Eclipse total del IBI solar en la capital grancanaria

La llamada revolución de las azoteas, con la que se ha querido animar desde diferentes instituciones la utilización de energías limpias para el autoconsumo doméstico, ha sido sofocada en la capital grancanaria casi sin empezar. En lo que va de año, solo se han recibido, en las oficinas municipales, 37 solicitudes de personas (físicas o jurídicas) interesadas en acogerse al descuento del 50% del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), durante tres años, que aplica el Ayuntamiento a quienes instalen «sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol».

Ninguna de las solicitudes presentadas han sido resueltas hasta el momento ya que en todos los casos se ha tenido que realizar requerimientos de subsanación por parte de los técnicos municipales.

Esto se explica, en buena medida, por la interferencia de una norma anterior, aprobada por el Consistorio capitalino en 2009, que obliga a acompañar la solicitud de descuento del IBI solar, como fue bautizada la medida en su presentación a fines del año pasado, de otros requerimientos que no solo encarecen la instalación de los paneles, sino que también dificultan la tramitación.

En principio, de acuerdo a la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, la petición de la rebaja en el catastro debe acompañarse de licencia urbanística o, en su caso, título habilitante equivalente; copia compulsada de las facturas acreditativas de los gastos de instalación; el recibo del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); y el contrato de mantenimiento de la instalación, con una vigencia de tres años.

Sin embargo, cuando se llama al Ayuntamiento para aclarar las dudas, los técnicos municipales informan de que también hay que seguir las directrices que impone la ordenanza municipal sobre la captación de energía solar para usos térmicos, que están en vigor desde diciembre de 2009.

En este caso, la documentación que contempla la norma del IBI solar debe acompañarse de un proyecto redactado por un técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente; un certificado de solidez de la edificación, suscrito por un técnico competente y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, cuando se trate de una edificación existente; y unos planos de situación, de emplazamiento y de implementación de la instalación, así como un estudio de integración con gráficos e infografías que simulen el impacto visual de la instalación desde su perspectiva más desfavorable, incluyendo la que sería observable desde la vía pública.

Aparte de la maraña administrativa y del papeleo, la instalación de los paneles solares con la documentación adicional exigida no siempre está al alcance de todos los bolsillos. El coste de unas placas fotovoltaicas para tres kilovatios de potencia ronda los 5.000 euros aproximadamente. Y a eso, hay que añadir los costes del proyecto visado y del certificado de solidez de la edificación, que pueden rondar los mil euros.

Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cobra el ICIO, que puede estar en torno a los doscientos euros. Esta tasa no ha sido incluida en el listado de tributos suspendidos durante la pandemia del covid-19.

El ICIO anula en la práctica el primer año de rebaja del IBI solar, pues se calcula que el ahorro medio del catastro con esta ayuda es de 250 euros por tres años. En definitiva, el ICIO municipal actúa como si la rebaja del IBI solar se aplicara solo durante dos años, en lugar de tres.

Con ello, además, se logra el efecto de necesitar más años para amortizar el gasto en los paneles: se pasaría de cinco o seis años a casi ocho.

Esto ha provocado ya que algunos peticionarios hayan renunciado a seguir el procedimiento de instalación de placas solares, tal y como confirman las fuentes municipales consultadas por este periódico.

Eso sí, los que sigan con su idea tendrán un ahorro cercano al 40% en la factura de la luz gracias al aprovechamiento de la energía solar. Y además, de acuerdo a los cálculos municipales, cada vivienda dejaría de emitir 1,9 toneladas de gases de efecto invernadero, cifra que se eleva hasta casi 77 toneladas en el caso de empresas, tomando como referencia una potencia de cinco kilovatios.

En el Cabildo de Gran Canaria, las ayudas están algo más engrasadas. Según los datos aportados esta semana por el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, se han instalado 4.000 placas fotovoltaicas y más de un millón de vatios de potencia en 310 viviendas y una veintena de empresas en el último año.