La Oliva acumula más de cinco millones en contratos menores con reparos del interventor

El Ayuntamiento de La Oliva acumuló el año pasado más de cinco millones de euros que el interventor reparó, por no adecuarse al procedimiento legal. La alcaldesa Pilar González y sus socios han llegado a adjudicar más de 500.000 euros a cuatro empresas «con relación entre ellas», encadenando contratos menores de 15.000 euros, «evidenciando que no hay programa de gobierno, sino una gestión basada en el clientelismo y el amiguismo», denuncia Coalición Canaria (CC).

La gestión municipal en La Oliva es «lo más parecido a un expolio de dinero público que se nos puede ocurrir», apunta los nacionalistas. Mientras desde Coalición Canaria se dejó una administración saneada, sin deuda, con decenas de millones de euros dinero en el remanente, «lo que ha hecho el gobierno que nos censuró es exactamente lo contrario».

CC añade que le ha costado «muchísimo» conseguir la información «porque el ocultismo de la alcaldesa es el pan de cada día», Para que se entienda, un reparo es «lo que hace el interventor cuando se le presenta un gasto que no se ajusta al procedimiento legal».

La fórmula que el grupo de gobierno municipal está utilizando es el contrato menor, que tiene un máximo legal de 15.000 euros. «Se piden tres presupuestos, y eligen uno de manera arbitraria. Son cientos y cientos de contratos menores que el grupo de gobierno aprueba a puerta cerrada, sin dar opción a más empresas a presentarse. Para que las vecinas y los vecinos se hagan idea del escándalo, estas empresas que facturaron de manera repetida el año pasado en más de 500.000 euros, hace indicar que lo hicieron así para intentar escapar al control de la intervención«

Es «vergonzoso», a entender de CC, lo que está ocurriendo, porque además, «se adjudican contratos a dedo a muchísimas empresas de fuera del municipio, de otras islas, e incluso de la península, sin dar oportunidades a la gente de La Oliva que necesita trabajar».

«No vamos a permitir que esto siga ocurriendo porque, afortunadamente, el gobierno que dirige la alcaldesa ya no tiene la mayoría. A partir de ahora, podremos fiscalizar los gastos e inversiones en los plenos, y podremos tener por fin un debate realmente democrático», señala Isaí Blanco, portavoz nacionalista.

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