentido son los expedientes de caducidad de los dos hoteles de la empresa Riu ubicados en Fuerteventura.
La posición del Ejecutivo regional, como explicó Rodríguez, volvió a ser la que se ha «venido diciendo a lo largo de los últimos meses» y se sigue manteniendo:«El artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias otorga las competencias en exclusiva en materia litoral, en materia de costas, a la Comunidad Autónoma de Canarias». Se refirió así a un informe emitido por el Consejo Consultivo, que determinó que lo que está ocurriendo en estos momentos es que «el Estado está invadiendo competencias que Canarias tiene articuladas a través del Estatuto de Autonomía». En este informe también se apoya la posición del Ejecutivo canario de llevar la cuestión al Tribunal Constitucional.
Además, subrayó que desde 2018 el Gobierno canario, que también contó con Ángel Víctor Torres como presidente, ha mantenido que «las competencias las otorga el Estatuto de Autonomía». Así, hizo referencia a que el real decreto ley de traspaso de esas competencias «es la fórmula que utiliza el Gobierno de España para decir cómo se ejercen», no para transferirlas, por lo que se ha pedido la modificación de dicho texto «para mejorar su redacción y, por tanto, evitar la conflictividad tan importante» que se ha generado. Manifestó que se van a sentar «las veces que sean necesarias»para llegar a acuerdos o intentar llegar a ellos.
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El consejero apuntó que durante el encuentro no se habló de «un expediente concreto», sino que se debatió sobre el «marco general de competencia que tiene establecida Canarias en base a su Estatuto». Además, hizo hincapié en que al Ejecutivo le es «indiferente» lo que suceda en otras comunidades autónomas o cómo se desarrollen las competencias en lugares como Andalucía, Cataluña o Baleares, por lo que se centran en las islas donde, dijo, «la norma magna es contundente».
El consejero del Gobierno presidido por Fernando Clavijo agradeció el «buen tono» que se mantuvo durante la negociación, aunque calificó como «decepcionante» el encuentro «porque no ha existido voluntad de negociar políticamente el conflicto».
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La Comisión Bilateral estuvo representada por parte del Gobierno de Canarias por el presidente, Fernando Clavijo, el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.
Torres: «La posición del Ministerio es agotar al máximo la posibilidad de acuerdo»
El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, insistió en que quiere «agotar al máximo la posibilidad de llegar a un acuerdo»con respecto a las discrepancias existentes en materia de Costas. Así lo manifestó tras la Comisión Bilateral celebrada ayer, que calificó como «positiva»a pesar de no haber llegado a acuerdos. Por todo ello, el ministro trasladó la intención que tiene el Ejecutivo de mantener «las reuniones que sean precisas para intentar llegar a algún punto de encuentro». Además, anunció que en el plazo de un mes y medio o dos meses, antes del verano, se podrá volver a celebrar una «nueva subcomisión de Costas» para abordar la situación.
La cuestión, dijo Torres, está en que ambas partes se apoyan en informes «igual de contundentes», por lo que «se hace difícil llegar a un acuerdo con esas posiciones jurídicas». A su vez, se refirió a comunidades como Cataluña, Andalucía y Baleares en las que «todas las competencias que han sido transferidas, las disposiciones transitorias o las concesiones compensatorias», están en manos del Estado, asunto que, apuntó, «es un argumento»que tiene el Ejecutivo central para «decir que es una competencia del Estado». Remarcó que no se está cuestionando al Estatuto de Autonomía, sino «la interpretación del traspaso».
En este caso remarcó que en el pasado ya se tuvieron conflictos en los que el Ejecutivo regional acudió al Tribunal Constitucional, como fue «la bonificación al sector audiovisual».
Por parte del Gobierno central también acudieron el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, y el secretario de Estado de Medio Ambiente. Hugo Morán Fernández.
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