La ley canaria de consejos sociales avanza: «No invade la autonomía de las universidades»
La comisión parlamentaria vota a favor y la aprobación de la norma pasa al pleno. Resaltan el papel del órgano como voz de la sociedad
La proposición de ley de modificación de la Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias avanza. La comisión parlamentaria votó este viernes a favor —no de forma unánime— para que el texto se eleve al pleno, siendo el próximo paso su aprobación definitiva. Una situación que puede darse la próxima semana, según estiman fuentes institucionales.
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La ley, que persigue el refuerzo de estos órganos y de su función como puente entre la sociedad y las universidades, no ha estado exenta de polémica, con críticas desde los equipos de gobierno de las universidades al considerar que merma su autonomía. «No es cierto, la autonomía está garantizada en esta ley, pero autonomía no es aislamiento ni poner excusas para cerrar las puertas a la participación ciudadana ni al control de los recursos públicos», manifestó ayer Vidina Espino, diputada por el Grupo Nacionalista Canario (CCa).
Los consejos sociales son órganos «representativos de la sociedad» en las universidades. Se encargan de supervisar y controlar el rendimiento de sus servicios, así como sus actividades económicas y académicas, de acuerdo con la propia definición de la Conferencia de Consejos Sociales.
La ley orgánica estatal del sistema universitario (LOSU), que comenzó a rodar en 2023, plantea la necesidad de adaptar los consejos sociales y de ahí surge la modificación de la norma canaria. Tanto el Grupo Socialista Canario (PSOE), como Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y Vox presentaron enmiendas que fueron rechazadas hoy en la comisión, pero que defenderán en el pleno durante la votación final.
Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)y de La Laguna (ULL), Lluís Serra y Francisco García, alertaron recientemente en un artículo de opinión de que esta modificación de la ley puede entrañar «la tentación de menoscabar la autonomía y la independencia» de las universidades públicas canarias. Una condición fundamental para «decidir con independencia» o «investigar sin censura».
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No obstante, la diputada Vidina Espino enfatizó que tanto el rectorado como el Consejo de Gobierno mantendrán el gobierno académico, científico y pedagógico de las universidades, mientras que los consejos sociales actuarán «exclusivamente en sus competencias, según la Ley Orgánica del Estado: planificación, supervisión económica y relación con el entorno».
«Los consejos sociales velan por una buena gestión del dinero público, garantizan la transparencia y que la universidad esté conectada con los grandes retos sociales, económicos y territoriales de Canarias», matizó. Este último punto fue uno de los más celebrados por el conjunto de los grupos parlamentarios.
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Luis Campos, portavoz de NC-BC, puso en valor que Canarias es pionera en la adaptación de los consejos sociales a la LOSU. Para la socialista Yaiza López el texto «va a generar problemas complejos» y destacó algunas de las enmiendas vivas de su grupo, como es que los consejos sociales no suscriban convenios, sino que los promuevan, «entro otros muchos ejemplos».
Nicasio Galván, de Vox, pidió «no comulgar con las ruedas del molino del lenguaje inclusivo» y lamentó que se «limite» la representación de las universidades privadas en el Consejo Universitario de Canarias, mientras que Raúl Acosta y Melodie Mendoza, del Grupo Mixto y ASG, aplaudieron los esfuerzos y trabajo de la comisión dando voz a los diferentes actores implicados.
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