La justicia apunta al papel de Sánchez en el ascenso laboral de su esposa y su hermano

Las audiencias provinciales de Madrid y de Badajoz no solo vienen avalando desde mayo de 2024 la totalidad o buena parte de ambas investigaciones –los magistrados solo han acotado el campo de la instrucción de Peinado–, sino que, además, en cinco de sus últimas resoluciones han inferido que hay indicios de que sus familiares pudieron hacer valer o prevalerse de la posición de poder Sánchez para dar impulsos a sus trabajos, ya fueran en la Complutense, consiguiendo que la universidad montara en 2020 una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, o que la diputación pacense contratara a David Sánchez por delante de otros 11 candidatos.

Hasta ahora, la resolución que más claramente ha apuntado a la posible influencia de la Presidencia en el empujón a la trayectoria académica de su esposa fue el auto acordado el pasado mayo por la Audiencia Provincial madrileña, cuando los magistrados no solo respaldaron la investigación del juez Peinado, sino que lo hicieron argumentando que la implicación de Begoña Gómez habría consistido en aprovecharse «de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre, eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada en (...) la captación de fondos».

En esa misma resolución, los tres magistrados de la Sección 23 encargados de revisar los recursos a las resoluciones del instructor certificaron que, a su entender, hay indicios de que Gómez había tirado de la ayuda de las empresas del grupo Barrabés para dar una pátina de «excelencia profesional» a su cátedra (…) sobre la que se proyecta la sospecha delictiva consistente en una clara desviación de poder». La «desviación de poder», el eufemismo jurídico del enchufismo, es la figura según la cual la «autoridad utiliza sus facultades legales para un fin diferente a aquel que el ordenamiento jurídico establece como legítimo».

En ese mismo auto que resolvía las impugnaciones contra 16 resoluciones de Peinado, los magistrados avalaron también el interrogatorio realizado en julio de 2024 en el Palacio de La Moncloa al jefe del Ejecutivo en calidad de testigo, recurrido por la Fiscalía. Entonces, la Audiencia de Madrid defendió aquel interrogatorio de Peinado porque de las diligencias practicadas «se deducen múltiples reuniones para la constitución de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, celebradas en el entorno institucional de la Presidencia del Gobierno, habiendo estado presente en alguna ocasión el presidente».

Un mes después, en junio y en otro auto, los superiores de Peinado abrieron la puerta a la imputación de Cristina Álvarez, contratada en La Moncloa como directora directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno pero que supuestamente trabajaba para la cátedra de Begoña Gómez, las gestiones por las que el instructor quiere llevar a la mujer del presidente a juicio ante un tribunal popular. En aquella resolución, el tribunal madrileño apuntó que la presunta utilización dada al nombramiento de Álvarez «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados». «Y lo que es más importante: ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno», afirmó la Sala.

En el caso de David Sánchez, hermano del líder socialista conocido como David Azagra en el mundo musical al que se dedica, la Audiencia Provincial de Badajoz, en dos de las resoluciones con las que envió el pasado martes al banquillo al imputado y a otra decena de encausados, también otorga verosimilitud y suficiencia a los indicios de un supuesto enchufismo. Tanto en su respuesta al recurso presentado por el familiar del jefe del Ejecutivo como al formulado por el secretario general del PSOE de Extremadura y a la sazón expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, el tribunal da cuerpo a la sospecha de que el poder de Sánchez pudo resultar decisivo para la contratación de su hermano, aunque cuando el hoy máximo responsable del Gobierno no había llegado entonces todavía a La Moncloa.

Para los magistrados extremeños, no se puede «restar capacidad de influencia de Pedro Sánchez» por el hecho de «haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017». La Audiencia recuerda que es precisamente en octubre de ese año, cinco meses después de que Sánchez se volviera a hacer con las riendas de Ferraz, «cuando se propone la creación del puesto (que acabaría ocupando su hermano)».

La Audiencia de Badajoz trae a colación, además, que en su declaración durante la fase de instrucción el diputado delegado de Cultura, Ricardo Cabezas, confesó que el «entonces candidato a las primarias del PSOE», en alusión al futuro presidente, «le habló de que tenía un hermano músico». Y en ese mismo auto hecho público el martes, los magistrados destacaron el correo en el que Evaristo Valentí, director de uno de los conservatorios de la provincia, se refería a David Sánchez como el «hermanísimo», al tiempo que reenvió las bases de la convocatoria e insinuó que ésta se había creado 'ad hoc' para él.

Ya en marzo, esta misma Audiencia extremeña había dado luz verde a Biedma para ampliar hasta Moncloa la investigación sobre la contratación de David Azagra. Lo hizo considerando un indicio suficiente para avalar esta línea sobre el supuesto enchufe el hecho de que Luis María Carrero, quien durante tres años trabajó como asesor de la Presidencia del Gobierno, pidiera trabajo para el familiar músico de Sánchez refiriéndose a él como «querido hermanito». El puesto que el hoy enjuiciado acabó consiguiendo tras presentarse a un concurso de la administración provincial.