El Gobierno ordena clausurar la desaladora de Montaña Roja

Contra esta resolución por decreto del Ejecutivo regional cabe recurso de reposición, o directamente en la vía Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La mencionada resolución desestima todos los alegatos de los dueños de la desaladora, la mercantil Club Lanzarote, y señala que se ha venido desalando agua y vendiéndola a terceros, «sin los títulos habilitantes y sin contar con tarifas aprobadas por el propio Gobierno regional», lo que habría generado un «beneficio obtenido ilícitamente» desde 2006, año en el que se le revocaron los permisos para seguir desalando agua, ocasionando un «perjuicio al dominio público hidráulico».

Ello supone, según la resolución del lunes 22 de mayo, que los propietarios habrían incurrido en «dos infracciones muy graves», por lo que se establece una sanción de 300.000 euros. Además, se declara «como medida de restablecimiento de la legalidad, la restitución del beneficio ilícitamente obtenido, cuya cuantía se liquidará en un procedimiento complementario, una vez se haya concluido el presente procedimiento sancionador».

El Gobierno se muestra también preocupado por el desabastecimiento que supondría la clausura de la planta, no solo para los 5.000 vecinos de la zona, sino para la decena de hoteles que se nutren de esta industria, que se declara «ilegal» y así se refleja en el propio decreto cuando determina que en todo caso «debe quedar garantizado el abastecimiento, para cuyos efectos se adoptarán por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote las medidas oportunas».

El decreto también rechaza las alegaciones realizadas por la entidad Club Lanzarote con base en la fundamentación jurídica indicada en los antecedente de hecho del decreto. Entre otros motivos, porque «el suministro de agua potable a los ciudadanos es un servicio público esencial de titularidad municipal».

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