«Que el pacto se desvincule de los intereses de Realia»
La asociación de vecinos Ciudad Alta pidió al Ayuntamiento que se ponga de parte de la ciudadanía en el caso Canódromo. «Ya es hora de que la Corporación se desvincule de los intereses de Realia y asuma la defensa del interés general», dicen. Ellos aseguran que «no se deberá indemnizar a la empresa si el gobierno decreta la caducidad de la licencia» de obra.
La asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) manifestó este miércoles su preocupación «ante el nivel de desinformación mostrado por los distintos miembros del gobierno municipal en relación con el Canódromo, lo que les inhabilita para defender con eficiencia los intereses de la ciudad».
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Un portavoz vecinal explicó que su perspectiva del asunto es que la ciudad no está condenada a pagar una indemnización, ni tampoco debe resignarse a perder ese espacio en favor de la culminación de las dos torres. «La ciudad, cuyos intereses han defendido siempre los vecinos y no así los distintos gobiernos que ha tenido la Corporación, no debería indemnizar a Realia si la Corporación procediera a declarar la caducidad de la licencia de obra», explicaron.
La argumentación vecinal, contraria a lo dicho estos días tanto por el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, como por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, se fundamenta en la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que en noviembre de 2016 certificaba que la licencia es ejecutiva. «Desde la notificación de esta sentencia, el titular de la licencia podía reanudar las obras», decreta la magistrada, quien añade que tanto la licencia como la prórroga concedida a Realia por el Ayuntamiento «cobraron plena vigencia» a raíz de una sentencia anterior, la de 13 de noviembre de 2012.
Por esto motivo, desde Avecalta también se critica las declaraciones de Hidalgo, al afirmar que no se podía achacar a Realia que no se culminaran las obras. Y, por consiguiente, que el Ayuntamiento no está en disposición de declarar la caducidad de la licencia. Y es que, en la referida sentencia, se acota que el plazo que tenía la constructora para hacer la obra era de dieciséis meses y cinco días, a contar desde 5 de diciembre de 2012.
«Ya es hora de que la Corporación se desvincule de los intereses de una mercantil particular y asuma la defensa del interés general, descargando de dicha responsabilidad a los vecinos de Schamann, que con sus humildes recursos llevan a sumiendo la defensa de tales intereses desde hace nada menos que quince años», prosiguen los representantes vecinales.
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Avecalta se mostró confiada en que el nuevo frente abierto en el Tribunal Supremo, que acaba de admitir a trámite su recurso de casación, hará que el TSJC asuma la declaración de que la ordenación del Canódromo es «inmotivada, nula y arbitraria», como ya estableció el Supremo, máximo intérprete del ordenamiento jurídico, en su sentencia de 2014. Con ello, se lograría que se declarara la nulidad del Plan General de Ordenación del año 2012, que incluye la ordenación del Canódromo.
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