La negativa a autorizar más licencias VTC en Gran Canaria llega al Tribunal Supremo
El Cabildo recurre el fallo que le condena a resolver la solicitud de una empresa según la normativa europea y no por la limitación a una licencia por cada 30 taxis | Al empezar el mandato denegó 3.400 autorizaciones que muchas empresas han denunciado
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Cabildo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de febrero de 2025 que desestimó su recurso y el de la Comunidad Autónoma contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que en mayo de 2024 condenó al Cabildo a formular y resolver conforme al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) la solicitud de la empresa Car Drives & Services SL de autorización de 10 licencias de alquiler de coches con conductor (VTC).
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Gran Canaria continúa siendo el principal enclave del país desprovisto de servicios como Uber o Cabify, pese a la creciente demanda, una vez que tales vehículos ya operan en el sur de Tenerife desde 2023.
La sentencia recurrida sostiene que el Cabildo, al denegar la autorización porque la Ley 13/2007 del Transporte por Carretera de Canarias limita su concesión a un máximo de 1 por cada 30 licencias de taxi, no examinó si la solicitud cumplía los requisitos formales y materiales exigidos por el ordenamiento jurídico para la concesión, «sino que se limitó a aplicar una causa impeditiva extrínseca puramente numérica, que vedaba la concesión de cualquier autorización que incrementase el número de las ya otorgadas».
Parece que el Cabildo, indica esa sentencia, considera la resolución impugnada fruto de la aplicación de una normativa que le obliga a convertirse «en una suerte de Administración autómata» que le impide, como es su obligación, motivar o justificar los actos que dicta. Y en este supuesto, por añadidura, «con abierto desconocimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE» (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).
La sentencia recurrida cita varias sentencias recientes del Tribunal Supremo que, amparándose en jurisprudencia del TJUE, mantienen que la limitación de autorizaciones en la proporción 1 VTC/30 Taxis «es contraria a la libertad de establecimiento del artículo 49 del TFUE salvo que se haya acreditado, por un lado, que la medida limitativa es apropiada o idónea para conseguir los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente, y, por otro, que es proporcionada para alcanzar estos objetivos».
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Al respecto, mantiene que esta restricción del número de VTC «solo es ajustada al derecho europeo en el caso de que concurran imperiosas razones de interés general que la justifiquen».
Y de todo esto, agrega, «se infiere sin dificultad que la proyección de la consolidada línea de jurisprudencia, estatal y europea, sobre el presente caso desvirtúa por completo las apelaciones» de las administraciones implicadas».
Ante esta decisión, el Cabildo presentó un recurso de casación, admitido ahora a trámite por el Tribunal Supremo, cuya resolución final podría sentar un precedente clave sobre la autonomía normativa de Canarias en transporte y su alineación con la jurisprudencia europea. El Cabildo, a través de la Consejería de Movilidad Sostenible que dirige el consejero Teodoro Sosa, insiste en que la singularidad territorial justifica restricciones adicionales.
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Al empezar este mandato el Cabildo denegó las solicitudes de una docena de empresas para poner en servicio 3.400 nuevos vehículos VTC en la isla. Al menos siete de esas empresas interpusieron recursos contencioso-administrativos en los juzgados contra esas resoluciones, que denegaron desde un mínimo de 10 hasta un máximo de 200 licencias VTC.
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