La regulación legal, por la vía rápida

La pandemia ha puesto de manifiesto muchos de los déficits de los que adolecía el país y uno de ellos es la escasa digitalización de las empresas y el hasta ahora casi inexistente teletrabajo. Pero estos meses de confinamiento lo han cambiado todo y, en muchos sentidos, ya nada volverá a ser como antes. Una de las cosas que es evidente que tiene que transformarse será el trabajo en remoto, que, tras el auge que ha vivido en estos últimos meses –en los que se ha multiplicado por siete–, ha llegado para quedarse y necesita de una regulación. Así lo admitió recientemente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ya en su toma de posesión habló de esta ley como una de sus prioridades pero ahora ha pisado el acelerador para ponerla en marcha cuanto antes. «Con carácter inmediato vamos a articular una ley reguladora del trabajo a distancia que será ambiciosa», afirmó recientemente.

Y del dicho al hecho. Apenas dos semanas después de estas declaraciones, el Ministerio de Trabajo publicó un anteproyecto de ley de trabajo a distancia que estará sometido a audiencia pública hasta mañana. Previamente, el Consejo de Ministros había aprobado ya un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente de una norma que no debería encontrarse con demasiadas dificultades para ser aprobada en el Congreso.

Incluso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió en la Cámara baja que si las preferencias de los ciudadanos pasan por el teletrabajo, se debe «permitir y facilitar» en el Parlamento la adaptación al mismo, si bien avisó de que hay constancia de que puede tener «efectos negativos» en la productividad. No está de acuerdo con esto la ministra de Trabajo, quien avanzó que en el «diseño rápido» que ya han hecho les «consta» que la productividad ha aumentado. Esto también se pone de manifiesto en algunos experimentos llevados a cabo en determinadas empresas, como AXA, que, tras realizar un estudio, concluyó que en los días de teletrabajo la productividad se incrementa un 28%.

También los sindicatos urgen a regularlo, aunque critican que se haya iniciado la tramitación sin que previamente se haya debatido en el marco del diálogo social y confían en que el Gobierno dé margen a la negociación. «No podemos continuar trabajando a contra reloj, asumiendo que no haya procesos de diálogos previos», se quejó Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Efectivamente, el Gobierno ha hecho todos los pasos previos para aprobar la próxima ley sin consultarlo previamente con los agentes sociales. Aunque, eso sí, abrió el pasado 6 de junio un periodo de consulta pública, que finalizó ya el lunes 22 de junio, para «recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma», enviando sus aportaciones al Ministerio de Trabajo. Pero esta forma de hacerlo no satisface a los sindicatos, que piden abrir una mesa en el marco del diálogo social y que no se tramite con prisa. Y mucho menos gusta a la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, se opone a que el Gobierno «regule nada» y defiende que es «cada empresa» la que debe «autorregularse», tal y como declaró recientemente. Y dio un paso más al enterarse de que ya había un anteproyecto de ley: amenazó con que las empresas contraten en Portugal o Argentina si les imponen unas condiciones «imposibles» y les introducen «rigideces».

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