Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
El Consistorio retoma su actividad tras las vacaciones de verano
Lo más importante
16:53
Acaba el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras ocho horas de sesión
16:15
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no responde en el pleno a la petición de retirada del apoyo económico del Ayuntamiento al Festival Masdanza solicitada por el PP.
El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, dice que no quiere participar en la «opereta» de la oposición.
14:49
Íñiguez: «Me sorprende que vean que la ciudad es insegura y les resulte tan difícil ver que en Palestina hay un genocidio»
El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, acusó este viernes a la oposición de «meter miedo» a la ciudadanía con una estrategia de denuncia de actos violentos que no se corresponden con la realidad.
Al finalizar su intervención, con la que rechazó la propuesta de crear un plan de seguridad que planteó el PP, el edil ironizó con la dificultad que tienen los partidos de la oposición para aceptar la realidad de Las Palmas de Gran Canaria y del sufrimiento de la población palestina, sometida a los ataques asesinos de Israel. «Me sorprende que vean que la ciudad es insegura, que poco más o menos es Mogadiscio en 'Black Hawk Derribado' y que les resulte tan difícil ver que en Palestina hay un genocidio», sentenció.
La propuesta del PP pasaba por un plan que fijaba como objetivos el aumento de personal, la creación de un observatorio municipal de seguridad, el uso de la tecnología con garantías y una rehabilitación de unidades, como la policía de barrio.
Íñiguez defendió que la propuesta ratifica la política de seguridad de Las palmas de Gran Canaria, como el aumento de agentes, con 45 nuevos efectivos en práctica y una oferta de empleo de 57 más; la instalación de cámaras de videovigilancia para disuadir la comisión de delitos; o la recuperación de la policía barrio a través de las unidades de mediación y la de protección y acompañamiento.
«Hay más agentes patrullando y la criminalidad ha bajado», expuso el edil de Seguridad, «en la probabilidad real de que suceda un delito estamos en el mejor momento histórico, y en cuanto a la sensación de seguridad, trabajamos para que la ciudadanía viva con confianza, y no como la oposición, que lo hace para que la ciudadanía viva con miedo, pero no porque les preocupe la inseguridad, sino porque creen que el miedo les resulta rentable políticamente».
Pero el concejal del PP Ignacio García Marina le acusó de vivir en «una realidad paralela» y exhibió tres trozos de vidrio como ejemplos del vandalismo, el uso de armas blancas o los robos en inmuebles.
12:56
La capital grancanaria, contra la explotación social y por la abolición de la prostitución
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se comprometió este viernes a impulsar «políticas públicas orientadas a la lucha contra la explotación sexual y la abolición de la prostitución», así como «campañas orientadas a sensibilizar sobre las consecuencias de la explotación sexual y la responsabilidad de los comportamientos individuales de quienes acuden a ella».
El Consistorio aprobó una declaración institucional con motivo de la celebración, el pasado 23 de septiembre, del día internacional de lucha contra la explotación sexual.
12:56
Importante
707.356 euros del Cabildo para las personas en emergencia social
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autoriza la suscripción del convenio de colaboración con el Cabildo para la concesión de ayudas de emergencia social, que garantiza el ingreso de 707.356 euros para atender a personas o familias cuya situación requieran de una atención inmediata «para evitar un deterioro grave en la situación de vulnerabilidad».
La cantidad que percibe la capital grancanaria es casi un 42% de los fondos que el Cabildo de Gran Canaria distribuye entre todos los municipios, que suman 1,7 millones de euros.
El convenio fija ayudas entre los 312 euros y los 1.250 euros, en función de la situación y de la necesidad a cubrir. Así, se establecen ayudas máximas de 1.250 euros para alojamiento, alimentación, vestimenta, higiene y adquisición de útiles para el mantenimiento de la vivienda; de 187 euros para pagar el recibo del agua; de 300 euros para el de la luz; y de 250 euros para el de la comunidad.
Se permite el pago de mensualidades hasta un máximo de cuatro meses en el caso del alojamiento, agua, luz y comunidad. Y solo en situaciones excepcionales, y con la justificación oportuna, se podrá ampliar a seis meses. Además, solo se permite abonar un mes por adelantado.
«Las ayudas económicas de emergencia social se concederán a propuesta de los servicios sociales municipales, una vez constatada y valorada la situación de emergencia o extrema necesidad que presentan sus solicitantes», determina el convenio, que aclara que este tipo de asistencia es puntual y «solo se podrá conceder a un miembro de la unidad convivencial».
Con carácter excepcional, se podrá cubrir otras necesidades no consideradas como básicas «siempre que no estén cubiertas en su totalidad a través de las ayudas económicas del propio Ayuntamiento, ni por otras de los sistemas públicos existentes».
Los requisitos para recibir este tipo de ayudas son ser residente en el municipio, ser mayor de edad y tener reconocida por los servicios sociales la situación de emergencia social o necesidad.
La concejala de Bienestar Social, María del Carmen Vargas, detalló que las bases y el baremo los fija el Cabildo de Gran Canaria. Aseguró que la vulnerabilidad de las personas no tienen en cuenta el color o la raza.
El PP apoyó el convenio. «Confiamos que en 2025 no se produzca una devolución de más de 300.000 euros, como ocurrió en 2024», dijo Olga Palacios.
Desde Vox, Carmen Rosa Expósito criticó la baremación del convenio porque «por el mero hecho de ser inmigrante o de minorías étnicas se le dé más puntos en la baremación, lo que consideramos una injusticia», sobre todo si se compara con las familias numerosas. «El criterio no es correcto», dijo, antes de acusar al gobierno de discriminar «al local frente al inmigrante», algo que no hace la norma.
Coalición Canaria respaldó el convenio, pero criticó que el reparto de fondos entre los municipios «no es el más justo» ya que «no es igual la situación de vulnerabilidad en este municipio y en otros», según expuso el edil David Suárez. En su opinión, se debería tener en cuenta a la población vulnerable, y no a la población total, para el reparto de los fondos.
«Nos importan las personas, vengan desde donde vengan, y no admitimos el racismo y la xenofobia», sentenció la alcaldesa, Carolina Darias, en referencia a Vox.
El convenio se aprobó por todos los grupos, excepto por Vox.
12:20
Vía libre al pago de 2,51 millones de euros
El Pleno ha aprobado dos expedientes de reconocimiento de crédito por un importe total de 2,51 millones de euros.
El primero incluye facturas por valor de 1,79 millones de euros. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que Ciudad de Mar es la más beneficiada, con más de un millón, sobre todo para pagar el contrato de mantenimiento de playas. «Estamos pagando las facturas de fines de 2024 y de 2025, y casi nos ponemos al día», explicó, «seguiremos trayendo reconocimientos de este contrato hasta que lo adjudiquemos».
El resto son obras de Urbanismo y un expediente de Servicios Sociales.
El responsable municipal de Hacienda reconoció que muchas facturas son de años anteriores, pero insistió en que se está haciendo esfuerzos para minorar las deudas. Y adelantó que en octubre se traerá un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar una cantidad sustanciosa de facturas, entre ellos 27 millones de euros solo en Aguas.
El PP preguntó cuánto tiempo se mantendrá esta situación. La concejala Olga Palacios criticó que en Urbanismo se haya tardado en pagar casi cuatro años. «Se causan daños casi irreparables a las empresas que tardan tanto en cobrar», advirtió, «están recogiendo una mala gestión de sus antecesores, que eran de sus siglas».
Desde Vox, Alberto Rodríguez Almeida aseveró que el expediente cuenta con facturas desde febrero de 2022 y rechazó que se abuse de este procedimiento de pago.
Para David Suárez, de Coalición Canaria, no se puede hablar de agilización de los pagos. Recordó que hay un convenio pendiente con la Autoridad Portuaria para gestionar Las Alcaravaneras.
En cuanto al segundo expediente, son facturas por unos 707.000 euros, de los que más de medio millón se atribuyen a Urbanismo.
En este caso, Olga Palacios recordó que las facturas de Urbanismo son las de una actuación de emergencia en la calle Cantabria, que se inició en 2022 y que tardó dos años en terminar. «Lo peor es que sigue faltando un vial», expuso, «los vecinos siguen sin tener un acceso digno a sus viviendas».
También reseñó los 150.000 euros de Tráfico y Movilidad, que era una aportación de 2021 para pagar a Guaguas Municipales. «Los propios funcionarios tienen que denunciar que no pueden realizar su trabajo por falta de personal», denunció, «en esta ciudad se tarda entre dos años y medio y tres en conceder un vado».
Al final, Hernández Spínola reconoció el problema con los vados y adelantó que en breve se pondrán al día, pero solo en las peticiones realizadas en el año 2024.
11:34
Importante
La capital bonifica el impuesto de construcciones a las viviendas protegidas y los puntos de recarga eléctrica
El Pleno ha aprobado este viernes una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que tiene como principales novedades la incorporación de nuevas bonificaciones. A partir del año que viene, la construcción de las viviendas de protección oficial tendrá un ahorro del 50% en el ICIO, mientras que la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos -siempre y cuando no sean obligatorios- ahorrará a sus promotores un 20% del impuesto.
«La primera medida responde a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda asequible y dar respuesta a la crisis habitacional, alineándose con las políticas públicas que consideran la vivienda un derecho fundamental», detalla el texto que ha aprobado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, «la segunda bonificación se justifica por el compromiso municipal con la movilidad sostenible y la reducción de emisiones, incentivando la adaptación del parque móvil y la infraestructura urbana a los objetivos de descarbonización y transición energética, en coherencia con las recientes reformas de otras ordenanzas fiscales y el marco legal estatal».
Al mismo tiempo, se establecen tres tramos de bonificación del impuesto para los inmuebles catalogados con protección urbanística: de un 75% para los edificios con protección integral; de un 35% para los que tienen la protección ambiental; y de un 10% para los de protección parcial.
Se mantiene el 95% del descuento para las obras de especial interés o utilidad municipal por circunstancias sociales o culturales; un 75% para el aprovechamiento de energía solar; y un 65% para mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
Los interesados deberán optar por una de estas bonificaciones cuando puedan beneficiarse de varias ya que no se trata de rebajas acumulables.
Según el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estas modificaciones no comprometen la suficiencia de los ingresos municipales. En el presupuesto de 2025 se fijó una previsión de ingresos de 7,23 millones de euros por el ICIO.
La ordenanza de este impuesto no se actualizaba desde 2014, de ahí que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya optado también por hacer otro tipo de cambios con el fin de adoptarla a nuevas leyes, entre ellas la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública que evita las exenciones que hasta ahora se aplicaban a las obras en edificios con fines religiosos. Ahora, la Iglesia se equiparará fiscalmente a otras entidades sin ánimo de lucro y solo podrán beneficiarse de las bonificaciones si cumple los requisitos generales de la ordenanza.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que el ICIO está vigente desde 1989 en Las Palmas de Gran Canaria y destacó las novedades de la nueva norma. «Es una demostración del compromiso del gobierno con las viviendas protegidas y con la movilidad sostenible», aseveró, «el Ayuntamiento continúa con la senda de reducción de la carga tributaria».
Vox presentó una enmienda y pidió la derogación del ICIO porque hace soportar a los contribuyentes una carga fiscal innecesaria. «Esto incrementa el costo final de la vivienda», dijo Alberto Rodríguez, «al reducir los costes se incentiva la creación de empresas y empleo, y seríamos una ciudad más atractiva para los inversores».
La moción de Vox fue rechazada por el Pleno. Spínola destacó el cambio de posición del grupo porque en la comisión del jueves votó a favor del nuevo ICIO.
Rodríguez Almeida lamentó que se perdiera la oportunidad de rechazar un impuesto que carga las viviendas y defendió que no hay contradicción en lo manifestado en su partido entre el jueves y el viernes. «Las bonificaciones las apoyamos, pero aspiramos a la derogación de la norma con carácter supletorio», indicó el portavoz de Vox, «es injusto porque se cobra a quienes quieren construir o rehabilitar una vivienda y no se tiene en cuenta su situación económica».
El concejal Ignacio Guerra (PP) calificó la propuesta como «cortina de humo» para ocultar que no se cumplirá la promesa de construcción de mil viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. Respecto a la exención en la adaptación de viviendas, lamentó que no se aplique a aquellas obras en las que sea obligatoria. Y también dijo que el 20% de bonificación para las instalaciones eléctricas es «ridícula».
Luego intervino Spínola en nombre del grupo de gobierno y defendió que para mejorar la respuesta al problema de la vivienda es la declaración de zona tensionada. «Los alquileres se han vuelto insoportables y tenemos una fórmula para abaratarlos, pero el Gobierno de Canarias nos tiene frenados», se quejó, «esto es inexplicable».
Entonces, David Suárez (CC) anunció el voto a favor de la modificación del ICIO y señaló que el Ayuntamiento tiene competencias para reducir el crecimiento del alojamiento turístico a través de la modificación del Plan General, como hizo Bilbao.
En su segundo turno, el Partido Popular restó relevancia a la reducción del ICIO. «Ni la ley de vivienda ni la zona tensionada son la solución», expuso, «esta modificación es necesaria, pero no se queden en el 50% de la bonificación de las viviendas protegidas, el PP lo subirá al 95% cuando gobierne».
Por último, el concejal de Hacienda defendió el pago de impuestos. «Sin ellos, no habría administración pública», recordó. Insistió en que las zonas tensionadas son efectivas, como ha pasado con la reducción del precio de los alquileres en Cataluña. «Dennos oportunidad para establecer mecanismos para que la ciudad tenga alquileres más asequibles», expuso.
Al final, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendió que se va a una tributación más justa, como pasó con la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Recordó que el Gobierno de Canarias incumplió su promesa de bajada del IGIC. «Entiendo que ustedes no soporten que no traigamos buenas noticias para la ciudadanía», expuso.
«Este Ayuntamiento ha sido el único que ha presentado un informe riguroso que acredita que cumplimos tres de los cuatro requisitos y ni tan siquiera hemos recibido la respuesta (del Gobierno de Canarias)», añadió en referencia a la petición de zona tensionada. «Es difícil que sea justificable que un ayuntamiento como este no reciba ni una respuesta porque es posible en Cataluña, en Euskadi y en Galicia», insistió la regidora, «se niega esta oportunidad a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, no quieren que al menos intentemos poner en marcha esa medida».
Además, recordó que la competencia en vivienda está en el ámbito autonómico. «El Gobierno en el que su parido forma parte ha dejado de financiar dos promociones de 68 y 115 viviendas porque no hay recursos suficientes», indicó, «¿no hay recursos para Las Palmas de Gran Canaria o para ningún municipio?». El Ayuntamiento anuncia que lo financiará con fondos propios pese a que están incluidos en el Plan Canario de Vivienda.
«Una iniciativa como la del ICIO es positiva para la gente», defendió.
Por alusiones, David Suárez lamentó el uso abusivo del debate. Recordó que la modificación del planeamiento es otra herramienta que tiene el Ayuntamiento y aclaró que el Gobierno de Canarias ha puesto dinero para construir viviendas de alquiler asequible. «No hay dinero porque el Estado no ha puesto más dinero», expuso.
Por último, Carolina Darias insistió en la falta de financiación de esas dos promociones referidas. Y recordó que las otras promociones han recibido fondos Next Generation desde el Gobierno de España. «Estoy en mi obligación de manifestar estas cuestiones».
10:40
El IMD mantiene la gestión de las canchas del Puerto
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria sellan el convenio por el que se encomienda al Instituto Municipal de Deportes la gestión de las zonas deportivas en zona portuaria: el campo de fútbol 11 que está junto a la ITV del Puerto de La Luz y de Las Palmas, y la pista polideportiva de Alcaravaneras, donde hay una cancha de fútbol, una de baloncesto y otra de voleibol.
El acuerdo se mantendrá vigente hasta 2028, con posibilidad de extenderlo cuatro años más.
10:38
El Pleno expresa sus condolencias por el fallecimiento de Dulce Xerach
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria expresa las condolencias de la ciudad por el fallecimiento de Dulce Xerach
10:37
Importante
El Ayuntamiento sortea el rechazo vecinal a la construcción del mayor edificio residencial de Gran Canaria
El Pleno ratificó la propuesta municipal de desestimar la petición del colectivo Guanarteme Se Mueve para dejar sin efecto la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, adoptada en mayo de 2022, por la que se establecía el sistema de compensación para ejecutar la actuación de dotación 16 (AD-16) que permite la construcción del mayor edificio residencial de Gran Canaria. Se trata de un inmueble con 468 pisos, 831 plazas de aparcamiento y más de 350 trasteros que se está levantando en estos momentos en la plaza de América.
Los vecinos entienden que la prolongación de la avenida José Mesa y López hacia el centro comercial Las Arenas, que acompaña a la actuación y que se calcula que costará 3,75 millones de euros, debería ser costeada por el promotor de la obra ya que no se incluyó como un sistema general en el Plan General de Ordenación.
Sin embargo, el reparto de cargas de la AD-16 deposita esta obligación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «No tiene sentido delimitar la AD-16, otorgándole mayor aprovechamiento con el fin de obtener como dotación pública la prolongación de Mesa y López, si dicha dotación la tiene que sufragar la Corporación; resultando un contrasentido, una desventaja, y una verdadera pérdida para los habitantes de esta ciudad, que además de asumir los inconvenientes y molestias que conlleva una mayor edificabilidad -aumento de población, congestión del tráfico, disminución de los ratios de espacios libres, y demás equipamientos y dotaciones del barrio-, tengan que sufragar ellos la ejecución de las obras de la dotación que se pretendía obtener», recoge el recurso vecinal. »
Por su parte, el Ayuntamiento entiende que la obra debe ser costeada con dinero público ya que, por la mejora que aportará a la ciudad, tiene un carácter «estructurante del territorio». De hecho, se asegura que la conexión de la plaza de América con El Rincón «es una calle o vía urbana que trasciende también la significación meramente local para erigirse de igual modo como una vía de sistema general».
El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, defendió que la revisión de oficio no tenía lugar. Según dijo, la petición vecinal no tiene en cuenta que la ampliación de Mesa y López, desde 2012, sea un elemento estructurante para Las Palmas de Gran Canaria. Y aclaró que la inadmisión tiene su justificación en que no se puede hacer una revisión de oficio de un acto aprobado doce años antes porque vulnera el principio de buena fe.
Para el PP, la propuesta de inadmisión a trámite de la petición de Guanarteme Se Mueve se tiene que desechar porque el plazo para no admitirla está cumplido. «La asociación se siente legitimada para presentar un contencioso-administrativo y ya lo ha hecho», expuso Gustavo Sánchez, quien entiende que el vial de Mesa y López no está regulado de manera expresa como un sistema general. «Se le atribuye en el informe, pero no en los planos», advirtió, «si se quiere hacer así, se debería realizar de modo expreso por mayor seguridad jurídica».
«Lo preocupante de esto es que este edificio se convierta en una denuncia continua», señaló David Suárez (CC), «y nos encontremos con un edificio parado en medio de la ciudad». Recordó que hay otros edificios proyectados en la zona, que también chocan con la intención de crear una zona tensionada.
La historia de este espacio residencial se inició en el año 2000, cuando el planeamiento abrió la puerta a la construcción de un edificio de 13 plantas y 298 viviendas. Fadesa se iba a encargar de desarrollarlo y lo bautizó como el Gran Guanarteme, pero la anulación de la AD-16 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en 2004, y en el Tribunal Supremo, en 2008, junto a la situación concursal de la empresa hicieron varar esta propuesta.
Aunque el Ayuntamiento trató de mantener las 13 alturas, una nueva sentencia del TSJC tumbó la ordenación en 2010, dos años antes de la reformulación definitiva de la pieza, que queda en diez alturas en su punto más alto.
Ocho años después, la promotora Residencial Las Américas -liderada sobre todo por Dinosol y Satocan- iniciaba los trámites para impulsar la urbanización de la zona. Y en 2021, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobaba la modificación menor del Plan General de Ordenación en la AD-16, que no recibió ninguna alegación en contra.
10:20
El traslado de la subestación eléctrica de La Cícer vuelve al pleno
El Pleno ha tenido que volver a ratificar su compromiso con el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer a la zona que está bajo el puente del Rincón. Aunque en junio ya se aprobó el documento ambiental estratégico de la modificación menor del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Barranco de Tamaraceite-El Rincón, la falta de la firma del geógrafo redactor, por un error informático en el proceso de rúbrica, ha obligado a enmendar este fallo y a devolver el expediente al pleno.
La modificación en la que se trabaja en el área de Urbanismo es la de recalificar el suelo que necesita la instalación eléctrica, que pasará de suelo rústico de protección paisajística 3 (SRPP-3) a equipamiento estructurante, como se califica a aquellas instalaciones que tienen utilidad comunitaria, dentro del suelo rústico.
Desde hace más de una década, la asociación ciudadana Recuperar La Cícer ha tratado de recuperar este espacio y su reivindicación ha tenido un gran número de sentencias favorables, en el sentido de que la instalación eléctrica es ilegal e ilegalizable.
10:16
Cambio en la catalogación de un edificio del siglo XIX
El Ayuntamiento ha dado cumplimiento a una sentencia de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se cambia la ficha de catalogación del inmueble que hace esquina en las calles Lentini y Triana, incluida en el catálogo de protección municipal. La decisión fue ratificada por unanimidad.
El inmueble, construido en la primera mitad del siglo XIX, se somete a una actualización en sus determinaciones urbanísticas. Si bien no cambia su nivel de protección, que sigue siendo ambiental, sí tiene que someterse a algunas correcciones, como la numeración actual de la calle.
El cambio más importante es el referido al cambio de directrices de intervención (ya no hace falta recuperar los huecos originales) y el permiso del uso residencial, que está establecido en la segunda planta del inmueble desde hace años.
El edil de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, hizo hincapié en que se trata de un cambio obligado por una sentencia.
El concejal del PP Gustavo Sánchez entiende que «el Ayuntamiento ha salido bien parado porque los cambios no minoran la protección», pero considera necesario hacer una revisión de oficio del catálogo de protección.
10:10
Así va el presupuesto de este año: un 31% de los ingresos y un 22% de los gastos
El Ayuntamiento dio cuenta este viernes del nivel de ejecución presupuestaria de la primera mitad del año. Se trata de un documento que no ha recogido la mayor parte de los ingresos y gastos, en parte por el retraso con el que se aprobaron las cuentas; y en parte también porque la mayor parte de las liquidaciones se suelen contabilizar en la segunda mitad del año.
En materia de ingresos, de los 551,1 millones de euros presupuestados, se cuenta ya con derechos de cobro por valor de 170,07 millones de euros (casi un 31%); en cuanto a los gastos, de los 550,76 millones presupuestados, ya ha reconocido en obligaciones de pago unos 119,79 millones de euros (casi un 22%).
Si se presta atención a las inversiones, el nivel de ejecución se ha quedado en un 4,9% (6,6 millones de los 135,2 millones previstos), que es el segundo más bajo a estas alturas del año desde el ejercicio presupuestario de 2020.
Como en el punto del orden del día anterior, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió el nivel de ejecución. «Cuando se cierra esta ejecución, los créditos iniciales de 520 millones se habían incrementado en unos 30 millones, que representan un 21,75% de las obligaciones reconocidas», expuso, «es mejorable, pero hay que considerar que el presupuesto se aprobó en abril, lo que lastra la ejecución; también hay que tener en cuenta que estamos mitad de partido y hay todavía posibilidades de gastar; en tercer lugar, por mi experiencia, la tendencia natural de todas las administraciones públicas se caracteriza por un aumento de la intensidad en los dos últimos trimestres».
La crítica del PP la protagonizó el edil Diego López-Galán, quien calificó de «fracaso» el nivel de ejecución presupuestaria del primer semestre. «El presupuesto se aprobó en abril porque ustedes lo aprobaron ese mes», señaló. Repasó los niveles de ejecución de algunas partidas, que incluso están por debajo de la del año de la covid. «Dígale a la gente que tiene en el banco 624 millones de euros con los contenedores rebosantes, sin viviendas de alquiler social», expuso.
Reprochó al gobierno que presentara los presupuestos como los mayores de la historia cuando sabían «que no los podrían ejecutar» con las limitaciones del techo de gasto.
La postura de Vox, defendida por Carmen Rosa Expósito, criticó también el retraso en la aprobación de los presupuestos. «Es una administración ineficaz».
Desde CC, David Suárez lamentó la baja ejecución. «Los recursos no suficientes por mucho que quieran apretar», expuso, «es preocupante que solo se ejecute un 4,89% de las inversiones».
En su segundo turno, Spínola adelantó la ejecución a 25 de septiembre. Las obligaciones reconocidas son 219,7 millones, superiores a las de 2023 y 2024. «Puede ser factible aproximarnos a un resultado que supere el 90% al finalizar el ejercicio», detalló, «el dinero está en el banco porque no podemos gastarlo».
Al final, la alcaldesa Carolina Darias reconoció las dificultades de las administraciones locales, tanto en materia de personal, como a la hora de llevar las políticas públicas municipales.
09:44
El Ayuntamiento cerró las cuentas generales de 2024 con un ahorro de 92,3 millones de euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado las cuentas generales de 2024, un documento que pone de manifiesto la situación económico-patrimonial y el resultado de su gestión económica. El Consistorio cerró el año pasado con un ahorro de 92,3 millones de euros, un 143% más que en 2023.
El informe del Órgano de Gestión Económico – Financiera detalla que el «importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto ascendió a 76.153.075,67 euros».
Del remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto 2024 (unos 464 millones de euros), el volumen total de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados asciende a 247,5 millones de euros, de los cuales el 73,31% son anteriores al 2019 y se encuentran totalmente provisionados. «Se reitera lo señalado en los informes de ejercicios anteriores sobre la necesidad de depurar estos saldos que, en su mayoría, corresponden a los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos», detalla el Órgano de Gestión Económico-Financiera.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, adelantó que esta queja a va a ser subsanada en el ejercicio siguiente. Resaltó los 2.134 millones de euros del activo municipal y defendió la gestión municipal, aclarando que tenían hasta octubre para aprobar la cuenta.
Por su parte, la concejala Jimena Delgado-Taramona, en representación del PP, señaló que los datos demuestran que «su gestión merece un suspenso profundo». Para ella, son «la radiografía de un ayuntamiento que no funciona». «Ahora entendemos por qué la ciudad está tan sucia, por qué hay ratas, por qué faltan policías, por qué están los socorristas manifestándose», expusan, «no hay personal ni medios, y ustedes no ejecutan».
Criticó que se tenga 600 millones de euros en el banco mientras se debe 92 millones de euros a las empresas en la cuenta que recoge las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
Desde Vox, Carmen Rosa Expósito repasó las deficiencias que hay en la ciudad y la falta de gestión municipal, que tienen su reflejo en la cuenta general. «El presupuesto se tiene que notar en el día a día de los ciudadanos».
Para el portavoz de CC, David Suárez, «llegamos tarde» a la corrección solicitada por el Órgano de Gestión Económico-Financiera y lamentó que no se aprobaran las cuentas en plazo. «Tenemos una deuda de 253 millones de euros con acreedores», advirtió.
Spínola aseguró que las críticas del PP son «mentira», como el hecho de que no haya 200 trabajadores menos en las oficinas municipales, si bien no aclaró el descenso del personal. Además, defendió la ejecución del 99% del presupuesto que marca el techo de gasto y aseguró que la cuenta 413 –las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto- ha pasado de más de cien millones de euros a solo 76 millones de euros.
«Este Ayuntamiento tiene superávit y estamos constreñidos porque no podemos gastarnos todo lo que tenemos en el presupuesto», sentenció.
Vox le respondió que el superávit no puede ser motivo de orgullo porque es un dinero que acaba en el banco.
En su siguiente turno de palabra, Delgado-Taramona acusó a Spínola de mentir. «Los ciudadanos saben quién dice la verdad porque ellos sufren todos los problemas que pone en evidencia la cuenta general», indicó.
Por último, Spínola acusó al PP de importar la crispación al Salón Dorado. «Nunca jamás un grupo de la oposición ha llevado al gobierno cinco veces a la Fiscalía, infundiendo miedo a los funcionarios y eso genera inactividad, también en las empresas que se están retrayendo porque no quieren acabar en la Fiscalía», expuso, «judicializa la vida política y lo fía todo a la Fiscalía Anticorrupción». Y aclaró que la reducción de personal se queda en 113.
Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias remató el punto del orden del día aclarando que el exceso de financiación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se debe al cumplimiento de las leyes actuales y de la regla de gasto. «¿Se imagina que el Ayuntamiento hubiera incumplido?», puso sobre la mesa.
09:28
Los socorristas protestan en la plaza de Santa Ana
Los socorristas en huelga por la mejora de sus condiciones laborales se manifiestan ante las Casas Consistoriales, donde se celebra el pleno.
09:15
La salida de Vox de Clotilde Sánchez resta 4.800 euros al año al partido de ultraderecha
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comienza con la ruptura de Vox . La concejala Clotilde Sánchez sale de la formación con la que concurrió a las últimas elecciones en cuarto lugar y se queda como concejala no adscrita.
La decisión, motivada por las diferencias no aireadas pero cada vez más patentes, supone un golpe económico a la formación de ultraderecha. La pérdida de un representante hace perder a Vox unos 4.800 euros al año.
Hay que tener en cuenta que la asignación económica a los grupos políticos municipales consta de dos partes: la fija, que está formada por 2.000 euros al mes; y la variable, que se establece en función del número de concejales conseguidos en las elecciones, y que en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está consignada en 400 euros mensuales.
Así, Vox tenía 2.000 euros de asignación fija y otros 1.600 euros por sus cuatro concejales. Al perder uno, ahora pasará de ingresar 43.200 euros al año a 38.400 euros.
Para Sánchez, en cambio, su nueva condición de concejala no adscrita no representa ninguna alteración económica ya que seguirá cobrando por asistencia a pleno (250 euros brutos) y a comisiones (150 euros brutos), con la limitación de que no podrá tener ingresos a los que disfrutaba como edila de Vox.
El primer cambio visible de la salida de Sánchez fue su posicionamiento en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales. La concejala no adscrita se sentó ahora a la derecha del portavoz de CC, David Suárez, que queda como barrera entre Clotilde Sánchez y sus ya excompañeros.
El cambio de condición de Clotilde Sánchez también impondrá una reorganización de la composición de las comisiones «a fin de mantener la proporcionalidad y representatividad del Pleno» y una reducción del número de mociones que podrá presentar Vox en los órganos municipales.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, acusó a Clotilde Sánchez de transfuguismo y responsabilizó al PP de promover la disolución de su partido para evitar competencia electoral. «Usted ha adquirido la condición de tránsfuga desde que mantiene el acta de concejal y abandona el partido», le dijo, «es una gran deshonra que usted sea funcionaria del Cabildo de Gran Canaria».
La concejala no adscrita pidió el amparo de la alcaldesa, Carolina Darias, para que no se le llamara tránsfuga y solicitó respeto para otros compañeros que la han precedido, como Miguel Rastrero, concejal del Puerto del Rosario.
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