Las Palmas de Gran Canaria y los requisitos del Gobierno para la zona tensionada: «No nos constan»

El desencuentro entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias para la declaración de la zona de mercado residencial tensionada en la ciudad pasa por una nueva etapa. Ante la información publicada el pasado sábado por este periódico, en la que se describían las tres subsanaciones que el Ejecutivo regional requiere del gobierno de la ciudad, la alcaldesa Carolina Darias dice que no tiene constancia todavía y que por lo tanto no tiene «nada» que decir.

Darias fue cuestionada por este medio por este asunto pero indicó que a las Oficinas Municipales de Léon y Castillo todavía no ha llegado ningún documento del Gobierno de Canarias con el requerimiento de modificar el informe presentado para la solicitud, pero destacó a su vez que «no es la primera vez que nos pasa. Ya nos pasó con Costas por el caso de la gestión de Las Canteras».

Lo que sí quiso manifestar la jefa del gobierno municipal es que el Ayuntamiento que tutela recordó la pasada semana al Ejecutivo autonómico que espera por una respuesta y recordó los tiempos en los que se está manejando la petición, con un trabajo que, asegura, comenzó a desarrollarse en el primer trimestre de 2024 y que se presentó para remitirse al Gobierno de Canarias en enero del presente año.

La alcaldesa de Las Palmas de GranCanaria se refiere al informe que sustenta la petición al Gobierno, administración competente para la declaración, que fue elaborado por personal del área de Urbanismo municipal en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En ese documento se refería que la ciudad más poblada de Canarias cumplía con los requisitos que estipula la Ley de Vivienda estatal para que un municipio sea autorizado a aplicar medidas que regulen el precio del mercado de la vivienda.

Sin embargo, como publicó CANARIAS7 el pasado fin de semana, desde el Gobierno de Canarias se rechaza la propuesta de la ciudad porque entiende que no cumple con los parámetros necesarios para ello.

Concretamente, son tres los factores que forman parte de la posición de la consejería de Vivienda que gestiona el político de Coalición Canaria Pablo Rodríguez. El primero de ellos se basa en los datos de referencia, ya que se exige que provengan de fuentes oficiales y no de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa. Además, el Gobierno de Canarias entiende que no se puede declarar a la ciudad al completo, como reclama el Ayuntamiento, zona tensionada y exige un plan sectorizado de los barrios en los que se realizaría la intervención. Complementando a esas dos medidas, Vivienda indica que no se adjunta, tal y como detalla la Ley, un cronograma de medidas a tres años vista.

Ante este escenario, Darias incide en que al Ayuntamiento no ha llegado todavía la documentación oficial del Gobierno de Canarias y que hasta que esto no suceda no valorarán qué hacer al respecto.

La realidad es que la declaración de zona tensionada de Las Palmas de Gran Canaria, un hecho que figura en el acuerdo del pacto de gobierno de la ciudad entre PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos, es un asunto complejo en el que la ciudad se encuentra enfrentada al Ejecutivo regional.

No es la primera vez, y vuelve a suceder en esta última consulta al Ayuntamiento, que Las Palmas de Gran Canaria se muestra indignada por no recibir una respuesta de uno de los asuntos troncales del actual mandato municipal, que ha agotado ya más de su ecuador y encara su recta definitiva.

Las Palmas de Gran Canaria es, mientras tanto, cuna de movimientos sociales que reivindican una acción de las autoridades que frene el desaforado aumento de los precios para comprar o alquilar una vivienda.

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