La ciudad paga 5 millones en intereses por dos sentencias
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta al pago de 4,93 millones de euros en concepto de intereses de demora por dos sentencias urbanísticas: una relativa a la expropiación de una finca en la calle Pavía para construir un colegio en 1989; y otra por un solar en la calle Blas Cabrera Felipe, que data del año 2007.
El retraso en la tramitación y pago de expropiaciones antiguas ha obligado al actual Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a liberar casi cinco millones de euros para pagar dos sentencias antiguas. La primera es la finca en la que se construyó el colegio Fernando Guanarteme, por la que ahora se pagarán solo en intereses de demora 2,88 millones de euros; y la segunda hace referencia a dos fincas en la avenida de Canarias y en el paseo Blas Cabrera Felipe, por la que hay que abonar 2,05 millones de euros, también en concepto de ingreses de demora, dentro del área sanitaria y universitaria de la Vega de San José.
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La Junta de Gobierno de la Ciudad acaba de autorizar las dos operaciones de pago a instancias del área de Urbanismo.
En el caso de la operación de Guanarteme, en la calle Pavía, se inició en 1989 con el fin de construir un colegio cuyo solar fue ocupado en febrero de 1990.
La expropiación fue objeto de un largo proceso judicial en el que el precio de la finca fue creciendo poco a poco debido a que los propietarios de un terreno afectado por un procedimiento expropiatorio pueden reclamar una retasación de su parcela cada dos años, siempre que no les sea ingresado el dinero. Así, de un justiprecio expropiatorio fijado por los tribunales en 2001 en 1,76 millones de euros, se pasó en 2005 a una retasación de 8,51 millones de euros.
Aunque los propietarios llegaron a pedir una segunda retasación, solicitando un precio por la finca de 36,35 millones de euros, finalmente en el año 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que la cantidad que la ciudad debía pagar a los propietarios debía ascender en ese momento a 11,73 millones de euros.
Como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había ido consignando dinero en la Caja General de Depósito de Las Palmas, esa parte ya se consideraba pagada. Según la ley, los ingresos en la Caja General tienen los efectos de abono y posibilita la toma de posesión del suelo expropiado. Así, hasta 2002 se había pagado 1,76 millones, y hasta 2011 ya se había satisfecho los once millones del principal, de modo que lo que quedaba por saldar eran los intereses de demora.
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Y así, un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de 2014, fijó las cantidades adeudadas: 2,88 millones de euros por intereses de demora en la fijación y pago del justiprecio.
Área sanitaria.
La segunda sentencia tenía un justiprecio de 9,06 millones de euros que se fueron abonando entre 2014 y 2016. Sin embargo, aún quedaba por pagar una parte de los intereses de demora, que habían sido fijados, en un informe técnico, en un total de 3,09 millones de euros.
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En julio del año pasado, quedaban por pagar 2,05 millones de euros de intereses de demora que ahora abona el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los siete propietarios de las fincas que fueron expropiadas.
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