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José Miguel Pérez

Los alcaldes alertan del caos que amenaza al alquiler vacacional

José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, advirtió ayer de que dejar en manos de los ayuntamientos y los cabildos la aprobación de excepciones para permitir el alquiler vacacional en el suelo residencial de las zonas turísticas supondrá, en la práctica, el bloqueo de esta actividad, y generará una inseguridad jurídica que derivará en numerosos frentes judiciales.

Pérez cuestionó el núcleo del contenido de un borrador de decreto destinado a regular la actividad turística de la vivienda vacacional, en el que «se repiten los mismos errores que en el anterior, el aprobado en 2015, una norma que acumula cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recurridas por el Gobierno canario ante al Tribunal Supremo.

La propuesta presentada ellunes por el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, vuelve a limitar la actividad de las viviendas vacacionales al suelo residencial y la excluye con carácter general de las zonas turísticas, aunque que los cabildos y ayuntamientos podrán fijar excepciones. Pero el alcalde de uno de los municipio turísticos más importantes de España advirtió «que ligar la implantación de las viviendas vacionales a los planeamientos urbanísticos no resuelve el problema, porque estas son herramientas de largo recorrido y su modificación y adaptación conllevaría demorar la solución unos cuatro ó cinco años».

También pone pegas al artículo 8.e del borrador del decreto, al considerar que «prohíbe el desarrollo de las viviendas vacacionales en el interior de la Isla de Gran Canaria». El texto del borrador «sólo permite que pueda llevarse a cabo la actividad donde esté permitido por el planeamiento y en estos momentos en Canarias no está permitido en ningún sitio porque las viviendas vacacionales son algo novedoso», argumentó Pérez.

De ahí que el alcalde interpretara que «prácticamente se expulsa de los núcleos rurales a esas viviendas vacacionales». Pérez consideró que lo lógico sería «que el propio decreto el que asuma la definición de lo que es la vivienda vacacional, sus usos y requisitos para su explotación en las áreas turísticas, porque hay elementos que no están recogidos en la ley, como las villas independientes que no tienen cobijo en ningún instrumento para poder ser alquiladas conforme a la normativa turística».

«El Gobierno debería regular y no prohibir el alquiler vacacional en el suelo residencial turístico», añadió Pérez. El regidor considera que el borrador «también tiene aspectos positivos como la identificación de las personas y que sean las comunidades de propietarios las que avalen la explotación vacacional».

También el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria mostró sus dudas de que los ayuntamientos y cabildos sean capaces de asumir el control del alquiler vacacional si no se les dota de medios para detectar la oferta ilegal. «Hay que poner unas normas y garantizar que se cumplan y para eso hay que poner elementos de inspección, pero los tiene que pagar la administración que legisla».