El Ayuntamiento flexibiliza la norma para que las terrazas exprés puedan mantenerse en 2022
Tras el cambio de ordenanza, solo se exigirá el cumplimiento de la ley de accesibilidad y que no se ocupe más del 50% del espacio
El Ayuntamiento aprobó este martes la suspensión de todos los artículos de la ordenanza de terrazas que exigían la ordenación previa del espacio público por parte de los servicios municipales para poder conceder las autorizaciones correspondientes. Con ello, se trata de mantener buena parte de las terrazas exprés que han ido proliferando por la ciudad tras el estallido covid y que no podían recibir los permisos de instalación por la ausencia de esta distribución.
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La suspensión de un capítulo, de cuatro artículos -más dos epígrafes de otro- y de una disposición de la ordenanza tiene como fin flexibilizar las exigencias que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impone a la instalación de terrazas. A partir de que se apruebe de manera definitiva el cambio de norma, en torno al mes de febrero, los requerimientos que habrán de cumplir los negocios para el mantenimiento de las terrazas exprés serán dos: por un lado, el respeto a la ley de accesibilidad universal; y, por otra parte, el respeto a que el 50% del espacio público quede expedito para el paso ciudadano.
En cuanto a las mesas y sillas que ocupan plazas de aparcamiento, la autorización requerirá también del visto bueno del área de Movilidad, que deberá realizar un informe de que la pérdida de estacionamientos no afecta a la circulación. Y si el espacio que se ocupa es el de las zonas azul y verde, el análisis lo realizará la Sociedad de Aparcamientos de la ciudad (Sagulpa).
Así las cosas, los empresarios de bares y restaurantes deberán presentar sus solicitudes de legalización de las terrazas exprés a partir de febrero, una vez que entre en vigor la nueva modificación de la ordenanza.
La evolución
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Un 60% más. El número de terrazas que se ha instalado en las calles de la capital, al amparo de la relajación de controles aplicada para ayudar a los empresarios a pasar la crisis del covid, ha aumentado un 60% desde 2020. Se ha pasado de 670 terrazas a las 1.071 actuales.
«Queremos ir por zonas para que no se bloquee el servicio de Actividades Clasificadas», explicó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, «lo más probable es que empecemos por la parte baja de la ciudad».
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En su opinión, la intención del grupo de gobierno es «mantener el máximo número de terrazas posibles desde el punto de vista legal». Y aclaró que no va a haber una orden de retirada masiva de las terrazas exprés en enero.
En estos momentos, el censo de terrazas que maneja el Ayuntamiento es de 1.071.
En paralelo, la Policía Local irá haciendo un informe sobre la situación de las mesas y sillas que será determinante a la hora de comprobar que se cumplen la norma del 50% y la ley de accesibilidad universal.
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La modificación de la ordenanza de terrazas, que irá al pleno del 30 de diciembre, fue aprobada con los votos a favor del grupo de gobierno y de Ciudadanos, y la abstención de PP, CC y los concejales no adscritos.
Inseguridad jurídica
El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, dijo que «llevan más de un año y medio con las terrazas para arriba y para abajo, y todavía no tienen ninguna cosa clara de lo que van a hacer».
Lidia Cáceres, de Ciudadanos, aplaudió la eliminación de trámites burocráticos pero lamentó el retraso de la medida. La decisión «puede derivar en la salvación de muchos negocios y, por tanto, de muchos puestos de trabajo en la ciudad».
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El edil de Coalición Canaria David Suárez considera que la propuesta aprobada en la comisión es una huida hacia adelante» porque «veintiún meses después de la irrupción del covid, se propone suspender unos artículos, dejando mayores incógnitas a los hosteleros». Opina que, al final, se sobrecargará de trabajo al personal municipal. «Estamos en manos del gobierno de la improvisación», dijo.
Para el concejal no adscrito José Guerra, la suspensión de algunos artículos «es un avance» aunque lo considera insuficiente. «Es una forma de salvar los muebles sin mojarse demasiado porque no hay criterios específicos para determinar qué terrazas se quedan y cuáles no», explicó el edil, quien considera que las terrazas permanecerán «en un limbo jurídico».
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