Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria: ciudad tensionada

El gobierno municipal, integrado por PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos, atiende así a la necesidad de la ciudadanía, tal y como se habría comprometido en el documento en el que afianzaban su alianza de gobernabilidad; esta fue una exigencia en la negociación de la concejala de la formación morada Gemma Martínez Soliño, que pidió la inclusión del uso de las herramientas de la ley estatal sobre vivienda en el texto y tomó la iniciativa las últimas semanas para que desde el Ayuntamiento se ejerciera esta medida.

Será en el próximo pleno cuando este asunto recaiga sobre el voto de los 29 ediles de la ciudad, en una estrategia que redunda en la tensión entre el gobierno municipal y el Ejecutivo regional en materia de Vivienda que se ha escenificado con el rechazo conocido esta semana a cuatro artículos de su decreto.

La declaración de zonas tensionadas, incluida en la ley de vivienda estatal, promueve la regulación del mercado inmobiliario atendiendo al precio medio impuesto en los alquileres y las hipotecas. El tope de esos precios es la clave de la declaración, atendiendo a la necesidad de una población que cada vez ve más imposible acceder a una vivienda a un precio razonable.

«No tenemos ninguna duda», responde desde Nueva Canarias Pedro Quevedo, edil de Turismo, cuando se le pregunta por la declaración. «Para nosotras es una prioridad absoluta», expone Martínez Soliño.

Ahora queda terminar de darle forma a un borrador que lleva semanas rodando por los despachos del Ayuntamiento y que se llevará a final de mes al pleno municipal. En ese texto quedará claro que se hace una llamada al orden al Gobierno de Canarias, como competente en la medida. «Sabemos cómo funcionan, si tomamos nosotros una iniciativa que no nos corresponde acabaremos cargando con una responsabilidad que no podremos resolver», señala Quevedo para defender la acción conjunta ante esta situación de tensión.

Hay varios puntos de la declaración de zona tensionada que hacen que Las Palmas de Gran Canaria cumpla claramente con los requisitos para topar los precios de venta o alquiler. Entre ellos destaca que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. O que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente.

Los diversos informes inmobiliarios publicados en los últimos meses demuestran que la ciudad se encuentra en una situación de tensión que puede traer consecuencias complejas de resolver. «Es tremendo lo que sucede en el distrito Isleta-Puerto Canteras. Pero es que estamos llegando al punto en el en que en barrios como Tamaraceite se está pidiendo ya más de 3.000 euros por metro cuadrado», explica Pedro Quevedo, que fija la necesaria regulación del alquiler vacacional como un elemento capital para acabar con la distorsión actual del mercado.

Barcelona fue la primera capital del Estado que solicitó la declaración. En Canarias ya hay municipios como el de Arona que han dado el paso, mientras que el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo ha planteado en el pleno chicharrero sin éxito.

La regulación de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria se confirma como una necesidad capital para la ciudadanía del principal municipio en población de las islas. «No queremos quedarnos aquí, nuestra intención es la de utilizar todas las herramientas que ha puesto en marcha la ley estatal, que protegen a nuestra ciudadanía lejos de lo que pasa con el decreto que han sacado en Canarias Coalicion Canaria y el Partido Popular», subraya Gemma Martínez.

El pacto que cobró forma tras las elecciones del 28 de mayo del pasado año ha tomado esta decisión tras la convocatoria el pasado martes, por primera vez durante el presente mandato, de una mesa de seguimiento. Sobre la mesa se pusieron los argumentos de la propuesta original de Unidas Sí Podemos y los que aportó el grupo socialista.

Fuentes del partido mayoritario en el gobierno local indican que «en el próximo pleno se presentará una iniciativa para instar al Gobierno de Canarias a que realice el estudio necesario de todas las zonas de la ciudad para ver si pasamos de los ratios que llevan a la declaración de zona tensionada, algo de lo que estamos convencidos que pasa».

Las Palmas de Gran Canaria ha tenido un aumento del 13,5% en el precio de las casas, según reseña el índice reciente publicado por Fotocasa del que se hizo eco este periódico. Esto la sitúa entre las 14 capitales de provincia que superan el 10% de crecimiento en los precios de mercado inmobiliario este año.

Evidentemente, tomando esta referencia, que comparte escenario con otros estudios publicados por otras fuentes, la ciudad supera sobradamente las exigencias para ser declarada zona tensionada. En La Isleta y Tamaraceite, el ascenso del valor por metro cuadrado, se ha disparado un 26% en relación a los mismos meses durante el año anterior.

Si se acaban declarando zonas tensionadas en barrios del municipio existe una aplicación del Ministerio de Vivienda en que la ciudadanía puede buscar su rango y saber qué topes tendría que pagar, con el cálculo hecho sobre el valor general de la zona en cuestión marcando el índice de referencia catastral.

Como expresa el concejal nacionalista Pedro Quevedo: «No puede ser que teniendo los mejores datos de la historia de la ciudad en cuanto al turismo nos estemos encontrando con las peores condiciones de vida para los de nuestra tierra».