Protesta de los vecinos de Las Torres: la explicación de Darias de que la ordenación no está cerrada no les tranquiliza
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Lo más importante
El Pleno de junio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está marcado por la utilización de fondos propios para pagar facturas que se acumulaban en los cajones de las oficinas municipales.
16:31
Acaba el pleno ordinario del mes de junio tras siete horas y media de sesión.
16:02
Importante
Las Torres sigue instalada en el miedo a la expropiación de 127 viviendas
La explicación del Ayuntamiento de que la ordenación no está definida ni decida no tranquiliza a los vecinos. Los residentes recriminan a la alcaldesa las determinaciones municipales cuando se acercó a tranquilizarlos
Los vecinos de Las Torres siguen instalados en el miedo a las expropiaciones. La inclusión de un escenario, el que aparece como escogido, que plantea la desaparición de 127 casas terreras y su sustitución por espacios libros en el documento de evaluación ambiental con el que se inicia la modificación del Plan General de Ordenación exacerba los ánimos e intranquiliza a todos. Las explicaciones que ofrece el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de que no se trata de la ordenación final y de que se tendrá en cuenta la opinión de los vecinos antes de ordenar el barrio, no es suficiente. Un mapa vale más que mil palabras.
Ese mismo mapa fue el que mostró el presidente de la asociación de vecinos Las Torres Altas (Avetal), Juan Angulo, en su alocución a los corporativos. «Pongan en un documento que nuestras casas no se tocan», reclamó el representante vecinal al gobierno local, «no a la expropiación de Las Torres, no queremos más nada».
Estos vecinos viven bajo la 'amenaza' del plano de la alternativa seleccionada como preferente en el expediente de inicio de la modificación del Plan General de Ordenación, en el ámbito de Nueva Ciudad Alta.
El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, se dirigió a los vecinos para informarles de que el documento de evaluación ambiental, que es el que está en trámite ahora, no tiene ningún efecto de ordenación, por mucho que el documento incluya una alternativa como preferente. Y les aseguró que la ordenación final contará con la voz de los vecinos.
Pero estas palabras ni tranquilizaron ni satisficieron a los vecinos, atemorizados por las explicaciones del documento que se está tramitando. Por eso, al abandonar el Salón Dorado de las Casas Consistoriales, una vecina recriminó al Ayuntamiento su actitud. « Si fueran sus casas verían, si vieran a sus pares llorando en las puertas de sus casas», gritó.
Esto hizo que la alcaldesa solicitara un receso en el pleno y se acercara hasta los vecinos para tratar de desmontar el discurso del miedo que, en su opinión, ha articulado el Partido Popular, al que definió como «el partido del miedo». Sin embargo, esto propició un momento de tensión, con gritos y algunos sollozos, ya que algunos de los vecinos recriminaron a la alcaldesa la plasmación en un documento de la expropiación de sus viviendas. El acercamiento de la regidora no sirvió para despejar los temores de unos vecinos, que insisten en la retirada del documento.
Momentos antes la alcaldesa les había pedido tranquilidad. «No vamos a ir en contra de los vecinos, vamos a ir a favor del interés general», expuso Carolina Darias, «ya está bien de los señores del miedo, no se lo merecen los vecinos de esta ciudad».
Pero los vecinos, que llevaban manifestándose en la plaza de Santa desde primera hora, se marcharon con el mismo miedo y mayor indignación tras reprocharle la adopción de un procedimiento que le ha infundido un temor que atribuyen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta situación se produjo tras el debate de una moción presentada por el Partido Popular para posibilitar la apertura de un proceso participativo antes de continuar la tramitación.
El gobierno rechazó la propuesta porque entiende que como la propuesta está en fase de evaluación ambiental, no hay ordenación alguna y, por tanto, no existe formalmente ninguna propuesta, ni siquiera la que incluye la expropiación de las 127 viviendas como alternativa preferente.
14:57
Con los enfermos de ELA: «La enfermedad no puede seguir esperando»
Con motivo de la celebración, el pasado 21 de junio, del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa grave, progresiva e incurable, que afecta al sistema nervioso y provoca, con el paso del tiempo, la pérdida progresiva de la movilidad, la capacidad de hablar, de alimentarse y de respirar, sin que ello afecte a las capacidades cognitivas de la persona, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitió este viernes un acuerdo declarativo en el que se solicita al Gobierno de España y al de las comunidades autónomas, un mayor esfuerzo para abordar esta enfermedad.
Se estima que, en España, tres personas son diagnosticadas de ELA cada día. Y su impacto no solo es físico y psicológico, para el enfermo y sus cuidadores, sino también económico ya que se estima que el coste total por paciente puede superar los 50.000 euros al año, de los cuales más de 34.000 euros suelen ser asumidos directamente por las familias
Así, aunque se reoconocen los avances la aprobación de la Ley ELA y d eun plan de choque inicial dotado con 10 millones de euros para financiar cuidados profesionales, se hace necesario todavía la aprobación del reglamento que permitirá concretar las prestaciones y garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio.
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acuerda:
- 1
Reafirmar nuestro apoyo, reconocimiento y compromiso con las personas afectadas por ELA, sus familias y personas cuidadoras, reconociendo su enorme esfuerzo y dignidad.
- 2
Trasladar nuestro agradecimiento y apoyo a las entidades sociales, científicas y profesionales que, en todos los territorios, trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y para avanzar en el conocimiento y el tratamiento de la misma.
- 3
Instar a las administraciones competentes el compromiso a la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos de salud, atención social y dependencia, como pilares fundamentales del Estado del Bienestar y garantes de una respuesta solidaria, equitativa y eficaz frente a enfermedades como la ELA.
- 4
Valorar positivamente los avances legislativos producidos a nivel estatal en materia de ELA y reconocer la importancia de seguir profundizando en su desarrollo normativo, así como en la dotación progresiva y suficiente de recursos que garanticen su aplicación efectiva en todo el territorio. El compromiso institucional debe mantenerse firme para que los derechos reconocidos por la ley se traduzcan en mejoras concretas en la vida de las personas afectadas.
- 5
Reiterar nuestro compromiso con una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, y con unos servicios sociales robustos y bien financiados, como garantía de cohesión, igualdad y justicia social.
«Porque cada vida cuenta. Porque la ELA no puede seguir esperando. Y porque una sociedad decente se construye cuidando a quienes más lo necesitan», acabó la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, su intervención.
14:56
En apoyo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ contra Vox : «No voy a esconder a quien amo porque ustedes no se sientan cómodos»
Los grupos políticos municipales del PSOE, PP, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos y Coalición Canaria acordaron emitir una declaración en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI+.
Sus peticiones son:
Impulsar protocolos específicos de atención integral a víctimas de agresiones motivadas por el odio, con especial atención a menores, personas trans y colectivos especialmente vulnerables.
Promover la formación continua del personal público —especialmente en los ámbitos de servicios sociales, seguridad ciudadana y educación— en materia de diversidad sexual y de género.
Desarrollar campañas educativas y de sensibilización que promuevan el respeto, prevengan la discriminación y fomenten la convivencia en diversidad.
Instar a las administraciones competentes a implementar el Plan de Educación Afectivo-Sexual en todos los centros educativos, desde una perspectiva inclusiva y basada en derechos.
Instar a las administraciones competentes a colaborar activamente con los colectivos LGTBI+ de Canarias en el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2021 de Igualdad Social y No Discriminación, conocida como Ley Trans e Intersex de Canarias.
Condenar enérgicamente los ataques sufridos por el mural dedicado a Isabel Torres, activista trans y símbolo del compromiso con los derechos del colectivo. Cada agresión a este símbolo de diversidad recibirá una respuesta decidida por parte de esta institución. No daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos.
Reafirmar nuestro compromiso con la igualdad y la diversidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Alzamos la voz junto a quienes defienden la dignidad y los derechos de las personas LGTBI+ en todo el mundo.
Proclamar, en este Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que no hay espacio para la indiferencia ni para el silencio ante el odio. Seguiremos trabajando, junto al tejido asociativo y a la ciudadanía, por una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad, dignidad y sin miedo.
La concejala del PP María Amador defendió la libertad de elegir. «El día del orgullo no es solo de fiesta y reivindicaciones, es un día para recordar que el respeto y la igualdad son derechos, pese a que son cuestionados por Vox», sentenció la edila. «Vox dice que no hace falta una bandera colorinchi y que todos somos iguales, que no existe discriminación, pero cada día personas del colectivo lgtbi siguen sufriendo insultos y las personas trans ven cuestionada su identidad», añadió, «no se trata de hacer ciudadanos de primera y segunda, sino de reconocer que hay distintos puntos de partida de identidad y de igualdad».
«No voy a esconder a quien amo para que ustedes se sientan cómodos», dijo a la bancada de Vox, «no se puede amar a España sin amar a todos sus ciudadanos».
Su intervención recogió los aplausos del gobierno y del PP.
Desde Vox, Carmen Rosa Expósito se posicionó en contra de la propuesta. «Nuestro rechazo es hacia el contenido ideológico de la declaración», expuso, «el respeto se garantiza a través del estado de derecho, por eso la bandera de España es la que debe ondear en las instituciones porque representa a todos». En su opinión, lo que se está produciendo es un adoctrinamiento desde las instituciones y una distorsión de las prioridades: «el Ayuntamiento se compromete a campañas, ¿es el mejor uso de los recursos públicos?».
«Uno de los puntos más graves de la declaración es la intención de implantar cursos afectivo-ideológicos», lamentó Expósito.
Para la concejala de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, es un orgullo debatir este asunto en una ciudad abierta, diversa y respetuosa. Reivindicó el papel de los colectivos para levantar esta defensa y advirtió de que estamos «en un retroceso» de los derechos fundamentales.
Por su parte, el concejal de CC, David Suárez, recordó al gobierno que votó en contra de su moción, que proponía medidas como sumar puntos arco iris en los actos municipales.
En su segundo turno, Carmen Rosa Expósito se dirigió a María Amador para decirle que no estaban en su contra. Le aseguró que no había entendido su posicionamiento, que es «ante una postura ideológica y excluyente».
Por último, la concejala de Igualdad, Betsaida González defendió que lo que se está haciendo es evitar la discriminación, no apostar por el adoctrinamiento, como entiende Vox.
13:53
La ciudad pide la paz en Gaza en un debate agrio y lleno de recriminaciones
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se sumó este viernes «a la voz de millones de personas en todo el mundo que exigen el fin de la violencia y la protección del pueblo palestino ante la gravísima situación humanitaria que sufre la Franja de Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados». Y lo hizo en un debate tenso y lleno de recriminaciones mutuas.
Pese a que el grupo socialista rechazó este mismo mes la concesión de la medalla de oro para la comunidad palestina, que lleva más de un siglo en la ciudad, este viernes se sumó a Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos en la condena de unos ataques protagonizados por Israel que, desde octubre de 2023, han causado la muerte de más de 55.000 personas en Gaza, entre ellas, más de 16.000 menores.
Frente al horror de la guerra, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reclamó los siguientes puntos:
- 1
Exigir un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, así como el cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario y la protección efectiva de la población civil, con especial atención a la infancia, denunciando que las acciones llevadas a cabo contravienen los principios recogidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio.
- 2
El acceso completo, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria, condenando su bloqueo sistemático y su utilización como instrumento de guerra, y respaldando a las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias.
- 3
El apoyo a la resolución presentada por España y Palestina ante la Asamblea General de Naciones Unidas, así como al papel del Gobierno de España en la defensa de una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados.
- 4
El respaldo al reconocimiento del Estado de Palestina, como medida indispensable para avanzar hacia una solución política que garantice la paz, la seguridad y los derechos de ambos pueblos.
- 5
El rechazo de la ocupación y colonización de los territorios palestinos por parte del Estado de Israel, así como la expansión de asentamientos, la violencia de los colonos, los desplazamientos forzados y otras prácticas contrarias al Derecho Internacional.
- 6
El apoyo a la solicitud del Gobierno de España para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre las obligaciones del Estado de Israel en relación con el acceso humanitario en Gaza.
- 7
Instar al Congreso de los Diputados a aprobar con urgencia una ley que establezca un embargo de armas al Estado de Israel, así como reforzar los mecanismos de control sobre el comercio militar.
- 8
Solicitar a todas las administraciones públicas la inclusión de cláusulas de cumplimiento ético y legal en todos los contratos públicos, con el fin de impedir que empresas u operadores económicos vinculados a violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario puedan establecer relaciones contractuales con las instituciones públicas.
- 9
Garantizar la desvinculación municipal de empresas identificadas por la ONU como operadoras ilegales en asentamientos israelíes, por su impacto negativo sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en los Territorios Ocupados.
- 10
Condenar enérgicamente toda forma de antisemitismo e islamofobia, reafirmando el compromiso de esta institución con el respeto a todas las comunidades, culturas y religiones, y expresando su solidaridad con todas las víctimas del conflicto, especialmente con las personas desplazadas, heridas o que han perdido a sus seres queridos.
- 11
Suspender toda relación institucional con el actual Gobierno de Israel mientras no se restablezca el respeto al Derecho Internacional y a los derechos fundamentales del pueblo palestino.
- 12
Trasladar a las autoridades competentes la necesidad de impedir la escala o tránsito en el Puerto de La Luz y de Las Palmas de barcos involucrados en el tráfico de armas con Israel.
- 13
Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Parlamento Europeo, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Comunidad Palestina de Las Palmas de Gran Canaria, a la Embajada del Estado de Palestina en España, a la Embajada de Israel, al Gobierno de Canarias y a la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Desde Vox, Rafael de Juan Miñón aseguró que el «embargo de armas a Israel es una amenaza a su supervivencia, una sentencia de muerte para el único estado democrático de Oriente Medio». Dijo que Israel defiende su existencia contra una amenaza que afecta también a Europa. «Hamás no es un movimiento de liberación nacional, es un grupo terrorista que actúa al servicio de Irán mientras la población de Gaza sufre», argumentó el edil, quien acusó a Unidas Sí Podemos de crear una «declaración sesgada» que «no contribuye a la paz».
Echó en falta la mención a la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás, al que acusa del inicio de la guerra.
Luego intervino el concejal Ignacio García (PP), quien acusó a la portavoz de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, de «cogerse una pataleta» por no conseguir la medalla de oro para la comunidad palestina, que se demostró en su inasistencia al acto de honores y distinciones. «Usted habla más de Palestina que de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria», le dijo, antes de condenar todos los actos de guerra en Oriente Próximo. «También es positivo condenar al régimen de Irán que cuelga a los chicos que miran a otros o que da latigazos a las mujeres», señaló.
Martínez tomó la palabra para retirar la calificación de democrático a Israel por la violación de derechos en Gaza. «Condenamos el terrorismo, pero no se justifica matar a 16.000 niños», señaló, «reducir el genocidio a una pataleta es de una estupidez moral enorme, si no tienen argumentos, cállense, pero no digan chorradas».
Luego tomó la voz el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, quien pidió bajar el tono y solicitó más respeto a todos los concejales. «No es de recibo pedirle a un concejal que se calle la boca», señaló, «es verdad que el manifiesto obvia a Hamás».
Rafael de Juan Miñón criticó luego la inactividad de Europa ante «la persecución de cristianos en África». Acusó a Martínez de apoyar a grupos que subyugan a las mujeres y a los homosexuales.
En su siguiente turno, García Marina acusó a Gemma Martínez de faltarle al respeto. «Alcaldesa, usted no ha intervenido, lo tengo que recalcar», expuso, «es crítica legítima decir que la vehemencia de Gemma Martínez no es la misma con los barrios».
Carolina Darias le respondió que había mandado a reconducir el diálogo y que «bajaran el pistón». Y Gemma Martínez agradeció la lucha de la comunidad palestina.
Luego, la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona pidió que retiraran «palabras tan gruesas» como las expresadas en el debate.
En este punto del pleno, intervino Adelina AbdolaTabraue, representante de la comunidad palestina en Canarias. La ciudadana agradeció al Ayuntamiento por la «valiente y clara declaración institucional» en estos tiempos de «profundo dolor». Dijo que representaba «un acto de humanidad, de justicia y de solidaridad real» con el sufrimiento de todas las familias que están en Palestina.
Carolina Darias recordó que España ha apoyado el mantenimiento del estado de Palestina con más de 140 países en todo el mundo.
Vox y PP votaron en contra y CC se abstuvo. La declaración contó con los votos favorables de los concejales de gobierno.
13:21
El traslado de la subestación eléctrica de La Cícer despeja Las Canteras
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria acaba de aprobar el inicio de la modificación menor del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Barranco de Tamaraceite-El Rincón y su remisión al órgano ambiental. Lo que se pretende con este cambio es permitir la instalación bajo el viaducto del ingeniero Julio Molo de la industria, que no puede permanecer en La Cícer porque su situación es ilegalizable.
«Esta Modificación permitirá la» reubicación de la subestación eléctrica de La Cícer «, recoge el expediente que acaba de ser aprobado. »
El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, dijo que esto es un paso para reubicar la subestación, que está dentro de una zona residencial. «Se propone una alternativa más adecuada», indicó, «sin valor agrícola o ecológico, alejado del residencial».
La propuesta vigente, en el margen norte de la GC-2, a la altura del paseo inferior de la Carretera de Chile, es inviable por falta de espacio y porque está muy próxima a los edificios. «Intentamos que se permita en este ámbito de suelo rústico la implantación de infraestructuras de interés general», resumió el edil.
Desde el PP, Gustavo Sánchez recordó que hay 18 equipamientos estructurantes en suelo rústico, de ahí que haya que incorporar estos nuevos. Respecto a la evaluación ambiental, advirtió de que hay parte de hábitat comunitario con valores paisajísticos y biológicos a proteger, lo que le genera dudas de si la evaluación ambiental debe ser simplificada o no. «Podría ser prudente realizar una evaluación ambiental ordinaria», puso sobre la mesa. Por eso, el PP se abstuvo, aunque no discrepa del traslado. «Hay que alejar la propuesta de cualquier riesgo jurídico y ambiental», dijo.
Vox no discutió la necesidad del traslado. «Solo nos queda la duda de que la modificación no tenga como resultado ese», expuso Alberto Rodríguez, «estaremos atento a la evolución de los hechos».
En nombre de CC, David Suárez recordó se trata de una reivindicación histórica y un avance importante. «Lo importante es que avancemos por fin en el traslado», sentenció.
13:11
Aprobación definitiva del plan que moderniza y amplía Infecar
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado de manera definitiva e l plan especial de ordenación del área del Recinto Ferial de Canarias , promovido por la Institución Ferial de Canarias (Infecar).
La justificación del cambio es la necesidad de ampliar los dos pabellones de mayores dimensiones (los números 6 y 7), que se han quedado pequeños para las tendencias que se están imponiendo en el sector. Además se quiere dejar todo el espacio libre interior a la misma cota de forma que se facilite la movilidad interior entre los pabellones.
El Consistorio lleva ya más de dos años trabajando en esta propuesta.
El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, aseguró que se contemplan nuevos usos y una mejora de las conexiones con los barrios colindantes y de las zonas verdes. La altura máxima es 12 metros, aunque se permiten elementos puntuales de 20 metros y se permite que una edificación supere ese nivel.
«Los pabellones contarán con una zona amplia expositiva con posibilidad de compartimentarse para albergar eventos simultáneos», aclaró el edil, «y se consigue descargar el tráfico rodado en la rotonda de La Feria». También se podrá dar uso alternativo deportivo a la zona de aparcamientos.
En su opinón, es «una modernización necesaria» para las instalaciones de la ciudad y de la isla.
Apoyó la propuesta el Partido Popular a través del concejal Gustavo Sánchez. «El resultado final cumple con los objetivos pretendidos», indicó en relación a la modernización de los servicios que presta el recinto ferial, «que sea competitivo es bueno para la economía de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria». Aseguró que el cambio de la entrada principal aliviará el tráfico de la rotonda y defendió el aumento del número de aparcamientos.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, apoyó la ordenación para que «Las Palmas de Gran Canaria tenga un recinto ferial adaptado a las necesidades de las ferias más importantes».
Desde Coalición Canaria, David Suárez mostró su preocupación por el crecimiento de Infecar y los efectos en la movilidad de los barrios contiguos. «Están ya saturados y puede ser peor si no se controla bien los accesos», indicó el edil nacionalista.
12:59
Importante
Las nuevas tarifas del agua se activarán tras el verano: en 2025 ahorramos 1,04 euros y en 2026 pagaremos 5,64 euros más al año
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del ciclo integral del agua. Los recibos del agua con los nuevos precios empezarán a cobrarse a partir de septiembre, según las previsiones que hacen los técnicos municipales
Después del verano, el 76% de los usuarios de Emalsa notará un descenso en la factura. Será mínimo: entre septiembre y diciembre cada cliente se ahorrará alrededor de 1,04 euros respecto a lo que paga ahora (para un consumo de 16 metros cúbicos). Sin embargo, a partir de 2026, el recibo irá subiendo: el año que viene pagará 5,64 euros más al año que ahora; en 2027, unos 3 euros más al año que en estos momentos; en 2028, unos 11,52 euros más al año que ahora; y en 2029, alrededor de 21,9 euros más al año que hoy.
Para una familia que consume 16 metros cúbicos de agua, su factura variará desde los 28,96 euros actuales cada bimestre a los 36,25 euros.
Una de las novedades que trae el nuevo recibo es que se elimina el pago mínimo, lo que beneficiará a unso 100.000 usuarios. También se diferenciarán los hogares de las viviendas vacacionales y se bonificará el consumo de los abonados en situación de riesgo de exclusión social con una bolsa de 280.000 euros anuales.
Por parte del gobierno, fijó posición el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, quien recordó que se desestimaron las tres alegaciones presentadas.
La postura del PP fue defendida por Jimena Delgado-Taramona, quien se refirió a esta decisión como un «tarifazo». Su voto en contra se justifica en que «la subida de precios es desproporcionad e injusta» porque carga al consumidor el coste que asumía el Ayuntamiento en depuración. «El que paga 57 euros pagará 91 en unos años», explicó.
La portavoz del Partido Popular aseguró que el servicio de agua no es deficitario y que Emalsa está saneada. «El aumento de los ingresos será de un 48%», expuso, «no cuenten con nosostros para seguir ahogando a los ciudadanos con más impuestos y tasas».
Para Vox, la ordenanza no debería basarse en el principio de que quien contamina paga. «Eso está pensado para usos concretos de carácter industrial, no para el consumo doméstico», dijo, «es una barbaridad jurídica, política y moral aplicarla a un bien esencial como el agua potable». El concejal Alberto Rodríguez lamentó que se active una cuota de sostenibilidad para financiar la mejora de infraestructuras ya que no se especifica las obligaciones de Emalsa al respecto.
En cuanto a las bonificaciones para familias numerosas, criticó que sean las familias las que tengan que presentar el certificado de empadronamiento de modo anual. «No tiene sentido que el Ayuntamiento, teniendo esa información, no la conceda automáticamente», expuso.
Spínola, en su segunda intervención, dijo que el IPC ha subido un 34% y siguen estancadas desde hace 14 años. Por eso, hablar de tarifazo es irreal y demagógico. «Las tarifas ahora son injustas porque no paga más quien más consume y nosotros estamos garantizando que el 80% de los clientes en 2026 se le va a subir un euro», indicó, «reconozco que los hoteles y viviendas vacacionales pagarán más, pero es acorde al consumo y la capacidad».
El edil recordó que se mantiene el bono social para las personas vulnerables y se va a quitar el consumo mínimo para quienes no consumen. «También seguimos manteniendo apoyo a la depuración», expuso, «a base de demagogia barata no se gobierna».
Alberto Rodríguez intervino a continuación para reiterar que «este gobierno municipal trabaja en favor de una empresa cuyo capital está mayoritariamente en manos de un fondo inversor sueco y en contra de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria». Insiste en que sale ganando Emalsa con la nueva ordenanza.
Luego participó Jimena Delgado-Taramona para criticar «la cobardía política» de aprobar una «brutal subida de las tarifas del agua» que se notará a partir de 2029. «A ustedes solo les preocupa Emalsa», expuso, «no les preocupa lo que pagan los vecinos». Insistió en que se trata de otro «sablazo tributario», al que vinculó la nueva tasa de basura, que es una imposición europea.
Al final, el concejal de Hacienda criticó a la oposición de tener «miras cortas» ya que todavía quedan 15 años de concesión de Emalsa. «Para ese momento quiero una empresa moderna, actualizada, con las infraestructuras que necesita la ciudad», dijo, «así se defiende a la ciudadanía, como que en 2026 solo se les va a incrementar un euro al 80%».
Para finalizar el debate, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, puso sobre la mesa la contradicción de la oposición entre la defensa del mercado regulador y el mantenimiento de las subvenciones públicas. «Tienen un discurso incoherente»; señaló. La regidora recordó que el salario mínimo ha subido un 61% con Pedro Sánchez y con el voto en contra de la bancada de la derecha. «Es importante que sigamos apoyando a la clase trabajadora», sentenció.
12:17
La ciudad paga por Las Coloradas 14,51 millones de euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar el uso de 14,51 millones de euros de sus remanentes de tesorería (el dinero que tiene en las cuentas bancarias) para pagar por el suelo que ocupó en el barrio de Las Coloradas hace ya varias décadas.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que esta situación procede de una expropiación que hizo el Ayuntamiento cuando estaba gobernado por el PP. Y que los tribunales condenaron a la ciudad a pagarlo.
Desde el PP, Ignacio Guerra se sacudió la responsabilidad de estos hechos. «En 1989 la ciudad no estaba gobernada por el PP y luego ha tenido un largo recorrido con diferentes gobiernos», expuso, «los hechos ocurrieron en 1989».
Para el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, «se debe tomar conciencia de la responsabilidad que supone ostentar cargos de responsabilidad pública, tanto por los derechos de los ciudadanos como de las consecuencias económicas». En su opinión, se deberían dirimir responsabilidades para que los ciudadanos no pagaran ese dinero. «Los partidos que han tenido responsabilidad en estos asuntos que están en sede judicial deben hacer una reflexión e intentar minorar el daño va a tener por falta de acuerdo», sentenció.
El concejal de CC, David Suárez, preguntó si el antiguo palmeral formaba parte de este espacio.
En la segunda intervención, Spínola aclaró que, en 2002, cuando la Comunidad de Bienes se dirige al Ayuntamiento para buscar un acuerdo y solucionar el atropello de 1989, el PP no hizo nada. «Y el pleito siguió», concluyó, «hemos esperado a 2025 para que se determine el importe».
12:01
Importante
¿Cómo pagamos 33,23 millones? Desde la pasarela Onda Atlántica hasta la MetroGuagua
La séptima modificación de crédito que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes en el marco del pleno sirve para pagar 33,23 millones de euros y servirá pagar facturas antiguas de obras acabadas, proyectos en marcha y servicios prestados sin la existencia de contrato que ampare el abono.
Estos son algunos de los servicios y proyectos que se beneficiarán del nuevo crédito:
Recogida de basura: se podrá pagar a FCC Medio Ambiente un total de 261.559,69 euros.
Limpieza viaria: todo el servicio entre julio y octubre tiene un coste de 5,16 millones de euros que ingresará FCC Medio Ambiente.
Limpieza de contenedores: hay que pagar 492.641 euros a la unión temporal de empresas FCC y Contenur.
Limpieza de playas: se saldará una deuda de 614.915, 64 euros contraida con la empresa FCC Medio Ambiente.
Mantenimiento de parques y jardines: también se pagará 12,14 millones de euros a FCC Medio Ambiente por este servicio.
Mantenimiento de aceras y calzadas: en este caso, Ecocivil Electromur y Lumicán cobrarán 8,19 millones de euros.
Onda Atlántica: la pasarela peatonal inaugurada en 2021 todavía tenía facturas pendientes. Se paga ahora más de 200.000 euros.
MetroGuagua: los diferentes tramos que ya se han acabado y otros que están parados, como la estación de Hoya de La Plata, generaron obligaciones de cobro por un valor superior a los 300.000 euros.
Por áreas, sacan facturas de los cajones la Unidad Técnica de Igualdad por importe de 42.200,23 euros; Limpieza, por 5.585.330,77 eurs; Tributos, por 952.126,90 euros; Patrimonio, por 4.177,19 euros; Ciudad de Mar, por 614.915,64 euros; Asesoría Jurídica, por 86.744,84 euros; Parques y Jardines, por 12.473.453,25 euros; Vías y Obras, por 8.189.900,24 euros; Vivienda, por 428.225,88 euros; y Urbanismo, por 4.796.447,65 euros.
«Lo que pretendemos pagar son facturas que se deben en diez servicios», indicó el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, «esto va a suponer un alivio para muchas empresas». E insistió en la idea de que los contratos en nulidad se renovarán en Limpieza, Recogida, Limpieza de Playas... «Queremos con los grandes contratos se adjudiquen este año», indicó.
«Estamos dedicados a resolver los impagos», añadió, «no engañamos a nadie, estamos resolviendo un problema a los ciudadanos que quieren, necesitan y tienen derecho a cobrar».
Spínola defendió que se está pagando la deuda «y sabemos las dificultades que han tenido», pero aseguró que los servicios están mejorando y lo seguirán haciendo con las prestaciones de los nuevos contratos. «El día que se adjudiquen los nuevos contratos se acabarán las modificaciones de crédito», le dijo al PP, al que responsabilizó de buena parte de los problemas que ahora afronta el Consistorio capitalino.
Sin embargo, el PP advirtió del daño que se hace a las empresas por los retrasos en los pagos. El concejal Ignacio Guerra expuso que los impagos hacen imposible mantener en buenas condiciones la ciudad, desde Limpieza al mantenimiento de las playas, pasando por los parques y jardines, vivienda o vías y obras. «Esto es un mal negocio para los ciudadanos», expuso, «la alcaldesa es la máxima responsable y sus discursos autocomplacientes no puede seguir engañándonos».
Guerra no cree la promesa de que se saldará la deuda que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene con los proveedores.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, insistió en que los procedimientos extraordinarios de pago explican que la calidad de los servicios se vea comprometida porque el Ayuntamiento paga tarde. «Gestionar mal tiene consecuencias y las pagan los ciudadanos», sentenció.
Por su parte, el concejal de CC, David Suárez, considera que esta fórmula de pago con retraso no debería ser la habitual. Criticó los problemas que tiene el Ayuntamiento para hacer frente a sus obligaciones. «Lo normal es pagar a los proveedores, pero aquí se están haciendo normal lo extraordinario», indicó el edil nacionalista.
11:37
Importante
La ciudad culmina el pago de la deuda de saneamiento: 41,99 millones desde 2014
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da vía libre al pago de 22,99 millones de euros a Emalsa por no haberse actualizado la tasa de depuración para el servicio prestado entre 2022 y 2024. Con este, dinero se liquidará por fin una discrepancia que enfrenta a la administración pública y a la empresa mixta desde hace dieciséis años. En los últimos ocho año años, y contando los 22,99 millones aprobados este viernes, la ciudad ha tenido que afrontar el abono de 36,3 millones de euros por este concepto.
Hay que recordar que la tasa de depuración, que está fijada en 2009, nunca fue revisada por la negativa del Consistorio Capitalino. La empresa solicitó su actualización en años como 2014, 2016 y 2022, pero como su petición nunca prosperó, los tribunales han tenido que ir obligando al Ayuntamiento a pagar.
Así, hubo que saldar la deuda contraída por los servicios prestados entre 2014 y 2016 (5,8 millones); hubo que satisfacer 13,27 millones de euros por la revisión de cada metro cúbico depurado entre 2017 y 2021. Y, ahora, se tiene que abonar la depuración entre 2022 y 2024, por los 22,99 millones de euros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce, pese a que Emalsa ha reclamado 43,78 millones de euros.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no pagaba los servicios de depuración desde 2014. En los tribunales estaba la tasa por el periodo 2017-2021 que obligó a pagar 13,2 millones. Y luego se pagó el periodo 2014-2016, con reparo de Intervención, por 5,8 millones de euros. Y ahora, se abonan los 22,99 millones por los años 2022-2024.
El edil defendió la negociación con los socios privados de Emalsa para mejorar la situación que hay en la ciudad. Y aseguró que hay que buscar mecanismos «para que la deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siga bajando». Pidió al PP que no critique el uso de los remanentes para este fin.
Para la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, es criticable que solo un mes y medio después de aprobarse el presupuesto se tenga que aprobar modificaciones por valor de casi 80 millones de euros. «Estamos pagando hoy 26,6 millones de euros a Emalsa», expuso. La edila considera desproporcionado los 23 millones por el periodo 2022-2024 cuando entre 2014 y 2016 apenas se llegó a los seis millones.
Lamentó que Emalsa no haga las inversiones necesarias para el mantenimiento del servicio en la ciudad. En su opinión, detrás de todos los pagos que se traen ahora está la incapacidad para gestionar las facturas, como también el aumento de los remanentes de tesorería. «Ustedes arruinan a los empresarios y luego les pagan las facturas de 2017», expuso la edila, quien anunció que se abstendría porque «han perdido el control de Emalsa y porque la ciudad no va a ganar nada».
Desde Vox, Alberto Rodríguez recordó que tanto el gobierno como el PP votaron en contra de la creación de una comisión de estudio «para acabar con la injusta situación de que se preste en régimen de monopolio el abastecimiento de agua y que el Ayuntamiento esté en minoría con un 33%». El edil entiende que el Consistorio puede revertir esta situación siendo estricto con el coste de los servicios.
El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, acusó a la concejala Inmaculada Medina de ser parte del problema del agua porque ella formaba parte de los gobiernos afectados por los impagos. «Esto que pagamos es una reclamación patrimonial», indicó, antes de agradecer a Spínola que haya puesto al día las obligaciones con Emalsa.
El debate lo cerró el concejal de Hacienda, quien insistió en que se está esforzando en regularizar la situación. «Nos critican por el retraso, es lógico y pedimos disculpa», reconoció Spínola.
Al final, la alcaldesa Carolina Darias puntualizó que «conviene financiar con cargo a remanente». E insistió en que la situación con Emalsa, que «está encauzándose», se debe a la intervención en Emalsa por parte del gobierno municipal del PP, con Juan José Cardona al frente. «Se puso a Emalsa en una situación crítica y judicializó las relaciones», lamentó la regidora socialista.
11:06
Luz verde a la dotación de 5 millones para el saneamiento
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba la utilización de 5,03 milloens de euros para pagar los gatos derivados de la gestión del servicio público municipal de saneamiento a Emalsa (4,61 millones de euros) y al Consejo Insular de Aguas (unos 420.000 euros) por la depuración de aguas residuales en las instalaciones de Jinámar.
Con los 4,61 millones de euros se espera pagar las facturas de saneamiento correspondientes a los meses de diciembre de 2024 a agosto de 2025, ambos inclusive. Esto arroja un coste mensual de 511.918,27 euros.
En cuanto a los 420.000 euros, se trata del «importe total estimado al que ascenderán las liquidaciones mensuales del período comprendido entre los meses de diciembre de 2024 y agosto de 2025, ambos inclusive, habida cuenta de que se espera que a partir del 1 de septiembre de 2025 entre en vigor la Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del servicio del ciclo integral del agua del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y se traslade su coste al usuario con cargo a la nueva tarifa de depuración».
En este caso, la depuración mensual tiene un coste medio de 46.6334,6 euros.
11:06
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reduce en 5 millones de euros la subvención a la depuración
El Pleno ha acordado el recorte de 5 millones de euros en la partida del Plan Estratégico de Subvenciones destinada a costear los servicios de depuración que presta Emalsa.
Con la aprobación de las nuevas tarifas del agua, que se producirá en este mismo pleno, el Ayuntamiento irá reduciendo su aportación a las labores de depuración y Emalsa irá repercutiendo el coste del servicio al usuario.
El cambio es sustancial. Si hasta ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reservaba alrededor de diez millones de euros al año para costear la operativa del tratamiento de residuos, a partir de la aprobación de la nueva estructura tarifaria, esta cifra se va a ir reduciendo de manera progresiva.
Esto explica el cambio en el Plan Estratégico de Subvenciones, que pasa de los 10,23 millones de euros previstos para todo el año, a 5,03 millones de euros para el periodo que queda comprendido entre septiembre –cuando está previsto que se inicie la aplicación de las nuevas tarifas del agua- y diciembre.
Para el resto de los años, el coste de las tareas de depuración se repartirán del siguiente modo: en 2026, el Ayuntamiento subvencionará 8,23 millones de euros y los usuarios pagarán casi 9 millones de euros; en 2027, se pagará con dinero público 6,62 millones de euros, mientras que los clientes de Emalsa abonarán10,59 millones de euros; en 2028, el Consistorio utilizará 3,5 millones de euros y la ciudadanía aportará 13,71 millones de euros; y en 2029, el Ayuntamiento pagará 2 millones y los usuarios los 15,21 millones de euros restantes, tal y como consta en el Plan Plurianual de Tarifas 2025-2029.
«El objeto de la subvención es el de amortiguar el impacto económico que la nueva tarifa de depuración, que no se actualizaba desde el año 2009, tendrá en los usuarios de ese servicio una vez entre en vigor la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio del ciclo integral del agua del municipio de Las Palmas de Gran Canaria», detalla la memoria que impulsa la concejala de Aguas, Inmaculada Medina, «con ella, se pretende que el coste de dicho servicio que se repercuta en el usuario experimente un incremento gradual desde 2025 a 2029, habiéndose acordado, para tal fin, que en el año 2025 el mismo se subvencione con cargo al Presupuesto de esta Corporación a razón de 0,5697 euros por cada metro cúbico de agua facturado en depuración que se certifique por la concesionaria del servicio (Emalsa)».
La memoria aclara que ni el objeto ni el fin de la subvención cambian con esta modificación.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, aseguró que «el Ayuntamiento sigue financiando a los usuarios domésticos la tasa de depuración, es verdad que de forma decreciente». El edil dijo que con los 5 millones se mantiene la subvención y la otra parte se queda en el servicio de Aguas. «El Ayuntamiento viene manteniendo este estado de cosas desde 1998 y se ha hecho cargo de esa situación con la misma estructura tarifaria», expuso, «lo correcto es actualizar y repercutir (los costes) teniendo en cuenta a los ciudadanos».
El responsable político de la economía municipal informó de que la asunción de los costes de depuración al 100%, que se mantiene desde 1998, cambia este año. «Estamos ante una reestructuración profunda del ciclo integral del agua», indicó antes de recordar los cien millones que se han conseguido para la nueva depuradora. También repasó la nueva tarifa del agua y de vertidos. «Estamos acabando con una gran injusticia porque la tarifa actual maltrata a los más débiles, a los usuarios domésticos, y beneficia a las grandes empresas, a los grandes hoteles y no es justo que pague igual un usuario que vive con apuros, que unos hoteleros que han tenido un incremento de beneficios tan importante en los últimos cuatro años», expuso, «no es justo mantener las tarifas tan obsoletas».
Además recordó que se intentó modificar el peso público en Emalsa, pero no fue posible conseguirlo en los tribunales, de ahí que el status quo de la compañía es el que marca la decisión tomada en 1992.
También indicó que se cambia una ficha del plan en la aportación a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en vez de a su fundación, si bien la cuantía no varía. «El motivo es una decisión de la Universidad», justificó, «nos pidieron que lo hiciéramos así, de la misma forma que lo hace el Gobierno de Canarias».
Hernández Spínola defendió la legalidad de las subvenciones nominativas y aseguró que también lo hacen así algunos ayuntamientos gobernados por Vox.
La primera intervención del PP la hizo María Mas, quien criticó que en el presupuesto no se contemplara el pago de la depuración que se efectúa en Jinámar. Luego tomó la palabra Victoria Trujillo, quien recordó que la modificación del plan de subvenciones, solo dos meses después de que entrara en vigor, muestra la improvisación del grupo de gobierno. Defendió que las subvenciones se entreguen por concurrencia competitiva, en lugar de ser nominativas. Y criticó los retrasos en la aprobación de las ayudas.
Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, expuso que la disminución de la subvención «no cuadra» porque la entrada en vigor de la subvención está prevista para el último cuatrimestre, a lo que correspondería una reducción del 75%. «Son diez millones de euros que se pagan con el dinero de todos los ciudadanos con un único fin, que es beneficiar a los tres partidos de gobierno ya que diluyen el efecto de sus políticas fiscales para cargar el acceso a un servicio esencial, que es el agua, lo que favorece al fondo de inversor sueco» que controla Emalsa.
Respecto al cambio de la subvención a la Universidad, echó en falta una nueva consideración del objeto de la ayuda. Y defendió que todas las subvenciones se entreguen por competencia competitiva para dar entrada a las universidades privadas con presencia en Las Palmas de Gran Canaria.
La alcaldesa, Carolina Darias, defendió que el presupuesto es dinámico y, por tanto, no hay que demonizar las modificaciones de crédito, que además son legales. «Vamos adaptando los presupuestos a la realidad del momento», sentenció.
10:27
Un millón de euros para Correos
El siguiente expediente económico que ha aprobado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este viernes habilita 900.125,09 euros para poder pagar los servicios de notificaciones administrativas que presta la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
El contrato que ampara este servicio fue prorrogado el pasado mes de octubre para garantizar las notificaciones que se hagan entre el 14 de enero de 2025 y el 13 de enero de 2026.
Sin embargo, entre el 1 de enero de 2025 y el 13 de enero de este mismo año, los créditos pendientes de pago eran de 210.058,44 euros; y, desde el 14 de enero, el gasto comprometido asciende ya a 1,59 millones de euros.
Pero el presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo había previsto un gasto de 900.375 euros, lo que resulta insuficiente. Por eso, ahora hay que volver a tirar de los remanentes de tesorería para gastos generales para insuflar 900.125,09 euros en la caja reservada para pagar a Correos y Telégrafos.
10:26
El Ayuntamiento tira de sus remanentes para comprar equipos informáticos
El segundo expediente de modificación de crédito que ha aprobado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria supone recurrir a los remanentes de tesorería para poder comprar equipos informáticos.
El Consistorio destina 345.000 euros a la adquisición de los siguientes equipos:
- 1
Sistema de alimentación ininterrumpida: es el encargado de suministrar energía eléctrica a la infraestructura de computación y almacenamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) municipal en caso de interrupciones del suministro eléctrico del edificio Metropole. El servicio fue licitado en 2024, pero quedó desierto. "Dada la criticidad del sistema para el correcto funcionamiento de la actividad administrativa municipal, y el alto riesgo de avería del mismo generado por su nivel de obsolescencia, es imposible demorar el gasto al próximo año 2026, siendo imprescindible acometer el mismo en el presente ejercicio 2025", justifica el Consistorio capitalino.
- 2
Ordenadores de sobremesa: se hace necesario para renovar equipos obsoletos.
- 3
Monitores: son necesarios para dotar de equipos al personal nuevo que se incorpora a las oficinas municipales.
- 4
Portátiles: servirán para renovar los que han quedado obsoletos y para dotar de herramientas al servicio de Intervención Social, que requiere de nueve ordenadores.
- 5
Tablets: también son necesarias para Intervención Social. Se requieren doce por un valor de 5.968 euros.
- 6
Tabletas de firma biométrica: son dispositivos que se usan en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) y que son esenciales para garantizar la validez legal de la firma electrónica presencial.
- 7
Licencias de software: se necesita adquirirlas porque "muchas de las licencias software de servidores se corresponden con versiones ya obsoletas que han dejado de tener soporte. Además, la cantidad actual de licencias se ha hecho insuficiente para soportar el incremento de nuevos aplicativos y sistemas desplegados"
10:25
El Pleno da salida a otras 34 facturas emitidas entre 2020 y 2025
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar el segundo reconocimiento extrajudicial de crédito que forma parte de los 77,74 millones de euros cuyo pago se reconoce. En este caso, se trata de una cantidad modesta, de 44.327,74 euros, que se distribuye entre 34 facturas.
La mayor parte son deudas de la Coordinación General de Hacienda, Contratación y Patrimonio (28.375,37 euros), básicamente las dietas de asistencia a las juntas de distrito de 2024; y de la Policía Local (10.021,93 euros), que salda así su deuda con las empresas que revisan los etilómetros y los cinemómetros, así como las que suministraron los polos y las botas compradas en 2020.
También se incluyen aquí 80 euros que debía Patrimonio; otros 585,5 euros de Innovación Tecnológica; 3.900 euros de Ciudad Alta; 44,94 euros de Urbanismo y 1.320 euros de Vivienda.
10:25
Importante
El Ayuntamiento rehace sus cuentas para abonar 77,64 millones: «se pagarán en julio»
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tramita este viernes hasta ocho expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y de modificación presupuestaria con los que se va a permitir el pago de 77,64 millones de euros que debía la administración.
El primer expediente de este bloque económico consiste en el reconocimiento de una serie de facturas generadas en los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024, sobre todo en limpieza y mantenimiento de playas (422.567,17 euros) y en Bienestar Social (135.351,83 euros). Lo que se va a pagar aquí son 699.971,36 euros.
Las otras áreas que saldan parte de sus deudas son Comunicación (67.966,4 euros), Oficina de Atención al Ciudadano (33.630,16 euros), Administración de Recursos Humanos (12.210,84 euros) y Extinción de Incendios y Salvamento (28.244,96 euros).
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, aseguró que los expedientes que se aprueban hoy se pagarán en julio, «que lo sepan los proveedores». El edil anunció que se está tramitando los contratos que estaban en nulidad. Así, el de mantenimiento de playas está pendiente del informe de Intervención, al igual que el de vías y obras. «Y hay grandes contratos que están a punto de entrar en Intervención», dijo, «tenemos un plan de contratación que trata de regularizar todas las situaciones».
Desde su perspectiva, no se puede hablar de falta de planificación. «Quedan facturas por traer», anunció, «pero espero que este año concluyamos todas las facturas de años anteriores y en 2026 solo tengamos que pagar lo de ese año».
El concejal del PP Ignacio Guerra criticó que no se mantengan ni siquiera los equipos informáticos, lo que supone «un retroceso en la capacidad de actuación de los empleados municipales.»
Su compañera Olga Palacios criticó que el contrato de mantenimiento de playas lleve vencido cinco años, «lo que evidencia el poco interés que el Ayuntamiento muestra por las playas». En su opinión, el buen estado del litoral se debe al esfuerzo que hace la empresa FCC Medio Ambiente. También criticó los retrasos en los pagos de Bienestar Social ante «la grave crisis social» que vive Las Palmas de Gran Canaria y en los abonos de facturas de 2019 por reparación de los camiones de bomberos. «¿Este es el interés real por mejorar las condiciones de los trabajadores municipales?», se preguntó.
Lo mismo dijo de las facturas de la Policía Local. «Llevamos cinco años sin pagar botas», denunció, «los problemas de las condiciones de trabajo de bomberos y policías son evidentes». En su opinión, el periodo medio de pago de veinte días que informa el grupo de gobierno no refleja la realidad. «Vamos a peor», señaló.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, argumentó que algunos retrasos fueron poco justificables. «Hay gastos de 2024, que es un ejercicio de plena responsabilidad del nuevo gobierno municipal, lo que pone de manifiesto la falta de planificación de los presupuestos, que se aprueban con cuatro meses de retraso».
Desde Coalición Canaria, el edil David Suárez recordó que Nueva Canarias lleva diez años al frente de Ciudad de Mar y el contrato sigue atascado. «Está bien que se diga que en julio van a cobrar», expuso, «esperemos que el plan de contratación no se vea afectado por la escasez de personal».
10:20
Importante
Los vecinos de Las Torres protestan en defensa de sus casas
Los vecinos de Las Torres han iniciado una concentración de protesta a las puertas de las Casas Consistoriales para exigir que la modificación del planeamiento que ha impulsado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de Nueva Ciudad Alta no suponga la expropiación de sus viviendas.
10:02
Adepsi obtiene la bonificación del ICIO en la obra de ampliación de su sede en Siete Palmas
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la entidad Adepsi para el proyecto de ampliación y reforma de su sede en Siete Palmas.
La entidad social se ahorrará 331.478 euros y solo tendrá que pagar al Ayuntamiento por este tributo un total de 17.446 euros.
La asociación Adepsi es una organización sin ánimo de lucro que opera en Canarias desde 1982 y que ha sido declarada de utilidad pública. De acuerdo a sus datos, en el año 2023 apoyó a 769 personas con discapacidad y a 235 familias en los servicios que tiene en Gran Canaria y Lanzarote.
La organización no gubernamental tiene su sede en una parcela de 2.200 metros cuadrados que fue cedida por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1999. El actual centro empezó a funcionar en torno a 2001 tras unas obras que fueron financiadas con fondos propios y aportaciones públicas y privadas.
El edificio que ahora se amplía tiene casi 4.271 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y semisótano. El permiso de obra presentado ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trata de construir dos plantas más.
09:16
Aprobado el nuevo salario de los altos funcionarios: más de 100.000 euros brutos al año
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra la primera de las dos sesiones plenarias que tendrán lugar este viernes. Este primer pleno sirve para aprobar la modificación puntual del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de naturaleza directiva (Secretario General del Pleno, Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad, Interventor General, Titular del Órgano de Gestión Económico Financiera y Vicesecretario General del Pleno), lo que supone un aumento de sueldo para nueve altos funcionarios .
A partir de ahora, la secretaría general del Pleno, la secretaría general técnica, la intervención general y la dirección del Órgano de Gestión Económica-Financiera (OGEF) cobrarán 11.278,22 euros más al año; mientras que los puestos de vicesecretaría general del pleno, oficial mayor, viceintervención, intervención adjunta y adjunto al OGEF percibirán 10.150,68 euros más al año.
Este incremento retributivo representa un 11% adicional para los cuatro funcionarios del primer grupo, cuyo sueldo bruto anual se eleva hasta los 113.391,98 euros; y de un 10% para los demás, cuya nómina anual bruta se queda en 105.657,86 euros.
Tanto en una categoría como en la otra, estos funcionarios cobrarán más que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, cuyo sueldo bruto anual es de 72.828 euros.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria justifica este aumento en la necesidad de cubrir estos puestos, considerados esenciales para el funcionamiento municipal, que en las últimas convocatorias habían quedado desiertos.
Tanto la secretaria general del Pleno, María Mercedes Contreras, como el secretario general técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio José Muñecas, que son dos órganos que se cubren en caso de ausencia, enviaron escritos al Ayuntamiento anunciando su abstención en el procedimiento, al ser parte interesada.
Por eso, la aprobación contó con la presencia del Oficial Mayor, Domingo Arias, en la aprobación del expediente.
La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, detalló que la actualización del complemento específico se fijó en función de una media del sector público. Pidió que no se criminalizara a los trabajadores enfermos (el nivel de absentismo del Ayuntamiento es del 17%) y aseguró que el centenar de trabajadores incorporados «es insuficiente», de ahí que anunció nuevos procesos selectivos.
Lamentó los topes que impone la tasa de reposición a la hora de cubrir las vacantes y anunció la incorporación de 59 nuevos agentes de la Policía Local.
En cuanto a las mejoras salariales, criticó que el PP siga en contra del incremento del salario mínimo interprofesional y defendió el esfuerzo en digitalización.
El edil Ignacio García Marina, del Partido Popular, criticó que solo se pusiera el foco en la parte retributiva ya que «hay muchas áreas de trabajo que están desmanteladas y asfixiadas». En su opinión, el problema de fondo «va más allá de la situación retributiva» y se debería mejorar en la modernización, en la digitalización, en la dotación de recursos humanos y materiales.
«El problema es que se generan vacantes en muchas áreas por el caos que tienen ustedes armado», añadió.
Para Vox, los concursos desiertos ponen de manifiesto «una situación indeseada» para la administración. El edil Alberto Rodríguez considera que la retribución «es un elemento esencial, pero no el único» y pidió una reflexión más profunda. «Hay poca agilidad y determinación para cubrir todas las vacantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», expuso, «eso merece el reproche de la oposición». Y aseguró que si no se está de acuerdo con la tasa de reposición, el PSOE y su mayoría parlamentaria en el Congreso puede cambiar la norma.
El argumento de la mejora retributiva no es, para CC, el único que debe ser empleado, sino que habría que acometer una mejora de otras condiciones porque «los trabajadores están sobresaturados» y la ocupación de las vacantes. El edil David Suárez recordó que los trabajadores son «el pulmón de la administración».
La medida contó con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que se abstuvo
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