El rector de la ULPGC: «La ley canaria de consejos sociales es una decepción y dará que hablar»

«Decepción». Es la palabra que emplea Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ante el avance de la proposición de ley para modificar la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. La semana pasada se decidió su elevación al pleno parlamentario, donde se abordará su aprobación definitiva.

Canarias se convierte, así, en pionera en la adaptación de esta norma a la Ley orgánica estatal del sistema universitario (LOSU). La modificación busca reforzar estos órganos y su papel como puente entre la sociedad y la universidad.

Tanto Serra como su homólogo en la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, alertaron de que la adaptación puede mermar la autonomía universitaria, una postura que el rector de la ULPGC mantiene. «La LOSU, de alguna forma, lo demandaba, pero nos parece inoportuna, que interfiere en la autonomía universitaria, en los procesos que compete a algunos órganos como es el Consejo de Gobierno o los propios claustros», profundiza.

Los propios consejos sociales universitarios pusieron de relieve en un artículo de opinión publicado en este periódico que su fortalecimiento «no supone una amenaza a la autonomía universitaria, sino una oportunidad para extender la democracia y garantizar la participación social en las universidades públicas».

«Estos órganos no interfieren en los contenidos académicos, la libertad de cátedra ni las líneas de investigación, sino que velan por conectar la universidad con su entorno, optimizar los recursos públicos y alinear la oferta formativa con las necesidades sociales y productivas», aclaran.

Del mismo modo, recuerdan que la autonomía universitaria está «protegida por la Constitución Española», pero «no es absoluta», ya que se contempla la participación social «como un mecanismo legítimo de corresponsabilidad democrática».

Por su parte, Serra detalla que las universidades públicas canarias presentaron una serie de alegaciones respecto al texto y que algunas fueron atendidas y otras no. «La ley sigue su curso, pero es evidente que va a dar que hablar en el futuro, porque supone un antes y un después», apostilla.

El rector de la ULPGC enfatiza que la relación de la institución académica con su Consejo Social ha sido «impecable», independientemente de quién lo presidiera. Muestra de esa buena relación es el aumento del presupuesto del Consejo Social en «más de un 40%» durante su mandato.

«No solo no era necesaria esa ley en los términos en los que se ha tramitado, sino que no había ningún motivo porque el diálogo y la relación siempre ha sido exquisita, y no dejará de serlo», incidió.

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