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José Miguel Pérez

Críticas al decreto del Gobierno de Canarias

Balones fuera con el alquiler vacacional

rubén nuez

José Miguel Pérez Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha desvelado por fin sus cartas para regular el alquiler vacacional en un borrador de decreto presentado el pasado 21 de mayo que mantiene las restricciones a la actividad de la norma autonómica de 2015, aún vigente pese a acumular cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulan sus principales artículos.

A la espera del recurso presentado ante el Tribunal Supremo para defender este fallido reglamento, el Ejecutivo regional mantiene en el nuevo proyecto la prohibición de la actividad en el suelo residencial de las zonas turísticas, una de las restricciones que con más contundencia han rechazado los tribunales, por ir contra el mercado de libre competencia y los derechos de los propietarios de las viviendas.

El Ejecutivo canario no solo no da marcha atrás, sino que deja la papa caliente en manos de cada uno de los ayuntamientos y cabildos: estos deberán establecer excepciones para permitir las viviendas vacacionales en los espacios residenciales de las zonas turísticas que deberán ser incluidas expresamente en sus planeamientos urbanísticos.

La Asociación Canaria de Alquile Vacacional (Ascav), que defiende los derechos de los afectados, anunció prácticamente «desde el minuto uno» que no le temblará el pulso para acudir de nuevo a los tribunales si el Ejecutivo no da marcha atrás en una propuesta que, a su juicio, «es aún más restrictiva que la aprobada por Paulino Rivero justo antes de acabar la anterior legislatura».

Los hoteleros grancanarios representados en la Federación de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, se han sumado al rechazo al borrador: consideran que «mantener el error de prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas, va a seguir fomentando la aparición de oferta alojativa ilegal y la economía sumergida».

También los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, y ayuntamientos de la talla turística de San Bartolomé de Tirajana advierten de que dejar en manos de las corporaciones municipales y las insulares las excepciones generará una inseguridad jurídica que va acabar con un caos judicial. No solo se exponen a las denuncias de los propios afectados. También hay una alta probabilidad de que que los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos colisionen con los planes insulares de turismo, de forma que estos conflictos acabarían irremediablemente ante la justicia.

Los ayuntamientos se verán además ante una difícil tesitura: en muchas zonas turísticas maduras coexisten apartamentos reglados con otros complejos cuyos propietarios han abandonado la explotación turísticas. Pero la prohibición de que se dediquen al alquiler vacacional les condena a permanecer en un callejón sin salida. Para solucionar este problema, los ayuntamientos deberían desclasificar suelo turístico y convertirlo en residencial, lo que, advierte el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, «sería una absoluta incongruencia».

Aún en el mejor de los casos, advierten los alcaldes, adaptar los planeamientos para regular los criterios urbanísticos de implantación del alquiler vacacional llevará años, lo que «bloqueará» el desarrollo de esta modalidad.

La patronal de la construcción de Las Palmas va aún más allá en sus argumentos. Considera que el Gobierno de Canarias pretende implantar una «nueva moratoria turística que impedirá la renovación extrahotelera, y que afectará sobre todo a la provincia de Las Palmas».