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El Local Social de El Batán acogió en la mañana de este martes una rueda de prensa convocada por colectivos vecinales de Las Palmas de Gran Canaria para expresar su malestar por los «macroproyectos» que el Ayuntamiento plantea para la ciudad, «como el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias» o «la MetroGuagua», y reclamar «más atención municipal a las graves carencias» que aseguran presentan «los 122 barrios» que la integran.
«Hemos llegado a esto porque nos sentimos abandonados desde hace más de 30 años», expuso Ramón Montesinos, presidente de la asociación Batán San Roque, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por María del Carmen Sarmiento, secretaria de Guiniguada-San Roque; Israel Medina, presidente de Cofiris de San Nicolás; María Ángeles Sánchez, presidenta de Avecalta; Juan Samper, presidente de Vecinos Unidos de Tres Palmas; Domingo Santana, presidente de Pamochamoso de Arenales; y Miguel Pérez, presidente de La Ballena-Barrio Atlántico.
La portavoz de Ciudad Alta y veterana líder vecinal fue la encargada de dar lectura a un manifiesto que bajo el lema 'Otra forma de hacer Las Palmas' recoge las necesidades que presentan los barrios en materias como el saneamiento, el asfaltado, la limpieza, la accesibilidad, la seguridad, la rehabilitación de viviendas o el aparcamiento y que, señalan sus responsables, han suscrito «más de 40 asociaciones de vecinos de los cinco distritos».
Así, en el manifiesto las entidades dejan patente su «malestar por los constantes despilfarros que desde hace décadas acomete nuestro Ayuntamiento, con partidos políticos de uno u otro signo, mientras la mayoría de los 122 barrios del municipio viene padeciendo carencias esenciales».
Señalan también que si bien «a lo largo de estos años ha habido avances importantes» en la ciudad, «es mucho lo que queda aún por hacer y no poco lo que debe corregirse». Y apuntan que «lo que nos ha movido a unir nuestras voces es uno de los últimos dispendios municipales», en referencia al concurso del Guiniguada, «una iniciativa con un coste superior a 20 millones de euros».
Además, hacen un «llamamiento para que el planeamiento se plantee desde nuevos objetivos, para que no quede reducido a las perspectivas y demandas inmobiliarias, sino desde la búsqueda de la calidad urbana y la satisfacción de las demandas sociales, para que la ciudad contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes».
Señalan que están a «favor de acrecentar el parque público de viviendas en propiedad y en alquiler», porque «la escasez y carestía de viviendas afecta igualmente a nuestros hijos, imposibilitados de emanciparse y vivir su vida» y «porque nos solidarizamos con los vecinos que habitan en infraviviendas».
Pero dejan claro que se oponen «a que se construya masivamente en áreas con edificabilidad agotada, con graves déficits de saneamiento viario, aparcamiento y calidad del espacio público, en línea con un planeamiento pensado solo para hacer un consumo excesivo del suelo».
Por eso, «rechazamos que, conforme a esa manera de entender el planeamiento, se contemple la expropiación y derribo de casas habitadas por familias desde hace décadas, con el único fin de dejar espacio libre para viviendas de alto 'standing'. Una oferta inmobiliaria que contribuye a tensionar el mercado y agravar el proceso de gentrificación de barrios populares de la ciudad».
De ahí que emplacen al Ayuntamiento a revisar «el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria para adaptarlo a los problemas cada vez mayores generados por el cambio climático y que no sea utilizado para dar viabilidad a operaciones especulativas que terminan por anular la justicia y que generan indemnizaciones millonarias que ha de pagar el consistorio».
También le solicitan «que se lleven a cabo las actuaciones previstas en las Áreas de Planeamiento Integrado aprobadas, y que se termine de tramitar y ejecutar la rehabilitación de barrios ya iniciada».
Los portavoces vecinales demandan «un uso eficiente del remanente municipal para resolver el reiterado problema de las inundaciones que sufren determinados barrios a causa de lluvias cada vez más torrenciales» y aseguran no entender «que haya que devolver grandes sumas de ayudas europeas por inejecución de proyectos o por mal uso de los mismos en una ciudad con redes de evacuación de aguas pluviales y fecales en pésimas condiciones y en la que hay barrios que sufren cortes de suministro eléctrico varias veces al año».
De igual modo, instan a las autoridades a que «se resuelva el problema de la accesibilidad universal, para que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder en igualdad de condiciones a cualquier servicio».
Asimismo, exigen «un diseño urbano eficiente para resolver los problemas ocasionados por obras públicas que se eternizan» y «el asfaltado de calles que llevan décadas sin terminarse», además de demandar que «se resuelva la escasez de aparcamiento en algunos barrios».
Otra de la peticiones vecinales se centra en la seguridad y demandan «más presencia en nuestras calles de la Policía Local para velar por nuestra seguridad y gestionar la convivencia ciudadana».
Y también señalan la limpieza como un problema. «Nos indigna que se hagan gastos descomunales en propaganda institucional» mientras la urbe «se convierte en una ciudad sucia con un deficitario servicio de recogida de basura, en la que proliferan las plagas de ratas y cucarachas».
Asimismo muestran su alarma por «el grado de contaminación acústica» que se registra en la capital y piden que se cuiden «los árboles de gran porte».
Por último, advierten de «la baja e insuficiente ejecución de proyectos aprobados en presupuestos participativos» y que «la participación ciudadana no aporta realmente a lo que debiera ser un gobierno abierto y una gobernanza participativa ejemplar».
Los representantes vecinales aseguran que son «propositivos» y por ello dicen que hacen «esta declaración a mitad del mandato, con intención de que no pueda ser usada electoralmente, con el único fin de que, en lo que resta de la legislatura, podamos trabajar nuestras justas reivindicaciones con quienes gobiernan nuestro espacio vital, este municipio diverso y cosmopolita».
Finalmente, solicitaron a la población su respaldo para poder «exigir al Ayuntamiento las medidas a tomar para solucionar los problemas de los vecinos», pues recordaron que «las asociaciones lo que queremos es colaborar en un bien común».
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Óscar Bellot, Álex Sánchez y Sara I. Belled
Ivia Ugalde, Josemi Benítez e Isabel Toledo
Óscar Bellot | Madrid y Guillermo Villar
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